¿El fallo del Supremo subirá el coste de las hipotecas?

El fallo del Tribunal Supremo sobre las hipotecas ha supuesto un auténtico terremoto en el mercado hipotecario. Los principales bancos del país han escondido sus condiciones para acceder a un préstamo unos días, se ha frenado la concesión de nuevos créditos hipotecarios y el Alto Tribunal tuvo que detener el efecto de su propia resolución por la “repercusión económica y social” que representaba. Pero ¿qué pasará con el precio de las hipotecas después de todo esto? 

Hay muchas teorías sobre el posicionamiento que adoptará el pleno Supremo el próximo lunes 5 de noviembre. Podría decir que el gravamen a los actos jurídicos documentados (IAJD) lo debe pagar el cliente o posicionarse a favor de que lo abonen las entidades, ya sea de manera retroactiva o no (cuestión clave para los beneficios del sector). Incluso podría elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que sea éste quién tome la decisión final.

Subida de precio de los préstamos

Desde HelpMyCash.com señalan que hay una conclusión que parece evidente: si la banca tiene que hacerse cargo del impuesto de las hipotecas, lo lógico es que suban su precio. Ahora bien, cómo lo hagan también da lugar a un gran número de opciones.

Imagen de un ciudadano consultando anuncios de viviendas con posibles hipotecas / EFE

Un hombre mira ofertas de venta de inmuebles 

Cada entidad seguirá su propia estrategia. Una de las opciones más factibles es que siga la misma vía que cuando le tocó hacerse cargo de la devolución de las cláusulas suelo: incrementar la comisión de apertura. Se repetiría una actuación conocida y, además, esta penalización es la más habitual en los préstamos hipotecarios. No está limitada por ley, por lo que se puede revalorizar sin romper ninguna norma.

Incremento del interés

Otra posibilidad, según fuentes bancarias consultadas por HelpMyCash.com, es que la subida afecte al interés. En el caso de las hipotecas variables, puede verse reflejada tanto en el tipo fijo inicial como en los diferenciales. Esta última opción implicaría que los hipotecados pagarían más durante toda la vida de la hipoteca, algo que, al final, podría resultar más caro que asumir el IAJD.

Pongamos un ejemplo tomando como referencia una hipoteca a 30 años de 150.000 euros en Cataluña (IAJD del 1,5%), con una responsabilidad hipotecaria del 115%, por lo que se pagaría por el impuesto 2.587,5 euros. Para simplificar el cálculo, se contempla un euríbor fijo del 1%.

Hipotecas más caras

Hasta este momento, un cliente podría firmar esta hipoteca con un diferencial de euríbor más 0,90%, lo que --a la larga-- le supondría 46.905 euros de intereses. Si paga el IAJD mencionado, el desembolso total ascendería a 49.492,5 euros.

Si por el contrario es la banca quien debe pagar el impuesto y decide subir un poco el diferencial, por ejemplo, al 1%, los intereses pagados por el cliente al pasar los 30 años serán de 49.595 euros. Es decir, con apenas una pequeña subida en el precio, y sin asumir el IAJD, el hipotecado ya estaría pagando más.

Nueva ley hipotecaria

A todo esto hay que sumarle la intención del Congreso de los Diputados para legislar sobre quién debe asumir cada uno de los gastos de hipoteca en la próxima ley para estas operaciones. El objetivo es evitar la alta litigiosidad que hay actualmente en torno a estas partidas que, además del famoso impuesto, incluyen también los gastos de notaría, gestoría y registro e incluso la tasación de la vivienda.

Según han informado los partidos, la intención es llegar a un acuerdo para ver quién paga cada gasto pero si finalmente la banca tiene que asumir muchas de estas partidas. Esto también podría afectar al precio de las hipotecas en los mismos aspectos que el impuesto.

Afectación a otros productos

Eso sí, no hay que pensar que las hipotecas serán lo único a lo que podría afectar la sentencia del Tribunal Supremo. Préstamos, tarjetas, cuentas… todos estos productos también podrían encarecerse en una búsqueda de los bancos por encontrar el equilibrio en sus cuentas que, al final, es el objetivo que perseguirán para que sus arcas no se vean afectadas por los fallos judiciales.