Amnistía para todos y Junts no quiere "menas"

Amnistía. La ley se aplica sin prisas pero sin pausa. Es la hora de los anónimos, de los jóvenes que en alegre comunión con los líderes de Procés se lanzaron contra la policía para defender la causa republicana, los condenados por lesiones, estragos, atentados contra la autoridad y demás delitos asimilables a los desórdenes públicos agravados. Y ahí están también los doce de la operación Judas, los miembros de un Comité de Defensa de la República (¿recuerdan?) que hacían prácticas con bombas y tenían planos y planes para alzarse en armas. Es cosa de ver cómo posaban con armas simuladas en actitud de héroes de pueblo y de la revolución soviética. Luego todos declararon que todo era mentira, que aquello era como un jueguito de rol, un divertimento, humor amarillo al fin y al cabo.

La Fiscalía se ve obligada a hacer manos y mangas para pedir el indulto allí donde antes pedía un porrón de años de cárcel. "Volantazo de la Fiscalía con los CDR: reclama la amnistía tras pedir 248 años de prisión por terrorismo", destaca al respecto el diario La Razón. En el sumario se explica que "Respalda la aplicación de la medida a los doce procesados porque no se les atribuyen graves violaciones de derechos humanos ni ninguna muerte". Escrbie Ricardo Coarasa: "La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama también la aplicación de la Ley de Amnistía para los doce integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo, para quienes pidió penas de hasta 27 años de prisión. Así lo ha puesto de manifiesto la teniente fiscal del citado tribunal, Marta Durántez, en la vista de cuestiones previas, en la que la representante del Ministerio Público ha defendido que "ninguno de los hechos" que se atribuyen a los procesados están excluidos del ámbito de aplicación de la medida de gracia, pues no se les achaca ninguna muerte ni graves violaciones de derechos humanos. Y es que la Ley de Amnistía excluye precisamente los delitos de terrorismo que supongan graves violaciones de derechos humanos o delitos con resultado de muerte, torturas o trato inhumano".

Sigue Coarasa: "Para la teniente fiscal -que ha acudido a la vista en sustitución del fiscal del caso por decisión "organizativa interna" del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso-, la aplicación de la ley en este caso "no ofrece duda" dada "la finalidad perseguida por el legislador" con la medida de gracia y teniendo en cuenta que los hechos investigados "están dentro del ámbito objetivo" de dicha norma. De ahí que, según fuentes fiscales, considera "procedente" acordar la extinción de la responsabilidad penal de los acusados y el sobreseimiento libre de la causa. En su escrito de acusación, la Fiscalía solicitó penas de ocho a 27 años de cárcel para los doce acusados -248 años de prisión en total- por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos y tentativa de estragos. Se da la circunstancia de que el fiscal que firmó ese escrito, Miguel Ángel Carballo, abandonó el tribunal en plena tramitación de la amnistía tras solicitar plaza de fiscal jefe en Ciudad Real".

Y: "El fiscal solicitó penas de 27 años de cárcel para ocho de los procesados -Eduardo Garzón, Esther García Canet, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomas, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Joaquín Delgado-, además de ocho años de libertad vigilada una vez cumplan la pena, mientras que para el resto (a quienes no imputa los delitos de tenencia y fabricación de explosivos ni de tentativa de estragos) -Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero- reclamaba condenas de ocho años de prisión por pertenencia a organización terrorista. Todos ellos -detenidos en 2019 en la "operación Judas"-, insistió en su escrito de acusación, formaban parte de "una organización terrorista paralela" cuyo objetivo era "llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias"".

La petición de amnistía abraza también al selecto grupo de ERC encargado de organizar el referéndum del 1-O. He ahí Lluís (el de las tetas gordas) Salvadó o el ínclito Josep Maria Jové, el hombre de la libreta Moleskine que ponía el precio republicano a la investidura de Illa en el pleno del "acto equivalente". Su juicio estaba previsto para uno de estos días del pasado mes de mayo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El caso es que el juicio se aplazó sine die y ahora la fiscalía también pide la amnistía para los denominados "cerebros" del 1-O. Ya se sabe que el Procés era una exageración. Leemos en El Mundo que "La Fiscalía Superior de Cataluña, que reclamaba siete años de cárcel, solicita exonerar a Josep Maria Jové, Lluís Salvadó, ambos ex colaboradores de Junqueras, y a la consejera Natàlia Garriga". El texto es de Cristina Rubio: "La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido al TSJ catalán que aplique la amnistía a Josep María Jové y Lluís Salvadó (ERC), considerados los cerebros del 1-O y estrechos colaboradores de Oriol Junqueras en el Govern en 2017, y también para la consejera de Cultura Natàlia Garriga por los preparativos del referéndum ilegal. Los dos primeros están acusados de malversación y prevaricación, y su juicio no ha llegado a celebrarse todavía tras el último aplazamiento por las elecciones del 12 de mayo. Ahora, el Ministerio Público sigue la orden que marcó el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y pide la amnistía para Jové y Salvadó. Pero matiza que lo hace "en estricta aplicación de los principios instrumentales de unidad de actuación y de dependencia jerárquica" con los que funciona la Fiscalía y "en el bien entendido" que "se encuentran subordinados a los valores superiores de respeto a la legalidad e imparcialidad, que constituyen el núcleo esencial de la función constitucional de este Ministerio y que rigen su actuación ante los tribunales"".

