La mejor escuela pública se queda en manos de las clases medias

Un fenómeno recorre la escuela catalana. Un cambio que se ha gestado en los últimos años, producto de la crisis económica, pero también por la falta de un plan real por parte de la Generalitat, que pone parches como puede, pero que tampoco ha pensado, con los diferentes gobiernos, en rehacer el statu quo. Esa es una reflexión de sociólogos, como Xavier Bonal; de profesores, como Ramon Font, portavoz de Ustec, o de padres de alumnos, como Matías Fidemraizer, miembro de la Asamblea de la escuela Auró, en Terrassa. ¿Qué sucede? Que los mejores colegios, los que adoptan proyectos innovadores, se quedan en manos de las clases medias, que vuelan de las centros públicos, aunque tampoco se decantan por los centros concertados.

Es la triple red, de la que el propio Síndic de Greuges, Rafael Ribó --siempre más atento a otras cuestiones-- ha dado la señal de alarma. ¿Por qué? Porque, si ese fenómeno se generaliza, la propia función de la escuela pública y la idea del ascensor social quedaría totalmente rota en Cataluña, a pesar de que ese ha sido el mensaje del nacionalismo desde la recuperación de la Generalitat.

Escuela Encants de Barcelona

Sin culpar a las familias

Todo está relacionado con la llamada segregación escolar. El ejemplo lo ofrece Fidemraizer, cuando se refiere a las escuelas concertadas. “La escuela pública infantil y de primaria Auró, antes President Salvans, situada en el barrio humilde del sur de Terrassa, es un gueto escolar --concentración de dificultades sociales y educativas-- donde más del 90% del alumnado es de ascendencia marroquí. Se encuentra devaluada y prácticamente sin nueva matrícula, mientras que en un radio de 600 metros hay dos escuelas privadas concertadas que disfrutan de una sobredemanda”, señala, para explicar cómo después los padres y madres reaccionaron para intentar dale la vuelta.

Esa es una realidad en muchos barrios de las grandes ciudades catalanas. El economista y sociólogo Xavier Bonal, que ha analizado el fenómeno con estudios a través de la Fundació Jaume Bofill, (ver los dos vídeos que acompañan esta información) señala que el modelo educativo se centra en las propias escuelas, “y no como en Europa, en los propios territorios”. ¿Qué quiere decir? Que los padres y madres de alumnos, “legítimamente y sin que tengamos que culparlos de nada”, como indica Fidemraizer, eligen los centros que "consideran diversos socialmente y con enseñanzas públicas de calidad».

Pacto por la segregación escolar

En Cataluña el famoso derecho a decidir se instaló hace años en el modelo educativo. Pero legalmente no existe. “Lo que hay es derecho a la expresión de preferencia”, como ha indicado Xavier Bonal. Pero esa elección se acaba produciendo, sin que la administración pueda fijar criterios más integradores. Sin embargo, el consejero de Educación, Josep Bargalló, ha asumido el reto y quiere modificar esa situación. Lo ha hecho a través del pacto contra la segregación escolar, que no firmó ni la Ustec, ni la Fapac, la federación de padres y madres de alumnos. La negativa se centra en que la Generalitat sigue primando la escuela concertada, y no modifica la cuestión de elección de los centros, aunque se reconoce algún avance: se restan los puntos que las familias podían tener si querían matricular a algún hijo en un centro en el que previamente ya tenían algún hermano.

Pero, ¿qué ha pasado? Centros educativos en Barcelona como Martinet, Encants, Congrés Indians, o Viladomat han adoptado proyectos innovadores para diferenciarse de otras escuelas, que atraen a esas clases medias, más formadas. El proceso, en esos centros, gusta a familias que desean diferenciarse y que disponen de más recursos, los suficientes para promover actividades extraescolares.

¿Qué país se quiere?

“Hay una cuestión clara y que los gobiernos de la Generalitat no han querido cambiar; un modelo que guarda relación con la realidad socio-económica”, señala Ramon Font. “¿Qué se quiere, alumnos más formados, o mantener una elite educativa, una parte formada mínimamente y el resto, como mano de obra?”. Es decir, lo que se haga en la escuela guarda relación directa con el tipo de país que se quiera lograr.

