Los hermanos Joan (d) y Josep Font (i), los propietarios al 50% del grupo Bon Preu que están enfrentados en los tribunales / CG

Los hermanos Joan (d) y Josep Font (i), los propietarios al 50% del grupo Bon Preu que están enfrentados en los tribunales / CG

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Los dueños de Bon Preu dialogan para evitar la escisión del grupo comercial

El deshielo de las relaciones entre los hermanos tiene lugar mientras el equipo legal de Josep Font apelará contra su hermano 'indepe' ante el Supremo

10 julio, 2019 00:00

La resolución de la Audiencia de Barcelona que abría la puerta a la segregación del grupo Bon Preu ha forzado a los hermanos Font a iniciar el diálogo para evitar la ruptura. No hay peor acicate para el pacto que el miedo. Son el exvicepresidente del grupo Josep Font y sus representantes legales los más interesados en encauzar las relaciones y buscar una salida pactada con el hermano independentista que sortee la división de los activos de un grupo de distribución comercial que factura más de 1.000 millones de euros, tal y como señalan los implicados.

No sería la primera ocasión en que se han intentado gestos para superar la batalla en los tribunales. El número dos de la cadena de supermercados catalana sorprendió a principios de enero al dar un paso atrás y ceder el cargo y todas sus responsabilidades en la compañía a uno de sus dos hijos, Abel Font. El relevo implicaba que desde ese momento el presidente de Bon Preu, Joan Font (uno de los nuevos empresarios independentistas de la Cámara de Comercio de Barcelona), tuviera como principal interlocutor en la empresa a su sobrino. Se superaron de este modo viejas rencillas entre hermanos, al modo Caín y Abel, que se arrastraban en la larga relación fraternal.  

Deshielo de las relaciones

Aquel fue el inicio del deshielo de las relaciones entre las dos familias que están enfrentadas desde 2015. Se consiguió encauzar un poco el diálogo, pero sin llegar al escenario deseado. Desde el entorno de Josep Font, que está asesorado por el bufete Fornesa Ceca Magan, se apunta que el presidente no fue lo suficiente “empático ni generoso” para alcanzar el acuerdo deseado.

Pero la resolución de la Audiencia de Barcelona ha marcado un antes y un después. Da alas a la estrategia que ha perseguido Joan Font, que cuenta con el equipo de Rousaud Costas Duran, pero se ha aprobado con un voto particular que es contundente frente a los argumentos de sus compañeros de sala. Sus rivales en el proceso judicial se agarran al pronunciamiento del magistrado José María Ribelles Arellano (que comparte sección con los jueces Juan Francisco Garnica Martín y Luis Rodríguez Vega) para remarcar que la opinión de los tribunales no es granítica y que puede cambiar de sentido.

Recurso ante el Tribunal Supremo

El estado actual de las conversaciones no llega al extremo de que se dé por superada la batalla en los tribunales. Los representantes legales de Josep Font presentarán en los próximos días un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo. Sus portavoces aseguran que no pueden dar por firme la sentencia de la Audiencia de Barcelona porque deja en el aire el futuro de Bon Preu como grupo.

Reiteran que la división en lotes supone una destrucción del valor de la empresa que afecta a los dos propietarios, que se reparten las acciones de la cadena de supermercados al 50%, además de los efectos fiscales que se generarían con una operación de este calado. También manifiestan que sería muy complicado abordar la separación de cuestiones como los centros logísticos o incluso la propia marca de la compañía, Bon Preu-Esclat.

Más generosidad de las partes

Por todo ello, se apela a la generosidad de ambas partes para superar la pugna en los tribunales y encauzar el futuro de una empresa familiar que debe encauzar cómo se incorpora la tercera generación a la compañía. Por el momento, tanto Abel Font como su prima, que se dedica al desarrollo del supermercado on line, ya están en activos en el grupo.

Si fracasa de nuevo el diálogo, será el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra. El conflicto se enquistaría como mínimo cinco años más con todas sus derivadas, como la falta de ratificación de las cuentas de Bon Preu que se mantiene desde hace cuatro años. Sólo el alto nivel de facturación mantendría a flote la cadena de distribución.