El interventor exige a Colau endurecer el veto a los paraísos fiscales

Intervención del Ayuntamiento de Barcelona exige al gobierno municipal de Ada Colau endurecer el veto a las empresas que operan en paraísos fiscales. La medida, si la adopta el Ejecutivo local, podría afectar a firmas como Grupo Mediapro, salpicada por el caso sobornos en Estados Unidos --y Panamá-- y que ahora construye vivienda social para la Administración local por medio de una filial. 

Es la propuesta del fiscalizador del gasto público en su examen al presupuesto municipal de 2019, análisis al que ha accedido este medio. Según el controller de las cuentas públicas, el gobierno municipal debería desplegar el decreto de alcaldía S1/D1/2016-1419 [consultar aquí], por el que el Ayuntamiento de Barcelona declara su voluntad de "no tener relación jurídica" con empresas que, directamente o por medio de empresas pantalla o filiales, "desvíe fondos a paraísos fiscales con el fin de eludir sus obligaciones tributarias". 

Las relaciones con 'offshore', publicadas

¿Qué pide Intervención? Que el ayuntamiento despliegue el decreto y pida "declaraciones responsables" a las empresas contratistas en las que estas se comprometan a "no realizar operaciones financieras en paraísos fiscales consideradas delictivas", o "fuera de ellos y consideradas delictivas", tales como "blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra la Hacienda Pública". O, en su defecto, que la compañía exponga que "no tiene relación" con jurisdicciones offshore. 

Pero es que hay más. Si los contratistas municipales declararan que no tienen vínculo con territorios con fiscalidad amable, deben "presentar toda la documentación descriptiva de los movimientos financieros concretos y toda la información relativa a estas actuaciones". El ayuntamiento, a su vez, la publicará "en su perfil del contratante". Pide también el interventor que las empresas informen de si alguna subcontrata rompe el código ético. Si las firmas incumplen, se les incoaría un expediente de falta grave. 

Mediapro admitió usar Panamá...

El endurecimiento del código contra los paraísos fiscales podría afectar a empresas como Grupo Mediapro, contratista del Ayuntamiento de Barcelona en, por ejemplo, la construcción de pisos protegidos, que eleva por medio de una participada: Coyoacan Invest. No en vano, Imagina, matriz del conglomerado audiovisual admitió en 2015 [leer declaración de autoinculpación aquí] haber utilizado al menos un paraíso fiscal según la Unión Europea: Panamá. 

Lo hizo Imagina para pagar al menos un soborno a cambio de la obtención de derechos de retransmisión del fútbol centroamericano. Según el plea agreement que firmó en Estados Unidos el grupo de Jaume Roures, Tatxo Benet y Gerard Romy, Medialuso, filial de Mediapro en Portugal, pagó 530.000 dólares, 442.500 euros al cambio actual, a la cuenta de una empresa pantalla en un banco panameño. Desde ese depósito, un intermediario desvió los fondos a empresas del directivo sobornado. Mediapro aceptó la exposición del fiscal y trató de zanjar el caso pagando una multa millonaria. 

...y está acusada en el 'caso sobornos'

Ello pasó en 2015. Pero es que ahora, Imagina continúa en la diana del Departamento de Justicia de Estados Unidos tras emitir la Fiscalía un segundo documento de imputaciones relativo al caso sobornos en 2020. En el nuevo escrito del ministerio público, el funcionario sitúa a la cabecera de Grupo Mediapro en una presunta trama criminal en Estados Unidos. Y le asigna cinco posibles delitos: organización criminal, conspiración para cometer fraude; fraude, blanqueo de capitales y conspiración para blanquear capitales, tipos penales que deberá demostrar en el tribunal. 

Si el caso sobornos se tuerce e Imagina acaba condenada --el propio Gerard Romy, cofundador del grupo audiovisual, está fugado de EE.UU, según el fiscal--, se acreditaría que una empresa vinculada a Mediapro, su cabecera, habría vulnerado el código municipal de compra ética del Ayuntamiento de Barcelona. Debería quedar excluida como contratista en aplicación del código. 

Se ha aplicado cero veces

Sea Mediapro o cualquier otra firma, ello no tiene visos de ocurrir salvo que el Ejecutivo local enderece su rumbo en esta materia. Desde que el código de combate de los paraísos fiscales fuera aprobado en 2016, el Ayuntamiento de Barcelona lo ha activado en cero ocasiones, como admitió una concejal en una comisión municipal y explicó este medio. 

Quizá por ello, Intervención pide ahora al gobierno municipal que actúe en este campo. A este respecto, el fiscalizador argumenta que la Administración local tiene competencias para hacerlo, con arreglo a la Carta Municipal de Barcelona. "El Ayuntamiento de Barcelona no se otorga en ningún momento potestades que no le corresponden, ni incurre en discriminación de ningún tipo al respecto", subraya el controller del gasto público. No existe discriminación, concluye el equipo de funcionarios, a empresas con vínculos en países considerados paraísos fiscales, "ni se las desfavorece directamente, ni indirectamente", favoreciendo a empresas que no tengan vínculos con estas jurisdicciones.