Cellnex, Indra, Prisa… las compañías pendientes del futuro del ‘escudo antiopas’

En la propia empresa cotizada del segmento de telecomunicaciones se han dado antes los casos de The Children’s Investment Fund (TCI) o GIC, el fondo soberano de Singapur, que también han incrementado progresivamente sus participaciones hasta superar ampliamente el 9%, pero que no han pasado de este punto.

En plena pandemia

Los ejemplos se extienden a otros casos como los de Indra y Prisa. Todos ellos relacionados con el llamado 'escudo antiopas', una de las primeras medidas en materia económica adoptada por el Gobierno nada más declararse el primer estado de alarma por la pandemia, a mediados de marzo de 2020, con la pretensión de evitar que el desplome de las cotizaciones que se produjo en aquellas semanas provocara el desembarco masivo de compradores a precios de saldo.

La medida de carácter proteccionista establece que el Gobierno deberá autorizar cualquier operación de un inversor extranjero que suponga tomar una participación superior al 10% en una empresa relevante dentro de un amplio grupo de sectores considerados como estratégicos, que van desde los energéticos a los financieros, pasando por telecos, medios de comunicación y servicios esenciales.

El caso IFM-Naturgy

De carácter temporal, el Consejo de Ministros acordó extenderla hasta finales de 2024, incluso cuando la crisis provocada por el Covid-19 ya había sido ampliamente superada y las empresas cotizadas habían recuperado (y superado, en muchos casos) los precios anteriores a la irrupción del coronavirus.

Lo cierto es que el único caso relevante en el que Moncloa ha tenido que actuar ha sido el de la opa parcial de IFM sobre Naturgy, que obligó al fondo australiano a solicitar la consiguiente autorización gubernamental.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera

Tras no pocas discrepancias en el Consejo de Ministros, el inversor obtuvo el visto bueno, aunque no exento de condiciones que implicaban la asunción de la estrategia de la compañía y el compromiso con el empleo, además del de no promover decisiones como la venta de activos estratégicos, el cambio de sede social a otro país y la exclusión de bolsa.

Se puede hablar además de una segunda actuación aunque, en este caso, de forma pasiva. Fue el caso de Prisa, cuando Vivendi, cuya participación rozaba el 10%, solicitó formalmente permiso para llegar hasta el límite del 30%, a partir del que la normativa del mercado de valores exige el lanzamiento de una opa por el 100% del capital.

Actitud pasiva

En este caso, el Gobierno no tuvo que tomar una decisión, al menos de forma pública. La demora en dar una respuesta hizo al grupo editorial francés desistir de la solicitud.

Experiencias diferentes pero que, en cualquier caso, dejan a las claras que sobrepasar el umbral del 10% en este tipo de empresas resulta una tarea ardua y costosa para el inversor internacional. Tanto es así que la mayoría ni siquiera llevan a cabo la tentativa.

Un efecto disuasorio que, en el fondo, también formaba parte del propósito del Ejecutivo cuando implantó la medida y posteriormente la prorrogó.

En el caso antes mencionado de Cellnex, GIC, cuya progresión en el capital se debió a que suscribió en su totalidad las voluminosas ampliaciones que la empresa realizó para financiar las compras de activos, optó por detener el avance pese a que quedaba fuera de toda duda su apuesta e implicación con la compañía.

Amber e Indra

El fondo desistió de solicitar el permiso dadas las elevadas posibilidades de que el proceso se demorara en exceso y, además, terminara con una negativa.

En Indra, en la que participa el propio Estado como primer accionista, el fondo Amber tiene permiso gubernamental para llegar al límite del 10%; a partir de entonces, será otra historia.

Expectación de los inversores

De este modo, los inversores permanecen expectantes ante la posibilidad de que las próximas elecciones generales, previstas para final de año pero adelantadas al 23 de julio, desemboquen en un eventual cambio de Gobierno y, como consecuencia de ello, en cambios en este escenario.

Al no tratarse de un asunto de primer orden, la postura sobre este asunto del Partido Popular como principal alternativa a tomar el relevo en Moncloa es desconocida. Pero sí está generando dudas entre los inversores, en cuyas decisiones de futuro influye de forma determinante. Las consultas se están multiplicando en las últimas semanas, lo que revela el interés del mercado por el futuro de esta medida.