Exigen a Interior que investigue siete casos de violencia policial durante el estado de alarma

Organizaciones de derechos humanos, agrupadas bajo la plataforma Defender a quien Defiende, han presentado un segundo escrito dirigido al Ministerio del Interior y al Defensor del Pueblo en el que denuncian siete nuevos casos de violencia policial durante el estado de alarma. Situaciones en las que, presuntamente, los agentes habrían hecho un uso de la fuerza no autorizada en sus intervenciones por las restricciones de movilidad. 

Casos que se han producido entre el 25 de marzo y el 15 de abril en distintas ciudades españolas --Barcelona entre ellas-- y que documentan con grabaciones y denuncias realizadas por la ciudadanía. Imágenes en las que se aprecian bofetones, empujones, patadas o golpes que han propinado efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, denuncian, "en acciones contrarias a los protocolos existentes y a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad que han de regir toda actuación policial". Por ello, entidades como Novact, Irídia, Legal Sol y el Institut de Drets Humans de Catalunya, reclaman activar "canales internos de investigación y depuración de responsabilidades" y, cuando haya indicios de delito, su remisión a las autoridades judiciales.

Inseguridad jurídica

Desde la plataforma también denuncian la inseguridad jurídica de gran parte de la ciudadanía a la hora de circular por la vía pública por las restricciones que impone el estado de alarma, "dado que no existe un mecanismo adecuado que pruebe o justifique un desplazamiento en el espacio público, cuando haya lugar a una identificación". Por ello recuerdan que el Defensor del Pueblo ya ha instado a la Secretaría de Estado de Seguridad a elaborar instrucciones internas dirigidas a la Dirección General de la Policía y a la de la Guardia Civil, en las que “se clarifiquen los supuestos en los que no se pueden sancionar determinadas actividades ciudadanas que sí están amparadas por las excepciones del artículo”.

Sostienen además que esta situación discrimina a más de 500.000 personas que se encuentran en situación administrativa irregular en el conjunto del país. Muchas de ellas, señalan, trabajan en servicios que han sido considerados esenciales, como el área de cuidados o la agricultura. Y, pese a ello, "no pueden demostrar de manera objetiva la necesidad de su desplazamiento".

Sanciones por saltarse el confinamiento

En cuanto a las sanciones previstas por la Ley de Seguridad Ciudadana --conocida como ley mordaza-- para aquellos que incumplan las reestricciones de movilidad, las entidades señalan que solo deben imponerse en caso de que los ciudadanos también "se resistan a obedecer un requerimiento expreso e individualizado que le realicen los agentes de la autoridad".

Critican así que la indicación que se está dando a las fuerzas y cuerpos de seguridad es que "inicien expediente sancionador de manera directa cuando entiendan que no se cumple uno de los supuestos de justificación de desplazamiento previstos en el decreto de estado de alarma" y por "la mera conducta, no por desobedecer a una orden concreta del agente".

Tambien entidades como SOS Racisme han alertado del incremento de identificaciones basadas en perfiles raciales, y por ello reclaman que, durante el confinamiento, se generen mecanismos de control de las actuaciones policiales y de denuncia de malas praxis; así como incorporar mecanismos que exijan la justificación objetiva de las identificaciones llevadas a cabo por los cuerpos y fuerzas de seguridad.