Los centros educativos se han encontrado con una oferta interesante, la que brinda la red Nueva Escuela XXI, que ha recibido recursos de La Caixa y de la Diputación de Barcelona. Se trataba de experimentar, de adoptar algunas prácticas de los sistemas nórdicos, pero que exige que las familias estén comprometidas.

Prestigio social

Bonal ha explicado las consecuencias de esa atracción. Habla de “clausura social”. ¿Qué significa? La oferta social, de carácter innovador --se trabaja por proyectos, se intenta dejar de lado la memorística, hay flexibilidad en la evaluación-- “refuerza su mensaje cuanto más accede a una clientela de un perfil social que, de forma explícita o implícita, le reclama ir de la mano en la estrategias de clausura social. De este modo, el proyecto educativo puede garantizar la calidad si, y sólo si, se asegura de que las familias que acceden al centro escolar están convencidas del mismo, se lo creen y lo defienden. La escuela obtiene a cambio una imagen de prestigio educativo y social y ser un foco de atracción para familias de clase media, siempre más fáciles de educar que las familias pobres”.

Escuela CEIP Martinet de Barcelona

La paradoja es que esas escuelas innovadoras pueden ser un instrumento muy valioso para hacer lo contrario a lo que se ha hecho. Lo señala el filósofo Oriol Pérez de Tudela, en calidad de padre de alumnos y de activista y conocedor de una realidad que ha dejado perplejo al propio consejero Bargalló. La escuela Pau Claris tenía y tiene un proyecto innovador, pero con una imagen negativa, que no atraía a las familias de la zona, en Fort Pienc, en Barcelona. Era un centro de “alta complejidad” como le llaman los expertos, con alta inmigración. Hasta el 18% de los centros educativos en Cataluña lo son. Y fue la voluntad de un grupo de familias de darle la vuelta a la situación, de clases medias más formadas, las que, matriculando a sus hijos, han conseguido buenos resultados académicos para los suyos y los alumnos inmigrantes. Fue una apuesta por la “inclusividad”, el voluntarismo de unos padres y madres que “creen en lo que debe ser una escuela pública, en un sistema educativo público”, según Pérez de Tudela.

Cultura de empresa privada

Las familias tienen responsabilidad, pero es la administración quien debe actuar. Fidemraizer lo explica con cierta tristeza: “Las cuotas que se cobran y no deberían han adoctrinado a las familias en los funcionamientos de la empresa privada”. Es decir, cuando una familia “coloniza”, en palabras de Bonal, una escuela pública, que llega de la concertada, cree que se pueden pagar cuotas y organiza actividades, a través de las AMPAS, dejando en una situación delicada a las que ya estaban.

¿Qué supone todo eso? Las mejores escuelas, las que han intentado mejores métodos, son “colonizadas” por las clases medias, y el propio sistema social se reproduce, sin que la escuela pública cumpla su cometido primigenio: ofrecer las mismas oportunidades a todos. En ese caso, Cataluña sería el ejemplo de un sistema que no pretende cambiar nada: quien tiene más poder adquisitivo se concentra en las privadas y concertadas --con dinero público--, los estratos sociales que les siguen por detrás entran en las escuelas públicas innovadoras, y los desclasados se quedan en centros públicos que ofrecerán “mano de obra barata, para mantener el modelo económico”, como insiste Ramon Font.

Quien mejor lo ha verbalizado es el propio Síndic de Greuges, a partir de un informe que alertó a la consejería de Educación: “La satisfacción de la demanda no puede ser el principal criterio de planificación educativa que se debe tener en cuenta, especialmente porque, con ese criterio, se reproduce la segregación escolar de nuestro sistema educativo. Satisfacer la demanda para garantizar la gobernabilidad del proceso de admisión del alumnado puede suponer dar cobertura a los desequilibrios en la composición social de los centros”. Es decir, dejar que se cumpla el derecho a decidir, y a seguir reproduciendo el sistema.