Bloqueo de la AP-7 a su paso por Girona organizado por los independentistas de Tsunami Democràtic / EFE

Bloqueo de la AP-7 a su paso por Girona organizado por los independentistas de Tsunami Democràtic / EFE

Vida

La fiscalía recurre el archivo de la causa por el corte de la AP-7 de Tsunami Democràtic

La demanda para reabrir el procedimiento se produce después que el juzgado de instrucción de Girona aceptara las peticiones de sobreseimiento

19 agosto, 2021 15:23

Las protestas por la sentencia del procés, que condenó a los 12 líderes independentisas indultados hace unos meses en Cataluña, vuelven a salir a la luz tras el recurso de la fiscalía de reabrir la causa por el corte de la AP-7. La autopista fue paralizada en Salt (Girona) por la organización independentista Tsunami Democràtic.

El juzgado de instrucción número 3 de Girona archivó la causa contra 48 investigados por el corte de una de las principales vías de comunicación autonómicas. El auto justificaba la decisión en una “falta de indicios de criminalidad”, aunque informaba de la posibilidad de interponer recurso de reforma. En un primer momento, la fiscalía se posicionó a favor del sobreseimiento al no apreciar indicios suficientes de delito. Ha enmendado este análisis inicial y, finalmente, ha recurrido el auto. 

En manos de la Audiencia Provincial

El recurso del ministerio público afectaría, según la entidad independentista Alerta Solidària que presta respaldo legal a este tipo de situaciones, a 22 de los investigados. Se le sumarían las cuatro personas que seguían encausadas por el bloqueo de las comunicaciones catalanas. Tres de ellas por no haber solicitado el archivo y la otra al haber sido relacionada con una participación activa en aquellos altercados de la AP-7, que tuvieron lugar el 13 de noviembre de 2019.

La Audiencia Provincial de Girona será la que tenga ahora la última palabra. La causa ha subido un grado en la jerarquía jurídica y será ahora un grupo de magistrados los que deberán resolver si se retoma la investigación. La primera resolución concluía que los investigados no estaban “debidamente identificados” o no se había acreditado que ejecutaran actos de violencia o intimidación frente a agentes de la autoridad u otros usuarios de la vía durante el corte de la AP-7.