Patrimonio y Sucesiones, las armas de Ayuso para la batalla fiscal contra Sánchez

Testigos presenciales cuentan que en la noche electoral del 4 de mayo, tras los discursos desde el ya célebre balcón de la calle Génova de Madrid, aún sede del PP, Díaz Ayuso bajó hasta la entrada principal del edificio, donde se agolpaban aproximadamente dos centenares de seguidores. Apenas pudo lanzarles dos mensajes: que volvieran a sus domicilios para respetar el toque de queda impuesto como medida de seguridad contra el coronavirus y que cumpliría su promesa de seguir bajando los impuestos.

Atractivo para grandes fortunas

Apenas unas horas después, la presidenta madrileña pasaba por los micrófonos de varias emisoras de radio; en las precipitadas entrevistas, las preguntas sobre el próximo gobierno de la Comunidad, el posible papel de Vox en él y otros futuribles varios fueron respondidos casi de forma unánime con fórmulas evasivas del tipo “ya veremos”, “tenemos que reunirnos”, “habrá que debatirlo”… la única excepción, nuevamente el asunto fiscal, con el anuncio firme de una nueva rebaja de medio punto en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta (IRPF) y el de Sucesiones y Donaciones.

En este caso, Patrimonio queda al margen, básicamente porque no resulta posible rebajarlo más. Prácticamente desde su restauración por parte del Gobierno central, en el contexto de la anterior crisis, la Comunidad de Madrid lo bonifica al 99%. Un elemento fundamental para la atracción de grandes fortunas a la capital de España, que no pagan este tributo pero sí el resto de los numerosos que se mantienen, aunque sea de forma menguante, que viven y, por lo tanto, consumen y gastan (y mucho) en el territorio madrileño.

Dos de cada tres "ultrarricos"

Los números cantan y son contundentes. Según las cifras consignadas por la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, en España tributan algo más de 600 contribuyentes considerados como “ultrarricos”, es decir, con rentas declaradas superiores a los 30 millones de euros anuales. De ellos, los residentes en la Comunidad de Madrid superan levemente los 400.

Con ser suficientemente explícito el hecho de que aproximadamente dos de cada tres grandes patrimonios están en Madrid, a esto se le añade que esta Comunidad Autónoma ha atraído en los últimos años a nueve de cada diez contribuyentes que han pasado a formar parte de la categoría de ultra ricos.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP) / EFE

Trasvase de otras autonomías

El trasvase de otras Comunidades Autónomas de España ha sido constante en los últimos años, especialmente desde Cataluña, Comunidad Valenciana y Cantabria. En ellas, la tributación por este impuesto supone un pago medio anual que supera los 350.000 euros para estos casos.

El impuesto de Patrimonio afecta a las rentas más altas. Pero no sucede lo mismo con el de Sucesiones y Donaciones, tristemente de actualidad en los últimos meses por el notable incremento de las herencias sobrevenido por los múltiples fallecimientos a causa de la pandemia.

Beneficio para rentas bajas

De acuerdo con las cifras que maneja el Gobierno de la Comunidad de Madrid, desde que la Administración comenzó a bonificar este tributo, a mediados de la primera década del siglo, unos 800.000 contribuyentes se han beneficiado de esta medida. Y de ellos, el 75% ha recibido una herencia cuyo valor se encuentra por debajo de la media en Madrid, situada en el entorno de 160.000 euros.

Si se toma como referencia esta cifra, sin ir más lejos, un ciudadano empadronado en la Comunidad de Madrid tendría que pagar en concepto de impuesto de Sucesiones apenas 22 euros. Por una herencia del mismo valor, en el Principado de Asturias abonaría más de 2.200 euros.

Evitar renuncias

Los expertos achacan precisamente a los elevados impuestos el fenómeno de que un buen número de ciudadanos renuncia a la herencia al no poder hacer frente a la liquidación fiscal correspondiente.

“El problema reside en que en la mayoría de los casos los bienes que forman parte de una sucesión no son líquidos sino que consisten en activos inmuebles como viviendas o terrenos a los que no se le puede sacar un rendimiento de manera inmediata; sin embargo, para que el heredero tome su control tiene que liquidar antes el impuesto, de forma que ni siquiera podría recurrir a su venta para sufragar parte de este pago”, explican en un despacho de abogados de la capital.

Un ahorro de 53.000 millones

Esta circunstancia también explica la aparente paradoja de que la Comunidad de Madrid es capaz de incrementar la recaudación fiscal pese a las rebajas de los impuestos. Hasta tal punto ha sido una apuesta firme en la reciente campaña electoral que la web de la candidatura de Díaz Ayuso incluyó una calculadora en la que el ciudadano podía comprobar cuánto se ahorraba desde el punto de vista fiscal en comparación con el resto de Comunidades Autónomas españolas.

En cifras globales, se estima que los contribuyentes madrileños se han ahorrado desde 2004, cuando los diferentes gobiernos regionales comenzaron a ejecutar la política de rebajas de impuestos, un total de 53.000 millones de euros. “Un dinero que se ha quedado en el bolsillo de los ciudadanos, con el que han podido revitalizar la economía a través del consumo, con el que han podido emprender, montar su propio negocio y, por lo tanto, generar empleo”, en palabras del consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty.

Isabel Díaz Ayuso vota durante la jornada electoral madrileña / EFE

La armonización de Moncloa

Todas estas actividades generan, a su vez, beneficios fiscales para las arcas públicas, que son capaces de compensar de esta forma lo que dejan de ingresar por los menores tipos impositivos o las bonificaciones.

Esta estrategia global ha llevado a la Comunidad de Madrid a una confrontación global con el Gobierno de coalición constituido en Moncloa tras las elecciones generales de noviembre de 2019. Desde el primer momento, el Ministerio de Hacienda liderado por la también ministra portavoz, María Jesús Montero, apostó por la armonización fiscal entre los territorios y acusó a Madrid de insolidaridad con el resto y de llevar a cabo prácticas de ‘dumping’ fiscal.

El paralelismo con Portugal

El programa de reformas que el Ejecutivo acaba de remitir a la Comisión Europea, del que no han trascendido demasiados detalles concretos, incluye una reforma fiscal con subidas generalizadas de impuestos e incluso la creación de nuevas figuras en este sentido. Una tendencia radicalmente opuesta no sólo a la de la Comunidad de Madrid (que, además, comienza a ser imitada por otras regiones como Andalucía) sino a la de buena parte de países miembros de la Unión Europea, entre cuyas medidas anticrisis se han incluido notables reducciones de impuestos.

En este sentido ha llamado la atención el caso de Portugal, en contraste con el de España, por el hecho de que el Ejecutivo luso también está compuesto por una coalición de izquierdas. La política fiscal del país vecino ha causado sensación hasta tal punto que, incluso, empieza a amenazar con provocar una huída de inversiones, tanto de empresas como de particulares hacia el país vecino, al modo de lo citado anteriormente con el resto de Comunidades Autónomas respecto de Madrid.