SOS Racisme alerta de la impunidad de los abusos policiales durante la pandemia

El estado de alarma por el coronavirus ha fomentado la "impunidad policial contra las personas racializadas no blancas", según datos de SOS Racisme, que señala que siete de los doce casos de xenofobia identificados durante el primer mes de confinamiento han estado relacionados con cuerpos de seguridad locales o nacionales.

"Los abusos policiales son ahora más difíciles de identificar y reportar; si antes ya había infradenuncia en este ámbito, ahora se ha multiplicado", ha señalado desde la onegé Karlos Castilla. Y es que, como ha apuntado, “al haber menos testigos y menos observadores en la calle”, se reducen las denuncias.

188 casos en 2019

La onegé, que ha presentado este martes su informe anual sobre el racismo en Cataluña, recoge que durante 2019 se produjeron 188 casos de discriminación --85%-- y de delitos de odio --15%--, de los cuales, solo 128 han sido denunciados. "La desconfianza en el sistema y el contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran las víctimas" son algunos de los motivos por los que las víctimas deciden no presentar una queja.

Del total de agresiones o ataques xenófobos que detectó la entidad el pasado año, el 27% se dieron entre particulares, el 15% por supuestos abusos de las fuerzas de seguridad y el 13% con vigilantes del ámbito privado.

Racismo en la escalera

La entidad alerta de que las escaleras de vecinos también se han convertido en "foco de racismo entre particulares" durante la emergencia sanitaria. Advierten así que la convivencia hace aflorar actitudes xenófobas que se traducen en grandes vulneraciones de derechos.

Además, señalan que la Ley de Seguridad Ciudadana --conocida como ley mordaza-- supone, por el margen de discrecionalidad que aporta, "una fuente para la justificación de abusos policiales a la hora de determinar el incumplimiento de una norma y su --correspondiente-- sanción". Una situación que se ha agravado durante la reclusión por la falta de "mecanismos de control". Así, lamentan que agrava las vulneraciones de derechos contra personas racializadas y migrantes, "muchas de ellas, con más presencia en las calles, porque desempeñan tareas esenciales y se ven obligadas a desplazarse a sus centros de trabajo", subrayana desde la organización.