El calvario de echar a un inquiokupa con la ley de vivienda: la posibilidad de desahucio se estrella contra el mediador

"Antes de presentar una demanda, se debía seguir un procedimiento de conciliación o intermediación, pero no estaba definido qué órgano debía encargarse ni cómo sería el trámite", explica Arantxa Goenaga, abogada experta en derecho inmobiliario y socia de Círculo Legal. Señala que, tras la aprobación de la ley de vivienda, la Generalitat de Catalunya publicó a finales de noviembre el formulario en internet y designó el organismo correspondiente.

Retrasos en la aplicación

Sin embargo, la designación llegó con retraso, y quedaba sin asignar el mismo trámite en la ciudad de Barcelona, que tiene competencias propias. La falta de previsión en la creación oportuna de los organismos necesarios ha dejado a los propietarios, especialmente grandes tenedores pero no exclusivamente, en una situación vulnerable, incapaces de llevar a cabo demandas judiciales.

"En este momento, lo primero que pregunta el juez es si has realizado la comunicación previa al arrendatario ocupante para saber si es su vivienda habitual o no", aclara Pablo de Palacio, abogado y criminólogo. La ausencia de respuestas a esta comunicación obliga a dirigirse al organismo que la ley atribuye como autónoma, pero, en muchos casos, aún no está creado.

Inadmisión de demandas

Esta carencia de estructura provoca la inadmisión de demandas y crea un limbo legal, situación que ha llevado a la presentación de conferencias por parte del Colegio de Abogados de Barcelona para analizar la problemática. La ambigüedad en la ley respecto a la definición de gran tenedor complica aún más la situación.

"Se requiere un certificado de registro de propiedad para demostrar esta condición", señala Goenaga. Pero el proceso suele ser lento y propenso a imprecisiones -se incluyen los locales comerciales o propiedades en que se es solamente copropietario-, y la incertidumbre se agrava al no contar con organismos operativos desde el inicio de la entrada en vigor de la ley, generando una parálisis en su aplicación efectiva.

¿Qué dicen los jueces?

Según los juristas, la indefinición de la normativa y la falta de organismos operativos han propiciado que los propietarios enfrenten obstáculos en sus intentos de desalojo, generando un efecto contrario al deseado en el mercado de viviendas. En este contexto, propietarios y abogados buscan alternativas como el envío de burofax con acuse de recibo.

Durante la no existencia del organismo autonómico competente, algunos han optado por notificar a la Agencia de Vivienda de Cataluña. "Hay jueces que lo han admitido, pero otros más afines a la ley progresista lo tiran para atrás; dicen que si administrativamente no se ha creado, no es responsabilidad de ellos", lamenta De Palacio.

Parálisis legal

El letrado denuncia que esto genera una indefensión absoluta" en el propietario, a lo que hay que añadir la indefinición en torno a la figura del gran tenedor y la falta de claridad en las condiciones para presentar demandas judiciales. Circunstancias que han llevado a un estancamiento en el proceso legal.

En conclusión, el desalojo de inquiokupas, un proceso que ya de por sí tomaba de año y medio a dos años, se ha convertido en un desafío legal todavía más complejo, donde la falta de estructuras definidas y la ambigüedad en la normativa generan una creciente incertidumbre para propietarios y abogados. La lenta adaptación de los organismos y la falta de coordinación entre las autoridades competentes han dejado a muchos en un estado de parálisis legal, destacando la necesidad urgente de medidas claras y efectivas para abordar esta problemática en constante evolución.