El Govern se niega a pagar la deuda contraída con Renfe: recurrirá la sentencia del TSJC
- La 'consellera' de Territorio asegura que es el Estado "el principal incumplidor"
- Por su parte, el 'president', Pere Aragonès, anuncia un pleno monográfico sobre la red ferroviaria
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La Generalitat de Cataluña se niega a pagar la deuda contraída con Renfe entre 2016 y 2019 al entender que es el Estado "el principal incumplidor". De este modo, el Govern presentará un recurso a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le obliga a abonar al operador ferroviario 81 millones de euros pendientes. En paralelo, el president, Pere Aragonès, ha anunciado un pleno monográfico sobre el servicio que presta la compañía en la comunidad autónoma.
La sentencia del TSJC se refiere en concreto a unos servicios que, de un día para otro, la Generalitat dejó de abonar a Renfe; en concreto, las partidas anuales correspondientes a la ampliación de servicios de Rodalies (Camp de Tarragona, RG-1 y la prolongación de trenes de Mataró hasta Arenys de Mar) incorporados tras el traspaso de titularidad pactado en 2010.
"No funcionan"
Sin embargo, la consellera de Territorio, Ester Capella, ha defendido en SER que la Generalitat dejase de pagar a Renfe en un determinado momento, "porque el Estado se hace cargo de estas ampliaciones de servicio en otros lugares y en Cataluña no solo no se hace cargo, sino que los servicios de los que se tienen que hacer cargo Renfe, Adif y el ministerio tampoco funcionan".
La consellera también ha acusado al Estado de ser el principal "incumplidor" porque, afirma, la ejecución del presupuesto en in infraestructuras en Cataluña no supera el 19%.
Renfe se defiende
En este escenario de acoso y derribo del Govern a Renfe por el traspaso del servicio, que el Ejecutivo autonómico no deja de criticar, el operador ha pasado al ataque con datos más contextualizados de los que presentan la Generalitat y los medios públicos catalanes. En este sentido, Renfe asegura que el 92,5% de los usuarios de Rodalies utiliza el tren con absoluta normalidad, una cifra que extrae de los datos proporcionados por el propio Govern.
Además, "se están ejecutando importantes obras en todo el ámbito" de Cercanías en Cataluña, otra de las eternas quejas del independentismo. Pero esta no es la primera vez que Renfe responde a la demagogia de los dirigentes secesionistas. Meses atrás ya puso a Gabriel Rufián ante el espejo al recordarle que la puntualidad del servicio roza el 100%, pues los 350.000 minutos de retraso anual que denunciaba el diputado republicano solo representan el 0,013% del total.
"Traspaso integral" del servicio
Aun así, Aragonès ha anunciado que registrará en el Parlament una petición de convocatoria de debate monográfico sobre la situación de Rodalies, en un movimiento que se entiende como una nueva forma de presión para el "traspaso integral" del servicio. Tampoco es casualidad que presente esta iniciativa en plenos contactos con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.
"Tenemos un problema con Rodalies desde hace mucho tiempo", ha sostenido Aragonès, en la sesión de control al president, en respuesta a la intervención del presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, que ha señalado el traspaso de Rodalies como condición para la investidura de Sánchez. El presidente asegura que los problemas de Rodalies afectan a diario a "centenares de miles de personas".
"Horas perdidas"
La intención de Aragonès con el pleno monográfico es destacar que "los agravios relacionados con el servicio de Rodalies y Regionales son intolerables", pero también señalar "los años de incumplimientos y desinversión por parte del Gobierno del Estado y la acumulación de incidencias registradas y de consecuencias negativas diarias" para los usuarios que utilizan el servicio diariamente.
Según el Ejecutivo catalán, las incidencias graves en el servicio de Rodalies han aumentado un 60% en los últimos 10 años, así como la "deficiencia en la comunicación de las incidencias" por parte de Renfe. El presidente destacará especialmente las "horas perdidas y los perjuicios que causan a los usuarios y a la actividad económica, la falta de fiabilidad y de puntualidad del servicio".