Sin protocolos para evaluar las actuaciones policiales durante la pandemia

“Durante el estado de alarma hay agentes que están imponiendo sanciones sin cumplir con criterios ni de proporcionalidad ni de necesidad. Están actuando bajo un principio coercitivo y eso implica que haya gente que podría, legítimamente, estar en la calle, y que no lo hace por miedo. Hablamos, por ejemplo, de personas con algún tipo de discapacidad que pueden estar reduciendo el número de paseos que realizan o evitándolos”. Son palabras de Adriana Ribas, coordinadora Amnistía Internacional en Cataluña; entidad que reclama al Ministerio del Interior protocolos de actuación para los agentes ante las restricciones de movilidad.

Un presunto cao de violencia policial en Bilbao durante el estado de alarma / SARE ANTIFAXISTA

“No están previstos --o al menos no los conocemos-- mecanismos para poder revisar las actuaciones de los agentes. Por eso pedimos evaluaciones de las actuaciones policiales y rendición de cuentas para poder corregir las malas actuaciones durante la pandemia. De momento se están imponiendo sanciones y veremos que recorrido tienen cuando se tramiten”, señala Ribas. Interior facilitó a los agentes una guía orientativa sobre las posibles sanciones por incumplir las restricciones de movilidad, que se basan en lo previsto por la Ley de Seguridad Ciudadana --conocida como ley mordaza--.

Denuncias por sanciones injustas

“Son multas que se aplican basándose en una norma que las organizaciones de derechos humanos hemos criticado por la amenaza que supone para el derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión e información, porque amplía los poderes de la policía en el ámbito sancionador sin dotar de mecanismos de control. Por tanto, este amplio poder y discrecionalidad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado da pie a la aplicación ahora de sanciones de forma arbitraria”, alertan desde la entidad.

La organización denuncia varios casos. Entre ellos, “el de un padre que circulaba con su hija con discapacidad intelectual del 69% y recibió una multa por llevarla en el coche cuando iban a comprar. Además, ella llevaba el brazalete azul que identifica a los menores que pueden salir con medidas menos restrictivas”, detalla Ribas, pero “la situación de angustia” a la que se vio sometido el progenitor, llevó a la familia a salir menos, “cuando lo que necesita la menor es pasear por su vulnerabilidad”.

Un control policial en el metro durante el confinamiento / MOSSOS

Faltan protocolos de actuación

También una persona en Barcelona cuando acudía a una farmacia de guardia. Aunque no era la más cercana a su domicilio, sí era la única que tenía el medicamento contra la epilepsia que necesita. “Aún así se le sancionó, aunque podía demostrar que iba a recoger un fármaco y era un caso de necesidad”, explica Ribas, quien apunta que “el problema reside en que faltan protocolos de actuación, especialmente sobre personas de especial vulnerabilidad o con necesidades específicas”.

Desde Amnistía Internacional reclaman al Gobierno la creación de “nuevos protocolos de actuación, para que haya evaluaciones continuas de las actuaciones de las fuerzas de seguridad, y un sistema de garantías que reduzca la posibilidad de casos de arbitrariedad policial durante el estado de alarma”. El único mecanismo de un ciudadano que sea sancionado de forma injusta es recurrir la multa. “España, desgraciadamente, tiene una mala trayectoria en lo que se refiere a denuncias contra agentes de todos los cuerpos policiales por la falta de investigación de posibles malas prácticas. Desde uso excesivo de la fuerza a casos como estos, en los que la aplicación de un tipo de legislación tan arbitraria da pie a que se sancionen actividades de la ciudadanía que no son sancionables”.