Máxima tensión con la amnistía sumida en un atasco

Jornada eléctrica de máxima crispación. La dilación en las negociaciones sobre la investidura de Pedro Sánchez aumenta el desgaste. Cientos de manifestantes agitados por la ultraderecha frente a las sedes del PSOE, cargas policiales, detenidos. España es una caldera de aceite hirviendo. Jueces contra políticos mientras Puigdemont exprime su posición de privilegio. Tensión extrema. El Estado exhibe sus costuras, cada vez más tirantes. Un juez de la Audiencia Nacional imputa a Carles Puigdemont y Marta Rovira por terrorismo. La Fiscalía anuncia que recurrirá el auto. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente de renovación desde hace cinco años, emite un duro comunicado contra la amnistía. El PSOE negocia con Junts en Bruselas. En otras condiciones, la audiencia del Papa con Pere Aragonès habría sido la noticia del día. Hoy no es más que una fotografía con un texto al pie de la página de un día extremadamente bronco.

Los medios destacan la decisión del juez Manuel García-Castellón de empurar a los líderes políticos del procés. El auto se funda en los informes de la Guardia Civil, cuyo material de carga es la agenda del director de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay, un duro entre los duros que rodean al expresidente de la Generalitat. España entra en una dimensión áspera, crítica, con un peligroso punto de violencia ambiental.

"Los líderes caídos del procés buscaron un nuevo jaque al Estado a través de Tsunami Democràtic", apunta El Mundo. El texto es de Gerard Melgar: "Pese a que ningún dirigente independentista ha admitido nunca haber estado detrás de la creación de Tsunami Democràtic, su presentación en redes sociales a primera hora del lunes 2 de septiembre fue seguida inmediatamente, de forma orquestada, por mensajes en Twitter de los principales representantes políticos del independentismo, varios de los cuales habían asistido al cónclave suizo. Así, además de Puigdemont, Torra, Rovira y Aragonès, el presidente de ERC, Oriol Junqueras (estaba en prisión provisional), el ex consejero Lluís Puig (huido a Bélgica en 2017), el entonces líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart (en prisión provisional), el diputado republicano Ruben Wagensberg (investigado desde ayer en la causa que sigue la Audiencia Nacional) o el ex líder de la CUP David Fernàndez dieron la bienvenida al movimiento. «Es necesario recuperar la iniciativa en todos los ámbitos. Esta es una buena manera, inteligente. El compromiso con la no violencia nos hace más fuertes, que nadie tenga ninguna duda. Y sí, ahora comienza el tiempo de la reanudación», expresaba Puigdemont minutos después del bautizo de Tsunami".

Sigue el texto: "«Recuperemos la iniciativa. Con la no violencia y la desobediencia civil como herramientas, adelantémonos a la sentencia. Cambiemos el estado de cosas: Súmate al #TsunamiDemocratic. Tú eres el tsunami», proclamaba el mensaje de la puesta en escena de la plataforma, que ilustraba su propósito con un vídeo metafórico de medio minuto en el que un fogón de una cocina de gas se encendía y, en pocos segundos, provocaba la ebullición en un cazo lleno de agua. La reunión de Ginebra era en realidad la segunda parte de la que ya se había producido el 6 de julio. Puigdemont, Torra, Rovira, Aragonès y representantes de los partidos y las entidades independentistas se habían encontrado en la misma ciudad suiza para abordar la estrategia a seguir en el antes y el después de la sentencia del Supremo. Aquella cita llegó en un momento complicado en las relaciones entre Junts y ERC, pocos días después de que los posconvergentes hubieran pactado con el PSC la presidencia de la Diputación de Barcelona para la socialista Núria Marín, pese a que los números posibilitaban una entente independentista. Participaron también el líder de JxCat en el Parlament, Albert Batet, la ex diputada de la CUP Anna Gabriel, también fugada a Suiza en 2018 (en 2022 regresó a España), además de miembros de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium".

En Vozpópuli entran en otros detalles. Afirma el medio que el juez sitúa a Puigdemont en el origen del Tsunami. Firman la pieza Gema Huesca y Gonzalo Araluce: "El último informe de la Guardia Civil incorporado a las diligencias de Tsunami Democràtic da un papel relevante a Carles Puigdemont en la actuación de la plataforma radical. El magistrado le acaba de imputar por delito de terrorismo después de que los agentes le ubiquen en la coordinación de algunas de las actuaciones violentas y también en el mismo nacimiento del movimiento, en agosto de 2019. El oficio sitúa en la cúspide de Tsunami a un total de nueve personas, entre ellas la secretaria general de ERC Marta Rovira. No obstante, también desvela el acercamiento de este núcleo duro con algunos políticos independentistas de Cataluña, entre ellos los que destaca Carles Puigdemont. Hasta el momento, los agentes habían vinculado con el movimiento a personas del círculo de confianza del líder de Junts, tales como su asesor Josep Lluís Alay. Sin embargo en su último informe policial aluden a conversaciones mantenidas entre la mano derecha de Puigdemont con Jesús Rodríguez Sellés, uno de cerebros de Tsunami Democràtic. En concreto recogen mensajes intercambiados el 22 de agosto de 2019, dos meses antes de que el Tribunal Supremo emitiera su sentencia por el juicio del procés".