Sigue la nota: "De hecho, el teniente fiscal de la Fiscalía Superior catalana, Pedro Ariche expone en su escrito que no puede abordarse la petición de amnistía "desde una perspectiva meramente individualista", sino que su posicionamiento debe ser "consecuencia" de una "una respuesta integral de esta Institución (...) sujeta a la de la causa del procés en el Supremo. Es decir, si el fiscal general Álvaro García Ortiz ordenó amnistiar la malversación del 1-O, también hay que exonerar a Jové y Salvadó. La Fiscalía presentó hace 16 meses -en febrero de 2023- el escrito de acusación contra los colaboradores de Oriol Junqueras en 2017: reclamó siete años de cárcel y multa de 30.000 euros para el ex responsable de Economía de la Generalitat durante el 1-O, Josep Maria Jové actual diputado de ERC, y seis años y tres meses de prisión más 24.000 euros de multa para el ex secretario general de Hacienda Lluís Salvadó, actual presidente del Puerto de Barcelona, por los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación. El Ministerio Público también pidió sentar en el banquillo a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga por desobediencia grave por lo que se enfrenta a una multa de 18.000 euros y un año inhabilitación para ocupar un cargo público".

Y mientras pasa todo esto, el expresidente José María Aznar se presentó ayer en Barcelona sin bigote para hacer entrega del premio FAES a Josep Piqué a título póstumo. "Aznar defiende en Barcelona el Pacto del Majestic con CiU: 'No fue un chantaje ni una carta feudal'", apunta El Nacional. La pieza viene con la firma de Nura Portella: "La plana mayor de la derecha españolista en Catalunya se ha reunido este jueves en Barcelona para una ocasión especial: escuchar a José María Aznar en la entrega del premio FAES, la fundación que dirige, a la Libertad a Josep Piqué a título póstumo. Lo ha otorgado en un acto en el Palau Macaya un año después de la muerte de Josep Piqué a su viuda, la periodista Gloria Lomana. Con todo, este premio a quien fuera ministro y portavoz de los gobiernos de Aznar y después presidente del PP catalán, ha sido el pretexto perfecto para hablar sobre Catalunya —algo que hace prácticamente cada día— desde Catalunya. El exlíder del PP ha hablado del presente, con el Gobierno de Pedro Sánchez dependiendo del apoyo de los dos partidos independentistas al Congreso para mantenerse en la Moncloa y de la posibilidad de que se abra ahora con la amnistía una nueva etapa del procés. Pero también del pasado. Concretamente, del Pacto del Majestic, que firmó en 1996 con Convergència i Unió para llegar a la presidencia del Gobierno. Aznar se ha mostrado orgulloso desde la capital catalana de aquel acuerdo, que, ha recordado, fue público y en el que el propio Piqué (que todavía no era militante del PP) tuvo un papel importante: "En él no hubo ningún rastro de supresiones a la carta de tipos delictivos, indultos, amnistías o financiaciones negociadas unilateralmente. No fue un chantaje pasado a limpio ni una carta feudal para intercambiar investidura por impunidad y privilegio", ha sacado pecho Aznar, que ha querido dejar claro que no hay ninguna semejanza entre el acuerdo firmado con Jordi Pujol y los que enviados de Sánchez firmaron en Bruselas y Barcelona el pasado mes de noviembre".

Sigue Portella: "Aparte de aclarar que en aquel pacto no se transfirieron competencias en educación, respondiendo así a aquellos que a la derecha del PP aseguran, según el popular, que "los que critican el acuerdo con los nacionalistas hicieron lo mismo cuando les convino", Aznar ha asegurado que el Pacto del Majestic supuso un golpe para el independentismo en Catalunya: "Los españoles nos dieron mayoría absoluta cuatro años después y los índices de sentimiento secesionista tocaban suelo", ha presumido".

Más noticias. Cosas de Junts para evitar que Aliança Catalana le coma la tostada. "Junts solo apoyará el reparto entre comunidades de menores migrantes si excluye a Catalunya", señala La Vanguardia. El texto de la información viene sin firma y arranca así: "Junts no apoyará la reforma legal que promueve el Gobierno central junto al de Canarias para establecer un reparto obligatorio de los menores migrantes entre las comunidades autónomas con el fin de aliviar los recursos de zonas de llegada, como Canarias, a no ser que esta excluya a Catalunya. El Govern de la Generalitat, a su vez, exige modificaciones en el texto actual. El pasado martes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo, pidieron su apoyo en una futura tramitación parlamentaria como parte de una ronda de conversaciones con todos los grupos. La propuesta, gestada durante los últimos meses entre ambos gobiernos, pasa por una modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer un reparto obligatorio de los menores migrantes cuando una zona de llegadas –como Canarias en la actualidad– tenga sus recursos desbordados".

