Las familias catalanas huyen de la escuela pública: 14.000 plazas sin asignar

Son las cifras de la segregación escolar. Uno de los problemas que arrastra el sistema educativo catalán, lo que favorece la existencia de guetos y la desigualdad social. Un total de 13.881 plazas públicas no han sido asignadas este curso 2019-20 en el segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Ocurre en grandes ciudades como Barcelona, Terrassa, L’Hospitalet de Llobregat, Girona y Reus. El motivo de esta no asignación es el número de solicitudes que se quedan sin cubrir o de padres que prefieren que sus hijos sean escolarizados en centros privados o concertados antes de matricularlos en la escuela pública asignada.

Según los datos de la propia Consejería de Enseñanza, un total de 3.352 plazas no fueron asignadas en el Segundo ciclo de Educación Infantil –frente a las 910 plazas privadas--, siendo Barcelona (767), Girona (89), L’Hospitalet (211), Reus (99), Sabadell (88) y Terrassa (120) las ciudades donde más plazas públicas quedan sin adjudicar. En Educación Primaria, las cifras son más elevadas, 6.010 (frente a 3.956 privadas no asignadas), de las que 1.214 corresponden a Barcelona; 368, a L’Hospitalet y 309, a Terrassa.

Asignaciones de plazas públicas y privadas en escuelas de Barcelona

Igualmente abultadas son las plazas en Secundaria, 4.514 (2.423 privadas), donde de nuevo es Barcelona (707) la más afectada.

En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la diputada del PSC Esther Niubó, el Departamento de Enseñanza, que dirige Josep Bargalló, precisa que son muy pocos los casos en que se acaba asignando “de oficio” una plaza en un centro privado concertado a un alumno o alumna que solicitaba como primera petición un centro público. Un total de 62 en toca Cataluña en P3 (17 en Barcelona) y 58 en Primero de ESO (30 en Barcelona).

Así es el procedimiento

El procedimiento, en este sentido, es el siguiente: en el supuesto de que no se pueda asignar ninguna de las peticiones elegidas por la familia del alumnado en cuestión (máximo de 10), ésta dispone de un plazo adicional de cinco días para poder ampliar su solicitud inicial, con hasta cinco peticiones más de entre las vacantes que quedan en ese momento”.

En el caso de que la familia no amplíe la solicitud con más peticiones, o bien no se le pueda asignar ninguna de las peticiones, el sistema informático asigna una plaza teniendo en cuenta las preferencias de la familia. En caso de desacuerdo, ésta puede formular una reclamación ante la comisión de garantías de admisión si no está conforme con la plaza asignada”.

El curso escolar comenzó este año marcado por la infrafinanciación pública en educación, lejos del 6% que marcaba la Ley de Educación en Cataluña (LEC) --actualmente dedica un 4% del PIB— y de la media de países de nuestro entorno, a la cola de inversión de los países de la OCDE. Tampoco ha habido avances significativos en el combate contra la segregación, pues Cataluña es de las regiones europeas donde el nivel de renta familiar más condicionan el rendimiento académico del alumnado.

El frustrado Pacto contra la Segregación

La Generalitat ha intentado en este mandato combatir esas desigualdades escolares a través del Pacto contra la Segregación Escolar que, sin embargo, no ha generado un consenso generalizado en la comunidad educativa. El pacto fue suscrito la semana pasada por ayuntamientos, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, y el consejero de Enseñanza, Josep Bargalló, pero con grandes ausencias: la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Cataluña (FAPAC), y el sindicato mayoritario entre los profesores, Ustec. Asimismo, el Col·lectiu d’Escoles contra la Segregació, que agrupa a padres y familias de centros clasificados como de máxima complejidad, se sumaron a esas voces que consideran insuficiente ese acuerdo. Aseguran que la LEC ya contemplaba toda una serie de mecanismos para evitar los guetos escolares, esto es, garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la cohesión en el alumnado.

Este colectivo --que representa a centros de Salt, Mataró, Barcelona, Reus, Martorell, Igualada y Granollers— elaboró quince recomendaciones para combatir eficazmente la segregación.

El estudio, llamado Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico en España sus comunidades autónomas y comparación con los países de la Unión Europea, elaborado por los profesores de la Universidad Autónoma de Madrid Francisco Javier Murillo y Cynthia Martínez-Garrido, destacaba que la Comunidad de Madrid, Canarias y Cataluña encabezan el ranking de comunidades con más segregación escolar. Lo hacen con base en datos del informe PISA y tras el análisis de 208.873 alumnos matriculados en 7.553 escuelas situadas en 26 países europeos.

Segregación escolar por comunidades

El Síndic de Greuges señaló, en un amplio estudio publicado en 2016, que nada se había hecho en ocho años por mejorar la situación. Así, mientras en el curso 2006-07, para garantizar una escolarización plenamente equilibrada del alumnado extranjero en Primaria, habría hecho falta cambiar de centro el 49% de este alumnado, en el curso 2013-14 esta proporción se sitúa en el 48%.

Según el Síndic, los diez municipios catalanes de más de 10.000 habitantes con más segregación interna de alumnado extranjero en Primaria son Terrassa, Cerdanyola del Vallès, Sabadell, Badalona, Tarragona, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, Girona, Lleida y Sant Adrià de Besòs (excluyendo la ciudad de Barcelona).

Segregación escolar por nivel socioeconómico / FUENTE: SAVE THE CHILDREN

Los diez municipios catalanes con más segregación en Secundaria obligatoria eran Sant Vicenç dels Horts, Badalona, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Olesa de Montserrat, Tarragona, L’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Sabadell y Sant Boi de Llobregat.

A diferencia de otras comunidades, Cataluña no ha revertido los recortes de las políticas sociales aplicados por el Gobierno de Artur Mas.

El Parlament ha aprobado varias resoluciones para solucionar esta situación, entre ellas una moción presentada por PSC-Units favorable a destinar los recursos necesarios para combatir las desigualdades que genera la segregación escolar, los recortes en la escuela inclusiva, la eliminación de las subvenciones del Govern a la educación de 0 a 3 años y la supresión de los comedores escolares en los institutos.