Interior fija en 1.500 euros la multa por desplazarse a segundas residencias

El Ministerio del Interior ha remitido a las delegaciones de Gobierno una guía sobre las sanciones para aquellos que se salten las restricciones de movilidad durante el confinamiento. Según consta en el documento, que se basa en las infracciones a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana --conocida como ley mordaza--, durante el estado de alarma, desplazarse a una segunda residencia sin justificación estará penado con una multa de 1.500 euros.

La intención del Ejecutivo central, según indican desde el ministerio, es unificar criterios --también la forma en la que los agentes deben rellenar las actas, por ejemplo-- a la hora de imponer multas ante infracciones recurrentes como los desplazamientos no autorizados. En este caso, la sanción ascendería a 601 euros --1.500 en el caso de ir acompañado de más personas--, y podría llegar a los 10.4000 en caso de "actitud inapropiada del infractor" cuando esta incluya "violencia, y amenaza" --siempre que no se incurra en un ilícito penal--. 

Menosprecio e intimidación

Incumplir las restricciones durante el estado de alarma puede suponer una multa más elevada por su "actitud inapropiada": 2.000 euros si hay "menosprecio" o 3.000 euros si hay "intimidación, cuando no constituya infracción penal".

En los casos en el que infractor sea reincidente la multa será de 1.200 euros, pero si es en actividades no permitidas en establecimientos comerciales o industriales el cuadro enviado por Interior a las delegaciones propone elevar la sanción a 2.000 euros.

Menores o personas con discapacidad

La presencia de menores, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, "en especial en un vehículo sin causa justificada", debe ser sancionado con 1.500 euros, lo mismo que si se detecta desplazamiento no autorizado en compañía de otras personas.

Un documento que también contempla 700 euros de multa por la "no identificación inicial debido a dificultades propiciadas dolosamente por la persona infractora" y de 1.500 euros por la "actuación deliberada del infractor para evitar o dificultar su identificación".