El responsable público de la salud mental en Cataluña ocultó su presencia en una empresa privada

Es lo que atestigua un correo electrónico interno al que ha accedido Crónica Global en el que Rosa Verdaguer, directora general de Centre de Psicoteràpia Barcelona (CPB), confirma que Vegué "había sido nombrado" en su nuevo puesto público el 1 de diciembre de 2021. Y que, pese a ello, el doctor "continuaría colaborando desde el consejo de dirección" de esta empresa privada directamente afectada por su nueva responsabilidad en la "planificación y organización" de este sector en Cataluña, sin hacer ninguna mención directa al debate sobre la incompatibilidad de ambos cargos.

Incompatibilidad

El correo electrónico interno confirma que hubo conflicto de interés en el nombramiento de Joan Vegué como estratega de la salud mental en Cataluña. Porque éste fue nombrado el 1 de diciembre de 2021 y, pese a ello, la comunicación del 22 de diciembre, 21 días después, corrobora que el facultativo seguía en el comité de dirección de este proveedor privado. Se trata de una empresa con ánimo de lucro que resultaba directamente beneficiada por sus propuestas de política sanitaria, tal y como se indica desde el sector. 

El 'conseller' Josep Maria Argimon, con el doctor Joan Vegue, con americana gris / CG

Este medio ha preguntado al Departamento de Salud y a CPB por el doble rol del doctor Vegué en el ámbito público y el privado. Ninguna de las dos partes ha contestado. 

Su predecesor renunció al puesto en el Clínic

Quienes sí han hablado son otras fuentes sanitarias. Han recordado que la doble responsabilidad de Joan Vegué no es habitual. Su único predecesor en el cargo público, el doctor Jordi Blanch (fue director del Plan de Salud Mental y Adicciones de Cataluña de 2019 a 2021), "dejó de forma temporal su jefatura de servicio en el Hospital Clínic Barcelona" tras ser nombrado por la consejería. Lo hizo ante el posible conflicto de intereses que podía generar compaginar ambos cargos. 

"En el caso de Vegué, la situación está peor gestionada si cabe", alertan los mismos interlocutores, "porque de forma interna se admite que mantendrá su actividad en el consejo de dirección y, por ende, cobrará de la privada". La polémica no es nueva para el departamento de Salud, que llegó a declarar que el director del Plan de Salud Mental no recibe ninguna retribución pública para salir del paso de la controversia. Es decir, el grupo CPB es la principal fuente de ingresos del responsable del plan de salud mental público pese a que el grueso de su jornada laboral la realiza en la sede de la consejería, situada en Travessera de Les Corts de Barcelona. 

Polémica para el nuevo 'conseller' Balcells

La publicación del correo electrónico que desvela que el estratega de la salud mental catalana ocultó su puesto en un consejo de dirección de una empresa privada aterrizará directamente sobre el despacho de Manel Balcells, nuevo consejero de Salud a propuesta de ERC tras la salida de Junts del Govern. El doctor en Medicina del Deporte tendrá que revisar un polémico nombramiento atribuido a su antecesor, Josep Maria Argimon, de los neoconvergentes, y que escamó a parte del sector. 

Manel Balcells, director del CIMTI, en la presentación del Reto 2021 / EP

De hecho, y como explicó este medio, los prosanidad pública exigieron a Argimon que destituyera a Vegué cuando Crónica Global destapó que éste continuaba vinculado a un proveedor privado. Alegaron que concurría un posible conflicto de interés, cuestión que la consejería declinó abordar. 

CPB se benefició

Hay más. CPB se benefició de forma directa de las primeras políticas que propuso el doctor Vegué desde su nuevo cargo público. El máximo asesor de Argimon planteó recortar camas de hospitalización para enfermos agudos y apostar por los servicios comunitarios, algo que beneficiaba al proveedor que le daba acomodo en su consejo de dirección y un salario. Asimismo, el equipo del sanitario proyectó el recorte del número de proveedores, algo que, de nuevo, jugaba en favor de su empresa. 

Por contra, otros contratistas del CatSalut como la Orden Hospitalaria Sant Joan de Déu salían perjudicadas de las políticas que emprendió.

Alquileres y consulta 'pirata'

Esta no ha sido la única controversia de los últimos meses. La elección de Vegué como estratega en el ámbito público afloró otras anomalías en el sector. Como, por ejemplo, el hecho de que CPB ingresa un millón de euros al año en alquileres en la inmobiliaria de Rosa Verdaguer, su directora general. Los fondos constituyen un auténtico negocio para la firma del ladrillo, que se beneficia de forma indirecta del concierto que mantiene CPB con el Servicio Catalán de Salud (CatSalut) para atender a personas que sufren enfermedades mentales. Asimismo, CPB también es el operador de la sociedad TLP Barcelona, un dispositivo privado que, según el sector, sostiene parte de su actividad con dinero público porque las contabilidades de ambas mercantiles tienen vasos comunicantes. 

Joan Vegué y el piso donde opera una consulta no registrada por el CatSalut / CG

De forma paralela, el propio Vegué ha mantenido el contacto con pacientes privados en una clínica sin rótulo ni licencia, según su entorno, situada en una céntrica calle de Barcelona, como reveló este medio. Crónica Global preguntó a la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria si el despacho del alto cargo del Departamento estaba registrado y autorizado. Aún no ha recibido respuesta al requerimiento informativo.