Los inquiokupas se duplican en ocho meses en Cataluña

Desde el sector inmobiliario y de la seguridad antiokupas se apunta que, aunque los datos oficiales reflejen un descenso en el número de okupaciones, esto sólo se debe a la impotencia que sienten los propietarios, que cada vez denuncian menos y recurren a otras opciones al margen de la justicia. Hablan de "cerca del doble" de casos en comparación con hace menos de un año.

Okupas ricos y con piscina

"En los últimos ocho meses notamos un cambio. Hay muchos impagos de alquileres, la inquiokupación ha crecido de manera brutal", indica un empresario especializado en desokupaciones. Los motivos son varios: algunos inquilinos lo hacen por "necesidad", pero otros "se quieren aprovechar de la inestabilidad política".

En el caso de los oportunistas, se trata de "gente que vive de esto, que van de una vivienda a otra con documentación falsa y pasan los filtros de los seguros" de alquiler, ya que no son vulnerables económicamente. De hecho, "hay quien cobra sueldazos y entra en impago" en "viviendas de lujo con piscina".

Perjudica a los que sí pagan

Estos inquiokupas que se aprovechan de los agujeros legales del sistema son conocedores de que "depende de en qué zona, los juzgados están colapsados". Una circunstancia que explotan a su favor, ya que están "viviendo de gorrilla hasta 16 meses". "Se ha convertido en un negocio", señala el mismo interlocutor.

En el sector del ladrillo, preocupa que la inacción institucional contra los okupas atemorice a los propietarios y agrave aún más la falta de vivienda, ya que muchos caseros no se atreven a poner sus pisos en alquiler. Según la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias, la dificultad para poder echar de casa a un inquilino moroso o un okupa es uno de los motivos que provoca que no haya más oferta y los precios sigan subiendo.

Un año y medio para desahuciar

Cuando una vivienda es okupada, el dueño tarda una media de año y medio en recuperar su propiedad, según datos del Consejo General del Poder Judicial. A ello hay que añadir las protecciones legales adicionales en caso de que los inquiokupas sean una familia vulnerable: en este caso, los lanzamientos están suspendidos hasta mayo de 2024.

De hecho, la okupación de un piso puede reducir su valor hasta la mitad y existen empresas y fondos que adquieren este tipo de fincas aprovechando su descuento y asumiendo el riesgo para posteriormente tratar de echar a los inquilinos indeseados, a menudo a través de un acuerdo económico.

En cualquier caso, los propietarios de vivienda sienten inseguridad jurídica y la incertidumbre ha crecido con la llegada de la ley de vivienda, cuyo futuro tampoco está nada claro: la norma se encuentra recurrida (y admitida a trámite) en el Tribunal Constitucional.