Denuncias a los dueños, miedo y desahucios al margen de la ley: la impunidad de los okupas

Toni Miranda, presidente de la Organización Nacional de Afectados por la Okupación (ONAO), denuncia que se han creado mitos en torno al no funcionamiento de la justicia, que benefician a los okupas y a las empresas de desokupación. "Es una idea interesada que se ha ido creando en parte debido a los retrasos reales durante la pandemia de Covid y a las leyes que ha hecho el Gobierno para impedir el normal funcionamiento. Ha creado una imagen de que la justicia es lenta y está bloqueada, pero en realidad, sigue funcionando. Estamos consiguiendo desahucios en un tiempo normal, de entre seis meses y un año", afirma.

Sin dinero para pleitear

Miranda asegura que hay mucha desinformación interesada, lo cual ha convertido el desokupar en un mercado: "Hay que judicializar la okupación. Las empresas de desokupación son una gran estafa y al Gobierno ya le va bien que haya matones por ahí. Los afectados que contratan a estas empresas se han encontrado con querellas, quedando fuera de la ley. Algunas empresas han estafado, quedándose con el dinero, mientras que otras judicializan, cobrando miles de euros, casos que costarían de tres a cinco veces menos. Están encantados de realojar y ganar un cliente, utilizando la coacción", explica.

Uno de los okupas de la Bonanova ondea una bandera negra sobre la azotea de El Kubo GALA ESPÍN - CG

El presidente de la ONAO también desmiente que todos los afectados por la okupación sean grandes tenedores. "Mucha gente piensa que todos los afectados son grandes tenedores, pero nosotros no tenemos ni una sola empresa, somos particulares. Es un mito creado, no todos son fondos y bancos. Mucha gente no tiene dinero para pleitear, y lo único que hacen las Administraciones de todos los colores es no ayudar al afectado. Se dedican a crear departamentos y a repartirse el dinero, no están ni con la sociedad civil ni con los afectados", sentencia. Y lamenta que "muchos necesitan asistencia para judicializar el caso, pero no pueden pagarlo. Las empresas de desokupación están haciendo su agosto, igual que aquellos que ponen puertas o que se dedican a desokupar".

"Denunciados por los propios okupas"

Daniel Avilés, director de Seguro Contra Okupas, una empresa que ofrece cobertura legal y asistencia jurídica a los propietarios, reconoce que muchas de las desokupaciones que realizan las empresas pasan inadvertidas para los tribunales. "¿Cuántas denuncias no se acaban presentando? ¿40%? ¿60%? ¿50%? Es incalculable, porque muchas de las desokupaciones que realizan las empresas no están denunciadas", indica. "Cuando ocurre esto, la gente llama a la policía y contacta directamente con la empresa de desokupación antes de llevarlo judicialmente. Como la vía extrajudicial es más rápida, esa denuncia nunca se lleva a cabo. Cuando se actúa rápidamente, la vía judicial resulta innecesaria", señala.

Avilés también advierte de que algunos propietarios están acosados judicialmente por los propios intrusos por intentar un desalojo dudoso al margen de la legalidad. "Un dato interesante es preguntarse cuántos propietarios están denunciados por los propios okupas. ¿Cuántos propietarios nos llegan diciendo que los han denunciado? Han intentado por su cuenta una mala práctica al borde o pasando la ley y, al final, el okupa es quien presenta la denuncia", señala.

El caso de Gala

Gala, la propietaria rusa que sufrió una okupación por parte de una familia ucraniana en su vivienda de Sant Adrià de Besòs, comparte su experiencia: "Cuando estaba buscando soluciones, todos mis conocidos me decían que la justicia era muy lenta, pero hay pocas alternativas. En mi caso, la justicia tardó dos años y 9 meses. Unos conocidos negociaron con los okupas. Primero me pedían 2.000 euros para irse, luego 6.000 euros pero querían buscar primero otro piso. Yo les dije que si les pagaba era para que se fueran inmediatamente. Luego contraté a una agencia, que les ofrecieron opciones, buscar otro piso", relata.

El desahucio de un piso ruso okupado por ucranias en Sant Adrià de Besòs / VR - CG

Tanto las gestiones de la agencia como del abogado, que llevó la causa por la vía penal, fueron infructuosas. Tras un año sin ningún avance en la causa, la dueña decidió probar con un segundo abogado, que encauzó el conflicto por lo civil hasta recuperar el inmueble. Miranda considera que "con los abogados ocurre igual que con los médicos: existen especialidades en el tema de okupación que requieren una dedicación específica. Si acudes a un abogado equivocado, es probable que termines dando un rodeo y te costará más dinero", advierte.

Los inquiokupas impagaron 30.000 euros

Gala también dice haber sufrido amenazas de los activistas provivienda, que según mensajes que aporta la propietaria afectada, la querían denunciar por no tener regularizada, decían, la fianza del alquiler ante la Generalitat o por no tener licencia de piso turístico. "Los okupas querían denunciarme quejándose que no pagaba la luz, el agua... Ellos pincharon el agua, la luz y el gas y tenían de todo en casa, tenían estos servicios gratis además de la vivienda. Que yo, siendo madre soltera, no pagase sus consumos, no sé si hubiera tenido algún recorrido", subraya.

El desahucio de un piso ruso okupado por ucranias en Sant Adrià de Besòs / VR - CG

La propietaria recibió mensajes sobre la intención de los okupas de denunciarla, pero ella asegura que no tenían motivo. "Está claro que querían pedirme dinero. La hija de los okupas en vídeos en las redes sociales y en entrevistas decía que la dueña era rusa y ellas ucranianas y que esto era su pequeña guerra entre Rusia y Ucrania. Yo podría denunciar por mentiras y por odio por etnia, pero no voy a denunciarlo. Lo que sí denuncié son los daños en el piso", recuerda, ya que los inquilinos morosos hicieron destrozos y se llevaron hasta las cortinas. "Supongo que habrá juicio, hace un año que denuncié, no sé si hay movimiento pero yo no he recibido ninguna noticia", concluye. Calcula los daños en el inmueble en 10.000 euros, que se añaden a la deuda de 20.000 euros por el impago del alquiler.