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Imagen de una protesta contra los desahucios, organizada por la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH)

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) anuncia movilizaciones ante las cláusulas abusivas

La campaña pretende exigir al TS y al Congreso que actúe en la Ley de Créditos Inmobiliarios siguiendo lo recomendado por la UE

05.11.2018 14:11 h.
9 min

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha anunciado nuevas movilizaciones en toda España para que la banca pague por las cláusulas abusivas ante el intento de blanquarlas. La PAH inicia además la campaña exigiendo que tanto la alta instancia judicial, el Tribunal Supremo y Congreso, sigan la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para estudiar la Ley de Créditos Inmobiliarios. Según la plataforma, esta institución está a favor de los consumidores y anular así los abusos bancarios.

La campaña ha iniciado coincidiendo con que el pleno de la sala de los contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha dado comienzo esta mañana para analizar la doctrina sobre el impuesto de las hipotecas. En una sentencia dada a conocer el pasado 18 de octubre estableció que debía recaer en las entidades financieras

Día decisivo

La Sala se reúne hoy para zanjar el debate sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas. El pasado 19 el presidente del Tribunal Supremo Luis Díez- Picazo, optaba por someter a revisión el criterio establecido un día ante de que fuera el banco y no el cliente. Un giro que provocó una gran incertidumbre. Sólo un día antes, estableció que debía recaer en las entidades financieras. Además, días después, se daba a conocer la noticia que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS, continuaba defendiendo la decisión que habían tomado respecto al tributo sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Al igual que lo anteriormente defendido, los magistrados presentaron dos sentencias más en las que insistían en que el impuesto sobre hipotecas debe ser abonado por el banco y no por el cliente.

El juez del Tribunal Supremo Luis María Díez-Picazo / CGPJ

El juez del Tribunal Supremo Luis María Díez-Picazo / CGPJ

Hoy, a la espera de que se tome la decisión, los magistrados reconocen que la decisión debe tomarse en base a postulados estrictamente jurídicos. Aún así, la gran repercusión mediática y la postura que ha generado la opinión pública durante las últimas semanas, dificulta esta decisión. Minutos después de conocerse la primera sentencia que imputaba al banco el impuesto, los bancos empezaron a caer en Bolsa. Según la PAH nos encontramos ante una situación sin precedentes ya que "nunca se ha convocado un Pleno de una Sala del Tribunal Supremo tras una sentencia". El comunicado explica que el Presidente de la Sala, al día siguiente de conocerse la Sentencia, ante “su enorme repercusión económica y social”, acordó, “con carácter urgente”, “dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recurso de casación pendientes con un objeto similar”, y “avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado”.

Abusiva legislación

Ante la situación de incertidumbre reclaman un mantenimiento de la sentencia 1505/2018 y el respeto al TJUE. Según sostiene el comunicado de la PAH en su comunicado, el TJUE declaró abusiva la legislación hipotecaria española, mandatando que las cláusulas abusivas han de eliminarse del contrato”. Siguiendo la postura de la entidad europea, los afectados han podido reclamar al banco el dinero pagado de más de o incluso suspender su ejecución hipotecaria ante los tribunales. Para ello, se abriría una nueva jurisprudencia. Dentro de dicha vía judicial, la sentencia 1505/2018 de la sala especializada en tributos del Tribunal Supremo indica que es el banco quien debe pagar el impuesto por escriturar el préstamo, ya que precisamente eso le permite ejecutar la vivienda si se impaga alguna cuota

Una manifestación de la plataforma Stop Desahucios contra las cláusulas abusivas de las hipotecas / EFE

Una manifestación de la plataforma Stop Desahucios contra las cláusulas abusivas de las hipotecas / EFE

El comunicado también resalta la postura del Estado que, según denuncia la PAH en este sentido: "en lugar de hacer justicia planteándose lo terrible de 700.000 desahucios ejecutados a través de un procedimiento abusivo por no haber transpuesto la directiva europea de protección al consumidor, los poderes del Estado sólo se estén revolviendo por la repercusión en la cuenta de beneficios de la banca". La plataforma asegura que el Estado está "presionando al Tribunal Supremo para que blanquee el alcance de la sentencia, que como cláusula viciada de origen debe ser retroactiva total".

Prácticas que acentúan los desahucios

La plataforma no ha perdido la oportunidad de recordar otras prácticas que consideran abusivas como las preferentes o las cláusulas suelo. Según remarcan estas prácticas y sentencias del Tribunal Supremo encuentran en frente las decisiones del TJUE para “proteger lo que en España se había desprotegido”. Según recuerda, la sentencia de la Sala de lo Civil nº 241/2013 de 9 de mayo, sobre las cláusulas suelo, limitando la restitución de lo indebidamente cobrado por la banca a la fecha de la sentencia. El pasado julio, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, encargado de hacer el seguimiento sobre los juzgados de cláusulas abusivas, daba luz verde a alargar la segunda fase del plan de actuación hasta final del año.

La PAH también señala otro de los temas que se está tramitando en el Congreso: la ley de crédito inmobiliario. Esta ley fue elaborada por el exministro de Economía De Guindos, dejó hecho un proyecto de Ley que el Gobierno trasladó a las Cortes para tramitarla el pasado noviembre de 2017. Este texto, entre otras cláusulas abusivas, mantiene la figura del "Vencimiento Anticipado". La ley, que recibió más de dos centenares de enmiedas, afectaría a los desahucios: los bancos pueden iniciar el procedimiento a partir del tercer mes de impago. La nueva norma divide la hipoteca en dos partes: durante la primera mitad, se exige que el impago supere el 2% del importe de crédito, en cambio, en la segunda del 4%. En este caso, siempre sin que el retraso no exceda de los nueve y doce meses, respectivamente.

Según denunciaban partidos como Unidos Podemos, otro de los efectos de la entrada en vigor de esta ley, podría ser la reactivación de las ejecuciones hipotecarias paralizadas por los jueces. La PAH interpela en el comunicado que PSOE no ratifique las propuestas de los populares en esta materia. Para ello exige que garantice todas las medidas propuestas en defensa de los deudores hipotecarios, "si no se modifica el texto actualmente defendido por Cs, PP y PSOE, podrían reactivarse miles de procedimientos de ejecución hipotecaria actualmente suspendidos en la mayor parte de las Audiencias Provinciales, con el consiguiente aumento de los desahucios y sufrimiento para miles de familias".

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