Sigue el texto: "Según han señalado fuentes posconvergentes, la formación rechaza esta propuesta tal y como está concebida porque choca con la negociación que actualmente mantiene con el PSOE para la delegación de las competencias en materia de inmigración, tal y como acordaron el pasado mes de enero. Sobre la misma no han trascendido apenas detalles por ahora, si bien el partido de Carles Puigdemont ha señalado varias veces que tienen su propuesta preparada. Para Junts no tiene sentido apoyar una ley que da potestad al Estado para decidir sobre la cantidad de menores que acogerá Catalunya cuando lo que pretenden, precisamente, es tener las competencias para decidir sobre cuestiones como esta. Por lo tanto, su propuesta para garantizar su apoyo a la iniciativa es que la proposición de ley o el real decreto –aún no se sabe la fórmula por la que se optará– incluya una disposición adicional en la que se excluya a Catalunya de este reparto obligatorio".

Y: "Así las cosas, no solo Junts ha expresado sus reticencias a la reforma, si bien es quien ha sido más contundente por ahora. Desde el Govern, en un comunicado del Departament de Drets Socials, se apunta que la reforma en la que trabaja la Moncloa “no da la respuesta adecuada a las circunstancias en las que se encuentra la Generalitat” y pide modificaciones en el texto. El Ejecutivo catalán reclama desde la conselleria que encabeza Carles Campuzano “que se reconozca la singularidad de Catalunya en la acogida de los menores extranjeros”, que incluye a menores de todos los territorios y no solo los procedentes de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla; que el texto respete en forma y fondo las competencias catalanas exclusivas en materia de infancia; que se evite la imposición unilateral del Estado así como un reparto “justo y equilibrado, con criterios claros y transparentes” entre los territorios y con la financiación adecuada".

Más informaciones. "Educación reduce la interinidad con más de 30.000 nuevos profesores funcionarios", revela El País. En el subtítulo añade que "La mitad de los aspirantes que realizaron las oposiciones en abril suspendieron; después de dos años de concursos la tasa de eventuales pasa del 31% al 5,6%". Escribe Ivanna Vallespín: "El sistema educativo cuenta con 31.153 profesores funcionarios nuevos, tras el concurso de méritos y las dos oposiciones celebradas en los dos últimos años para reducir drásticamente el alto porcentaje de interinos que existía. De hecho, si hace dos años uno de cada tres docentes no era fijo (31% de interinidad), actualmente esta proporción se ha hundido hasta el 5,6%, según datos proporcionados por el Departamento de Educación. Este macroproceso para estabilizar el personal interino emana de un toque de atención de Bruselas por la alta temporalidad en toda la Administración. Focalizado en el sector del profesorado en Cataluña, se ha traducido en la convocatoria de 36.441 plazas de funcionario a través de un concurso de méritos (se logra la plaza según la formación y experiencia) y dos oposiciones. “Ha sido un hito porque ha sido un proceso de mucha complejidad administrativa que no se había realizado nunca”, ha valorado la directora general de Profesorado, Dolors Colell, quien también ha admitido “conflicto” con los sindicatos y plataformas de interinos durante todo este tiempo".

Continúa la nota: "Las últimas oposiciones se celebraron en abril. De 17.764 inscritos finalmente se presentaron 10.113, pero solo aprobaron los exámenes 4.982 (un 49%). Pese a ello, 80 personas que superaron las pruebas se han quedado sin plaza, prácticamente todos maestros de infantil y primaria. En esta etapa se ha logrado ocupar el 75% de las vacantes. Pero en secundaria, donde se detecta una mayor dificultad para encontrar profesorado, el panorama es muy diferente: solo el 45% de plazas cubiertas. Con todo, de las 9.344 plazas disponibles en las oposiciones, han quedado desiertas 4.442 (47,5%), y se volverán a ofertar en la convocatoria del año próximo. Colell ha quitado hierro a estas cifras y asegura que son las habituales de cualquier concurso de oposición. Los porcentajes de suspendidos son superiores a las oposiciones extraordinarias de julio de 2023 (un 36%) porque esta convocatoria era especial y se diseñaron unos exámenes con menos temario y menos pruebas para facilitar que los interinos aprobaran. Con todo, 1.404 docentes que no superaron ni el concurso de méritos ni las oposiciones extraordinarias, sí han aprobado en la convocatoria de abril. Todo ello implica que en septiembre se contará con 31.153 nuevos funcionarios, que ahora deberán iniciar un periodo de prácticas y participar en un concurso de traslados para lograr el destino definitivo, de aquí dos o tres años. Con ello, se eleva el número de docentes funcionarios hasta los 77.000 y los de interinos cae a 4.500".

28 de junio, santoral: Ireneo de Lyon, Argimiro de Córdoba, Heimerado de Hassungen, Juan Southworth, María Du Zhaozhi y Pablo I papa.