Líneas después se señala que "el informe, al que ha tenido acceso Vozpópuli, constata como Alay, en su condición de jefe de oficina de Puigdemont, escribió en su agenda personal varias entradas para ese mismo 30 de agosto de 2019 en las que asiste Puigdemont desde su exilio en Bruselas. Una de ellas recoge el siguiente apunte: Presidente-CP (Kanabo), en posible referencia, dicen los agentes, a Jaume Cabani. Este último fue uno de los máximos responsables de la financiación de la plataforma radical hasta el punto de que se han interceptado mensajes en el que le daba indicaciones de pago al empresario Josep Campmajó. En concreto, le ordenó hacer una transferencia bancaria de criptodivisas emitiendo mensajes como: Hola, ya he pagado los billetes, pepito. Si quieres de concepto puedes poner 'análisis oficinas y rastreo señales", le dijo".

Y: "Precisamente tanto las anotaciones de las agendas de Alay como otro mensaje que se intercambió Puigdemont con el empresario Josep Campmajó han sido las pruebas clave que han llevado al magistrado Manuel García Castellón a imputarle en las diligencias junto con una docena de personas. De Puigdemont dice específicamente que tuvo un "rol de liderazgo" en Tsunami Democràtic tanto por su implicación en los primeros compases de la plataforma como en las conversaciones que demuestran que estaba al tanto de sus actuaciones".

Según el magistrado, "los hechos anteriormente descritos pueden ser constitutivos de diversas infracciones, entendiendo este magistrado que, desde la provisionalidad inicial de este momento, pueden tener la consideración de actos de terrorismo".

La Fiscalía no opina lo mismo. Considera que los hechos cuadran más bien con los desórdenes públicos agravados, la figura que sustituyó el delito de sedición en la reforma del Código Penal que se atribuye a Jaume Asens. 

Entre tanto, sale a escena el CGPJ. Del texto de Pablo Gabilondo y Beatriz Parera en El Confidencial: "El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este lunes una declaración institucional contra la amnistía: "Constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales y del propio sistema de división de poderes en que se inspira nuestra Constitución y sobre el que se asienta el Estado de derecho". La propuesta ha salido adelante por nueve votos a favor, cinco en contra y uno en blanco. El pleno ha arrancado a las siete de la tarde con la presencia de todos los vocales salvo el progresista Álvaro Cuesta, quien consideraba que su simple celebración era "manifiestamente ilegal" y no quiso ver su nombre "en la relación de asistentes". La amnistía en principio se tramitará en el Congreso como una proposición de ley de los grupos parlamentarios y, por tanto, sin recabar informe del CGPJ, pero el bloque conservador logra ahora hacerse oír con esta declaración. "El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España", alertan. "Este Consejo no discute las potestades de los grupos parlamentarios con representación en las Cortes para realizar cuantas propuestas de leyes consideren pertinentes, pero tampoco puede aceptar que se acometa una iniciativa que cercene de una forma tan ostentosa los derechos fundamentales de los ciudadanos y las potestades que la Constitución reserva al poder judicial"".

Y: "El presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte, que también es de corte conservador, ha optado por desmarcarse del resto del bloque y votar en blanco. Según apuntan fuentes jurídicas, Guilarte redactará una explicación donde evidenciará sus preocupaciones respecto a la amnistía, pero, al mismo tiempo, cree conveniente esperar a que haya un texto propiamente dicho para que el CGPJ no entre en "el terreno estrictamente político"".

En medio del carajal, las negociaciones, que avanzan a trompicones, según se puede leer en la crónica que firman Iñaki Pardo Torregrosa y Beatriz Navarro en La Vanguardia: "El acuerdo entre Junts y el PSOE podría haber llegado ayer... y podría hacerlo hoy. “Puede llegar en cualquier momento”, apuntan fuentes conocedoras de la negociación, que prosigue entre ambas formaciones en medio de la ofensiva y la presión judicial, que ayer fue más acusada que en los días anteriores. Hubo una declaración del Consejo General del Poder Judicial contraria a una ley de amnistía, cuyo texto desconocen los vocales, que se aprobó gracias a los nueve votos del sector conservador. Además, la Audiencia Nacional dictó un auto en el que se imputa a doce personas por las protestas de Tsunami Democràtic del otoño del 2019, entre ellos Carles Puigdemont y Marta Rovira. Una circunstancia que no es nueva, puesto que en días anteriores, ya se habían acelerado otras causas relacionadas con el procés y se habían convocado protestas, como la que tendrá lugar en Barcelona este viernes con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como protagonistas".

