Imagen de un acto cultural en la Casa Asia de Barcelona / CA

Imagen de un acto cultural en la Casa Asia de Barcelona / CA

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Una inmobiliaria asfixia a la Casa Asia de Barcelona

El consorcio cultural combate la presión de Alting, que le exige 2,8 millones como indemnización por haber dejado la antigua sede

28 noviembre, 2020 00:00

Una inmobiliaria barcelonesa asfixia a la Casa Asia de Barcelona. La institución cultural que promueve los lazos entre España y la zona de Asia-Pacífico libra un combate en los tribunales para zafarse de la presión de Alting, que le exige casi 2,8 millones de euros en concepto de indemnización por haber abandonado la histórica sede del consorcio en la avenida Diagonal.

El litigio aparece reflejado en las últimas cuentas auditadas de Casa Asia, que corresponden al ejercicio 2018. En las mismas, la institución que preside Javier Parrondo admite que Alting, su antiguo arrendador en las oficinas del número 371 de la avenida Diagonal, reclamó la cantidad en 2013, después de la marcha de la institución tras los "esfuerzos infructuosos" para renegociar a la baja el alquiler.

El caso, al Supremo

A preguntas de este medio, un portavoz de Casa Asia ha confirmado que la discrepancia ha acabado en el Tribunal Supremo. Por su parte, Alting ha rechazado comentar un asunto que se encuentra judicializado. La inmobiliaria de la familia Marcos exige 2,79 millones de euros a la institución como penalización por abandonar las oficinas de la avenida Diagonal en cuatro años antes del fin de contrato.

No hubo acuerdo y Alting llevó el consorcio a los tribunales. Casa Asia perdió en primera instancia, pero consiguió oxígeno en la Audiencia Provincial. Su recurso de apelación fue estimado de forma parcial y los magistrados moderaron la penalización hasta 1,39 millones de euros. Es decir, el 50% de lo que debe a la inmobiliaria. Ésta no cejó en su empeño y presentó un escrito de subsanación o corrección, primero, y un recurso de casación al Tribunal Supremo, después. El pleito reposa ahora en la máxima instancia judicial del país.

Con Sant Pau sí hubo acuerdo

Mientras los togados del Supremo deliberan, Casa Asia de Barcelona ha salido de otro embrollo. Cuando se marchó de la avenida Diagonal de Barcelona recaló en el Hospital de Sant Pau i la Santa Creu, pero la precaria situación económica del ente volvió a generar problemas de pagos. Hubo incluso una orden de desahucio. El consorcio evitó su expulsión judicial marchándose a un coworking y, tras ello, a los bajos de la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de Barcelona, en el distrito 22@.

La nueva mudanza se hizo con más deudas pendientes. La institución dejó impagadas rentas al Hospital de Sant Pau cuya cuantía ascience a 423.708 euros. La Muy Ilustre Institución (MIA), cúpula consorciada del recinto modernista, reclamó la obligación judicialmente. Para respiro de Casa Asia, ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial en marzo de 2019. El pacto, por bien balsámico, deja la caja muy tocada. La entidad deberá pagar 144 cuotas mensuales: 12 años para enjugar la deuda.

Único 'brazo' de Exteriores en Cataluña

La azarosa vida de Casa Asia de Barcelona en los últimos años ha dejado tocada la operativa --el consorcio llegó a tener que recortar la mitad de la plantilla para cuadrar cuentas-- y la imagen de la entidad. No obstante, desde la institución se ha asegurado siempre que la viabilidad del proyecto económico-cultural estaba asegurado. Este puente entre España y el continente asiático es el único ente formal que tiene el Ministerio de Exteriores en Barcelona, por bien que repartido con Madrid, donde opera una institución hermana.

En la capital catalana las cosas podrían haber salido mejor para este hub de relaciones internacionales. Cerró 2018 con un resultado negativo de 1,55 millones de euros y un patrimonio neto negativo de 2,33 millones, lo que en el sector privado sería un causal de disolución para una mercantil. Casa Asia Barcelona tiene un presupuesto que ronda los dos millones de euros al año que aportan, en su mayoría, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y el Ayuntamiento.