Las otras ‘fake news’ de la OCU: los servicios funerarios

Son las otras fake news de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). La mayor entidad --privada-- de defensa del consumidor en España publica estudios regulares sobre los servicios funerarios que carecen de rigor. La entidad que representa Ileana Izverniceanu asegura que sus catas de mercado se basan en encuestas propias y encargadas. En ningún caso publica el método para realizarlas.

Preguntada por la cuestión, la portavocía de prensa de la OCU no ha respondido a los requerimientos informativos de este medio. Sí lo han hecho fuentes del sector. "El caso del patinazo de la denuncia de la OCU sobre las cremas solares de Isdin --la entidad pidió retirarlas y el Ministerio de Sanidad avaló su uso-- no es único. Esta organización privada no contrasta con nadie del sector sus estudios. Se echa al monte y hace sondeos y encuestas a gente que nadie conoce, o envía a su gente a los tanatorios", han explicado las voces. Pese a la evidente opacidad en los análisis, la entidad privada se atreve a establecer comparativas de precios [lo hizo en 2013], a avisar de que "las funerarias no funcionan" [en 2017] o a corregir su afirmación un año después y asegurar que "las funerarias, bien", pero "los seguros de deceso no funcionan" [en 2018].

"Evidente falta de rigor"

Ante el silencio de la OCU sobre la metodología de sus estudios, los expertos sí hablan. Directivos del sector preguntados por este medio han apuntado a graves deficiencias en los informes de la entidad privada, que en 2013 avisó de que el precio de un entierro en Barcelona alcanzaba los 6.441 euros de media. Dicha cifra se aleja sobremanera de otra investigación [consultar aquí] firmada por dos profesores del departamento de Economía de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), que rebajó el precio medio a 3.190 euros. No obstante, el Ayuntamiento de Barcelona siguió dando por bueno el primer guarismo para impulsar un proyecto de funeraria municipal que la oposición rechazó en hasta cuatro ocasiones el pasado mandato.

"La OCU establece comparativas, pero no tiene en cuenta muchas cosas. Una, los costes. No es lo mismo enterrar en un pueblo de Castilla que en Barcelona o Madrid. Dos, las tasas de los cementerios y municipales, que llegan al 49% del coste del sepelio. Y tres, el IVA, entre otros impuestos", han explicado. "Tampoco consultan con los operadores ni con Panasef, la patronal nacional. Prefieren recabar datos propios, lo que compromete sus estudios como fuente de autoridad", han agregado. En el mismo sentido, desde el sector se recuerda que la organización privada "compara siempre precios, no la calidad del servicio".

"La OCU tiene intereses"

Otras voces del sector funerario dan credibilidad parcial al primer estudio de 2013 de la OCU, aunque con matices. "Es cierto que en 2013, cuando listaron los precios de los servicios funerarios, se plantaron en varios tanatorios de España. Lo que no se sabe es en cuántos de ellos. Es una fuente de información más, pero hay que tomar distancia, como en todo. La OCU no es pública, es privada, y como tal tiene intereses detrás. Al fin y al cabo debe sobrevivir económicamente y financiarse, y para ello necesita apoyos. El problema es la información que recibe el consumidor final", alertan.

Este es de hecho el quid de la cuestión. "Medios de comunicación y administraciones se hacen eco de las investigaciones de la OCU, que ya salen cada día de Todos los Santos en España. Lo hacen con buena voluntad, aunque acríticamente. Se debería tener en cuenta el hecho de que hay más fuentes de información. Sobre todo si se van a desarrollar políticas públicas con base en estos análisis de mercado, que son sesgados", han avisado otras fuentes. Esto es precisamente lo que hizo el Ayuntamiento de Barcelona. Dio por bueno el precio de 6.441 euros que proporcionó la OCU en 2013 para vender el proyecto de funeraria municipal. Lo repitió en varias ocasiones en 2016. No lo rebajó hasta 2017, cuando otro informe de parte lo subió a 7.149 euros de media. Panasef, la patronal del sector, rebaja esa cifra a una cantidad que oscila entre los 3.000 euros y los 6.000 euros.