Territorio pide más documentos para dar carpetazo a la liquidación de ATLL

El conflicto judicial por la transformación de Aigües Ter Llobregat (ATLL) en una compañía pública dará esta semana un paso importante. En una reunión prevista en los próximos días, la Comisión Liquidadora empezará a trabajar en el informe económico definitivo que se entregará al fondo Fortress Investment Group. Aún no se ha dado el paso porque el Gobierno catalán necesita más información para completar toda la documentación.

Hace meses que se arrastra la presentación de este último documento, la previa para el disparo de salida de la segunda guerra del agua en Cataluña. La que librarán los inversores estadounidenses contra la Generalitat para reclamar una indemnización que se había cifrado en 1.000 millones de euros.

Venta a un fondo especializado en litigios

Por ahora, el Ejecutivo liderado por Quim Torra sólo ha pagado 3,98 millones a la empresa responsable del servicio durante siete años. Lo hizo en junio mediante una transferencia que recibió el consorcio liderado por Acciona. La cotizada de la familia Entrecanales vendió unos días después la pugna judicial a Fortress, una firma especialista en litigios con el sector público. 

Cobró 170 millones de euros, la cifra mínima que los mercados consideran que deberá pagar la Generalitat de compensación económica final. Por ahora, los cálculos que han salido de la consejería de Territorio, liderada por Damià Calvet (JxCat), se quedan muy lejos de esta cantidad.

Proteger las finanzas catalanas

Desde el sector se justifica la posición del Ejecutivo por su intención de proteger las finanzas públicas en un momento delicado para la tesorería del Govern. Más, desde que este verano el responsable de Economía, Pere Aragonès (ERC), anunciase una nueva oleada de recortes.

Imagen de una de las principales instalaciones de ATLL, la empresa pública a la que dará servicio Endesa / EFE

Cabe recordar que el conflicto de ATLL parte de la primera guerra del agua en Cataluña, el contencioso que se resolvió en febrero de 2018 cuando el Tribunal Supremo decidió anular el concurso público que dejó la gestora de aguas en manos del consorcio liderado por Acciona. No fue hasta el verano de ese año, con Calvet ya como responsable de Territorio, que se activó la ejecución de la sentencia y se anunció que se optaba por el modelo de gestión directa de la Generalitat. 

Burocracia 

La nueva ATLL empezó a operar de forma efectiva el pasado 1 de abril, pero la burocracia que conlleva el proceso de liquidación sin acuerdo lo ha prolongado cinco meses más. El pago de 3,98 millones a los antiguos gestores del grupo se hizo a principios de junio y con la llamada liquidación definitiva provisional, una fórmula administrativa poco ortodoxa que se debía completar tras la entrega de documentos que justificaban varias actividades de la gestora de aguas en 2018.

El requerimiento de información se contestó en julio y a principios de agosto la Generalitat mandó otra respuesta a Fortress. Le pedía incidir en algunas cuestiones que no quedaron claras en la primera entrega y que pesan en la liquidación final, tal y como indican fuentes conocedoras del proceso.

Liquidación definitiva final

Aún esperan la respuesta, aunque los mismos interlocutores destacan que el borrador definitivo está avanzado y que la cuestión se podrá resolver de forma rápida cuando el fondo internacional responda. Ven posible que la última liquidación llegue en cuestión de semanas.

Será entonces cuando se inicie el conflicto judicial más importante. Con todo, Fortess se ha avanzado en las últimas semanas y ha dado el primer paso en los tribunales. Ha presentado el primer contencioso administrativo ante el Tribunal Suprerior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la liquidación definitiva provisional. La demanda ha sido admitida a trámite por la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativa.