Las aseguradoras huyen de la sanidad catalana

Pocos en el sector asegurador quieren a la sanidad catalana. La consejería de Josep Maria Argimon (JxCat) afrontará en breve un problema de calado que ya comienza a lastrar su actividad: el rechazo de las aseguradoras. Las grandes compañías de seguros, la primera de ellas Axa, rehuyen el departamento tras la siniestralidad derivada del Covid-19, que ha aumentado los sucesos totales y el consiguiente incremento de los costes de defensa. 

Es lo que explican fuentes del sector, que indican la tendencia creciente del mercado a rehuir la macroconsejería de Argimon por falta de rentabilidad. "No les sale a cuenta", relatan, y citan varios precedentes. El más inmediato es la fuga de Axa, que no renovará como coasegurador, pero también la de Zurich, que se retiró del concurso de seguro de responsabilidad civil que licitan el Colegio de Médicos de Barcelona (COMB) y el Servicio Catalán de Salud (CatSalut) en 2017, como explicó este medio. 

'Procés' y Covid-19

El segundo factor es lo que ocurrió después, el desafío independentista en Cataluña de otoño de 2017. El órdago secesionista no solo expulsó a las grandes aseguradoras de la región, pues trasladaron su sede a otras autonomías Vidacaixa, la propia Axa, Sabadell Vida y Catalana Occidente, sino que encareció las primas para la Generalitat de Cataluña. "En los departamentos de riesgo entró un nuevo factor: la apuesta independentista. Hubo renegociaciones y renuncias a trabajar con la Administración autonómica", explican las mismas voces. 

Por si el contexto de mercado era complicado, llegó un tercer elemento. "Como en muchas industrias, el Covid-19 no cambió nada en exceso: aceleró tendencias que ya venían dándose", indican. Es lo que ha pasado con los seguros para administraciones sanitarias. Pocos dudan de la solvencia de las instituciones, aclaran directivos del sector, pero sí se tiene claro que son terrenos con mucha siniestralidad. "Y creciente, por el envejecimiento de la población", agregan. 

Axa planta al CatSalut

La gran fuga de seguros, plasmada ahora en el plantón de Axa, ya la notó Salud en 2017, cuando asignó el contrato --que intermedia el COMB-- de cobertura de los 40.000 médicos catalanes a la francesa Sham, según informó Crónica Global. Antes, Zurich había huido del negocio y el grupo galo se quedó con la adjudicación. El contrato con el conglomerado es a seis años, cuatro de partida más dos renovables. En estos momentos, COMB y CatSalut valoran "positivamente" el desempeño de la firma, informó el colegio a este medio en verano. 

El informe del CatSalut que da cuenta de la 'fuga' de Axa / CG

Lo cierto es que el contrato con Sham terminará en 2023, y el ente colegial y el organismo adscrito a Salud deberán renegociar o buscar a un nuevo proveedor. Ello se antoja complicado, habida cuenta de que la consejería de Argimon ya ha tenido dificultades para retener a Axa como asegurador de su propia plantilla, como atestigua la licitación SCS-2021-605 [consultar aquí]. En el informe de licitación, Confide, correduría contratada para intermediar, ya da cuenta de la "situación volátil y muy compleja".

"Pleitean por todo"

Este medio ha preguntado a Sham si continuará como aseguradora del CatSalut y los médicos catalanes, sin obtener respuesta. Ni el Colegio de Médicos ni el ente que dirige Gemma Craywinckel han querido tampoco aclarar si se está preparando la nueva licitación. Lo factual es que un primer esfuerzo asegurador, el interno para la plantilla del Servei, ha visto como huía una empresa (Axa) y bajaba el límite de indemnización de 20 millones a cinco, según atestigua el informe de Confide, que no ha querido ampliarlo a preguntas de este medio. 

Quien sí ha querido hablar es José Aznar, de Verdún Legal, uno de los bufetes con más trayectoria en las reclamaciones por negligencias médicas. El letrado ha criticado la inclinación de los entes sanitarios públicos a "pleitear hasta el final" en lugar de negociar o conciliar, algo que hacen por medio de Sham. Aznar confirma que la siniestralidad va al alza, por lo que el coste de asegurar a los facultativos que trabajan para el sistema público también aumenta.