Nueva brecha entre los funcionarios de prisiones y el Govern por el uso de correas en la cárcel

Después de que en marzo de este año la Conselleria de Justícia aprobara la modificación de la circular 1/2022 de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, ahora la Síndica y su adjunto, Jaume Saura, alertan de que este cambio podría suponer una "regresión" en cuanto a los derechos de los internos.

La nueva Síndica de Greuges, Esther Giménez Salinas / PARLAMENT

Apuntan a que esta modificación deja en el aire aspectos tan relevantes como el tiempo máximo que un preso puede estar atado o el número de funcionarios que deben intervenir en la actuación. Aprecia, además, una "flagrante vulneración del Reglamento Penitenciario" en la dilación de la comunicación a los jueces sobre las contenciones mecánicas a presos.

Criterios médicos

Entre los aspectos negativos, la entidad señala que, aunque el protocolo mantiene la tendencia hacia una contención cero, como la anterior, no contempla cómo se avanzará hacia la desescalada de estas medidas. Asimismo, recuerdan que aunque la inmovilización debe ser regimental, la contención mecánica debe ser exclusivamente médica. “No es que lo deban supervisar, sino que la responsabilidad de mantener esta contención debe ser estrictamente médica”, expresaba Saura.

Desde los sindicatos de prisiones recuerdan que esta medida, que es excepcional, ya responde en la actualidad a estrictos criterios médicos. “Se realiza a internos en estado de histeria, que padecen un síndrome de abstinencia o un ataque ansioso que les supera y siempre está supervisado por un sanitario”, explica Alberto Gómez, responsable de Csif Prisiones en Cataluña. Modesto Berciano, presidente del mismo sindicato en Lleida, confirma que, si bien este procedimiento es “habitual” en las cárceles catalanas, los internos reciben visitas periódicas por parte del médico --de las que se levanta acta-- y que es este quien decide si la medida debe continuar aplicándose o no. “El protocolo es absolutamente garantista y no cumplirlo supondría un expediente disciplinario para los funcionarios”.

El juez, al corriente

Fernando Carrera, secretario de Personal Penitenciario de CCOO en Cataluña confirma que, si bien la decisión la toma el Jefe de Servicios de la prisión, el médico supervisa al interno cada dos horas. Pero la Sindicatura de Greuges denuncia que algunos centros como el de Mujeres o Jóvenes no cuentan con facultativos durante las 24 horas del día. “Esto es tan grave como el hecho de que el funcionario decida que una persona ya puede ser desatada a las 12 de la noche pero se deba esperar hasta las 8 de la mañana a que llegue el médico que lo certifique”, expresó Saura en el Parlament.

Desde la Sindicatura de Greuges denuncian también la dilación a la hora de comunicar al juez esta medida. Recuerdan que el mecanismo de control jurisdiccional debe activarse desde el inicio de la medida coercitiva, aunque “en algunos casos se hace cuando ya ha terminado”. Carrera desmiente este extremo y recuerda que, aunque pueda haberse dado algún retraso “por motivos excepcionales” el juez de vigilancia es el elemento fundamental y garante de los derechos de los internos. Además de que los internos pueden denunciar cualquier abuso mediante carta, a través de sus abogados o con entrevistas directas con el juez de vigilancia --externo a la administración penitenciaria-- el magistrado recibe todos los informes y puede requerir información adicional sobre las actuaciones. En la misma línea, Gómez indica que “es una falsedad” que se notifique una vez se ha liberado al interno y reitera que la notificación se realiza al instante.

Desde el sindicato Csif recuerdan que este procedimiento se practica, precisamente, para que no puedan acusarlos de abusos, en celdas que cuentan con cámaras de vigilancia que registran en todo momento lo que sucede. Dichas grabaciones pueden ser revisadas, si así lo considera oportuno, por la autoridad judicial.

“No se aplica como castigo”

No obstante, desde la Sindicatura de Greuges se deja en el aire que esta medida podría haber sido usada en las cárceles catalanas como un método de castigo. “Hemos visualizado horas y horas de vídeos de antes del protocolo actual, de 2018 y 2019, en las que se evidencia que en algunos casos [la medida] es manifiestamente innecesarias y dilatada en el tiempo. No puede ser punitiva. En algunos casos se ve a internos caminando tranquilamente y que son contenidos o a los que se les desataba para comer y se les ataba de nuevo”, denunció Saura.

Centro Penitenciario Brians 2 de Barcelona. Funcionarios de prisiones / EUROPA PRESS

El responsable de Prisiones del sindicato UGT en Cataluña Xavier Martínez niega que la medida sea “punitiva” y aclara que solo se aplica en aquellos casos en los que el interno puede provocar daños a terceros o a sí mismo. Preguntado sobre las imágenes a las que hace referencia Saura, Carrera (CCOO) manifiesta que no siempre los presos a los que se aplica una contención están en un estado de agresividad o excitación extrema. “A veces muestran conductas autolíticas o manifiestan que, en cuanto crucemos la puerta, se suicidarán o se infligirán algún daño”, aclara.

Salas acolchadas

Desde la Sindicatura de Greuges se reconocen también aspectos positivos de este nuevo protocolo. Destacan que mantiene la tendencia del anterior, de ir hacia la contención cero y de entender que esta medida "es mala para las personas, por lo que se debe minimizar al máximo". Valoran que, aunque la morfología de las mujeres es distinta a la de los hombres y la medida carece de perspectiva de género, la inmovilización se realice en postura de cúbito supino. 

Desde la entidad valoran positivamente que se haya recuperado la prueba piloto de la sala acolchada de Brians 2, una de las prisiones que tiene mayores índices de inmovilización mecánica junto a Brians 1, y que las salas en las que se practique se doten, además de con cámaras de videovigilancia, de dispositivos que recojan también el sonido ambiente. Este hecho ayudaría a acabar con la sospecha que desde algunas entidades se pretende sembrar sobre los funcionarios.