El Gobierno de Sánchez se inclina por Rufián frente a Foment en política impositiva

El Gobierno no implementará una revolución fiscal, como apuntan los miembros de ese comité, pero sí quiere modificar algunas prácticas, las de comunidades como Madrid, que, a través de bonificaciones, ha dejado casi sin ningún efecto el impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones. La composición de ese comité dista mucho del que organizó el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, a través de una comisión que presidió Manuel Lagares. Si entonces la división era claramente entre un bloque de izquierdas y otro de derechas, ahora hay más matices que tienen que ver con la sensibilidad de las autonomías, con economistas como el gallego Santiago Lago Peña o el menorquín Guillem López-Casasnovas, que ha sido durante años un referente para los gobiernos catalanes.

El 'cabreo' de Fomento del Trabajo

Esas voces también llegan desde Valencia, donde su presidente, Ximo Puig, ha lanzado una clara campaña para hacer ver, a su juicio, que la Comunidad de Madrid ha utilizado la política fiscal para captar talento e inversiones, que dejan otras comunidades, y lo verbaliza como “dumping fiscal”. Sin embargo, la capital utiliza el margen que todas las autonomías tienen sobre los impuestos cedidos, como Patrimonio o Sucesiones y Donaciones.

Al conocer ese comité, y sus intenciones, Foment del Treball ha reaccionado con celeridad, y ya tiene en marcha un comité propio para analizar también una reforma fiscal, pero en una dirección muy distinta. Es el momento de la “economía productiva”, señala la patronal que preside Josep Sánchez Llibre, que se ha responsabilizado personalmente con una operación en contra del impuesto de Patrimonio, con un recurso ante el Tribunal Constitucional. En esa comisión figura, entre otros economistas, ligados a la empresa familiar, abogados y expertos como Valentí Pich, presidente del Consejo General de economistas de España.

El impuesto de Sociedades

Pero, ¿qué puede hacer el comité que ha organizado el Gobierno?  Los “nuevos vientos” son los que soplan desde el FMI, el Banco Mundial y, principalmente, desde Estados Unidos, con su secretaria de Estado Janet Yellen a la cabeza, que desea un mínimo global en el impuesto de Sociedades que impida que las grandes corporaciones dejen sin importantes ingresos a los estados, y justo en un momento en el que se necesitan para hacer frente a los enormes gastos provocados por la pandemia del Covid.

Comparativa del impuesto de sociedades en diferentes países / CG

El objetivo, por tanto, es retocar ese impuesto, el de Sociedades, pero no tanto para subir su tributación, --actualmente en el 25%, más que el 21% de Estados Unidos, o el 15% de Alemania, pero menos que el 30% de Francia-- como para reducir las desgravaciones e impedir el fraude. Ese impuesto, en realidad, acaba siendo mucho menor y el efectivo acaba, para muchas grandes empresas, en un 17% o 18%, y en otras por debajo.

Armonización, un viejo objetivo de la Generalitat

Ese es un objetivo, pero hay otros. Y afectan a impuestos que están cedidos a las comunidades autónomas. En los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, algunos ejecutivos autonómicos, como el catalán, ya pidieron una armonización fiscal. Lo hizo el consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, que lo planteó al ministro Pedro Solbes. La idea era que se pudiera fijar un suelo y un techo para Sucesiones y Donaciones, pero Solbes no asumió el reto. 

Comparativa de la evolución (2007-2020) del Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta en España / CG

ERC lo ha planteado ahora, con la negociación de los presupuestos con Pedro Sánchez. Y Rufián exhibió la idea, un planteamiento que hace años que se valora en el departamento de Economía, con la directora general de Tributos al frente, Natàlia Cava, quizá la mayor experta en el Govern de la Generalitat. Es algo propio del departamento de Economía de la Generalitat, de sus técnicos y responsables económicos, que analizan constantemente la marcha de las finanzas públicas autonómicas. Y esa vieja idea se ha vuelto a situar sobre la mesa.

IRPF frente a Sociedades

En esa ocasión el Ejecutivo español está dispuesto a recogerla. Lo señaló la propia ministra Montero, en la presentación del comité. Es necesario analizar, aseguró, “cómo se tiene que expresar esa contribución adicional que tienen que hacer los grandes patrimonios al conjunto de las arcas públicas o el cómo y de qué manera hay que descentralizar algunos tributos y bajo qué condiciones hay que descentralizar, para no producir asimetrías en el conjunto del territorio o dejar vacías de contenido algunas figuras fiscales, como ha ocurrido en alguna comunidad autónoma”. La última frase tenía un destinatario claro: Madrid, a pesar de que se esté jugando el Gobierno el quedar desterrado en las elecciones autonómicas del 4 de mayo, teniendo en cuenta que el candidato socialista, Ángel Gabilondo ha lanzado el mensaje en la campaña electoral de que no subirá los impuestos.

Pero en el fondo del asunto está el hecho de que el Gobierno deberá diseñar un plan de consolidación fiscal, gradual, pero consolidación, al fin. Y los ingresos tributarios, y, en especial a través de Sociedades, han ido disminuyendo, como se aprecia en el gráfico anterior.

Si la recaudación por Sociedades en 2007, año previo a la crisis financiera y económica de 2008, suponía 44.823 millones de euros, en 2019, previo a la crisis del Covid, esa cifra descendía a los 23.733 millones de euros. A lo largo de los últimos años, y con aumentos de beneficios por parte de las empresas, a partir de 2015, esas cifras han oscilado entre los 20.649 millones en ese año; 21.678 millones en 2016; 23.143 millones en 2017; y 24.838 millones en 2019. La pandemia, en 2020, ha provocado un descenso hasta los 15.858 millones. En cambio, respecto al impuesto del IRPF, el aumento de recaudación ha sido constante desde 2007, con 72.614 millones de euros, hasta los 87.972 millones en 2020.