El movimiento de Moncloa en Telefónica obliga a cualquier inversor a lanzar una opa para controlar el grupo

La medida que adoptará el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, articulada a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), llevará a la cartera pública el 10% de Telefónica. Una participación, en principio, demasiado reducida para otorgar control alguno sobre una cotizada, de no ser por una serie de factores a tener en cuenta. 

Caixabank y BBVA

En especial, que Telefónica cuenta desde hace mucho con núcleo estable de accionistas de capital español conformado por el entorno de La Caixa (Caixabank más Criteria Caixa) y el BBVA. Entre ambos aglutinan cerca de un 12% de la operadora que, en condiciones normales, se alinearán con los intereses defendidos por el Gobierno.

"La participación de SEPI permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos", rezaba la comunicación remitida el martes por el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para dar cuenta de la decisión adoptada horas antes en Moncloa.

Suma de apoyos

Una declaración de intenciones que la lógica indica que se hará realidad aunque ninguno de los socios españoles de referencia de Telefónica fueron informados ni consultados al respecto. La suma de otros accionistas institucionales de capital español, con menor peso individual en la operadora, acerca de forma significativa al bloque al umbral del 30% que la normativa del mercado de valores establece como límite para el lanzamiento obligatorio de una opa sobre la totalidad en caso de pretender superarlo.

Fuentes conocedoras de la situación indican a Crónica Global que incluso en el caso de que la suma fuera insuficiente, el Gobierno no dudaría en contar con el apoyo de algún inversor afín para afianzar ese bloque, al estilo del fondo Amber en el caso de Indra.

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica GALA ESPÍN

Ahuyenta a inversores internacionales

Una circunstancia ésta que también estuvo precedida por la compra de acciones por parte de la SEPI. En este caso, para elevar la participación que ya tenía del 18% al 28%.

Además de tratarse de un movimiento para tomar el control de Telefónica, la firmeza del Ejecutivo a la hora de afrontar esta situación también supone alejar posibles intereses de inversores internacionales que pudieran aterrizar en la compañía al modo de cómo lo ha hecho la teleco pública saudí: por sorpresa y sin apenas comunicación previa.

Reverso tenebroso 

La reducida cotización de la empresa revaloriza el atractivo del valor y supone un incentivo para tomar posiciones de control que el Gobierno quiere evitar a toda costa. 

Exterior de la sede de Telefónica Europa Press

Una estrategia que, a ojos de los expertos, cuenta con un reverso tenebroso, debido a que la presencia del Estado en el capital y como primer accionista reduce de tal forma el atractivo del valor que acaba por repercutir en la cotización.

Infrecuente entrada, improbable salida

La SEPI ha asegurado tener vocación de permanencia en el capital de Telefónica pero en el mercado emplean otro término: perpetuidad. "Es muy poco habitual un movimiento de este tipo pero, una vez se produce, lo es aún más ver a un Estado salir del capital de una compañía. Y menos aún con el carácter estratégico de Telefónica", apuntan desde un banco de inversión internacional. 

"Pasado el tiempo, resulta difícil encontrar un momento adecuado para salir; lo estamos viendo con el caso de Bankia, que ahora es el de Caixabank debido a la fusión. Al Estado le quedan décadas de permanencia en Telefónica".