Continúa la nota: "La plana mayor del partido de Carles Puigdemont se desplazó de nuevo a Bélgica entre el domingo y ayer a primera hora ante la posibilidad de que hubiera fumata bianca y también se encontraba allí el número tres de los socialistas, Santos Cerdán. Sin embargo, no hubo entente y se quedó allí un reducido grupo de dirigentes, con el secretario general, Jordi Turull, la líder de la formación en Madrid, Míriam Nogueras, y la presidenta del partido, Laura Borràs, como pasó la semana pasada. Otros dirigentes de Junts que se desplazaron a Bruselas tienen que estar presentes hoy en Barcelona, en el pleno del Parlament. Se trata de la presidenta de la Cámara catalana, Anna Erra, y de los también diputados Batet, Josep Rius, David Saldoni o Aurora Madaula. “Cuestiones técnicas” del ámbito jurídico, del redactado de la ley de amnistía, que afectarían a los casos que los posconvergentes consideran lawfare –uso de los tribunales con fines políticos y ánimo persecutorio por razones políticas­– siguen marcando las distancias entre ambas formaciones en la negociación para la investidura de Pedro Sánchez".

Y: "En JxCat quieren asegurar que casos que ellos asocian al procés pero no están directamente relacionados con la consulta del 9-N y el referéndum del 1-O sean amnistiados también. Tal sería el caso del exconseller Miquel Buch, condenado hace unas semanas por el escolta de Puigdemont, o del jefe de la oficina del expresident, el historiador Josep Lluís Alay, pendiente de juicio por asistir a un referéndum que tuvo lugar en Nueva Caledonia en otoño del 2020 y pagar el viaje con recursos públicos. O algunas de las piezas de la Voloh, una causa que se instruye en el juzgado número 1 de Barcelona con diversos investigados y delitos de distinta índole. En ese apartado hay quien también ha tratado de incluir a la presidenta de Junts, Laura Borràs, condenada en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya por irregularidades en su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes, o al abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, que está pendiente de juicio en la Audiencia Nacional. Al penalista se le acusa de blanqueo de capitales y falsedad documental junto al narcotraficante Sito Miñanco, a quien había defendido hasta el 2019. Con todo, los socialistas entienden que estas dos causas, aunque en determinados momentos sus protagonistas han señalado que son un ejemplo de lawfare, nada tienen que ver con el procés y en JxCat no se han defendido como los otros casos antes citados".

Hay más. La carpeta económica. "Junts y ERC exigen la condonación total de la deuda con el Estado: 73.000 millones de euros", avanza el Abc. El texto viene con la firma de Daniel Tercero: "En medio de las negociaciones del PSOE con Junts que se llevan a cabo en Bruselas (Bélgica), para la investidura de Pedro Sánchez, tras cerrar un acuerdo con ERC, los dos partidos independentistas han registrado en el Parlamento autonómico las conclusiones de la Comisión de Estudio sobre la Deuda Histórica del Estado español con Cataluña. En el documento se cifra que España ha robado a Cataluña 465.000 millones de euros, entre 1982 y 2022, y se exige la condonación de la deuda de la Generalitat: 73.000 millones de euros. Solo unos días después de conocer que los socialistas, para que Sánchez repita en La Moncloa tras el 23J, han aceptado perdonar a los catalanes la devolución de 15.000 millones de euros de los 73.000 millones que deben al Estado, contabilizados en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), Junts y ERC quieren más. Así lo definen en las conclusiones conjuntas de la comisión parlamentaria, según ha avanzado Junts en un comunicado y cuyo documento ha consultado ABC".

Continúa Tercero: "Esta «deuda histórica», defienden los de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, «ha tenido como consecuencia un grave perjuicio en el nivel de bienestar que tocaría a los catalanes de acuerdo con lo que aportan al Estado español». Cuando presentaron sus escritos por separado, en septiembre, difirieron en 15.000 millones esta «deuda histórica». Los de Puigdemont consideraban que era de 450.000 millones. Sin embargo, en las conclusiones transaccionadas han optado por la cifra de ERC: 465.000 millones. Así, para compensar este robo, Junts y ERC proponen una serie de medidas que se deberían aplicar, a la espera de que Cataluña consiga separarse de España. Antes, la Generalitat debería tener «una ley de financiación singular», es decir, que en la práctica se saliera del sistema de régimen común con el resto de comunidades autónomas (todas menos las forales: País Vasco y Navarra) y poner punto final al «déficit fiscal». Esta nueva norma pondría en práctica un modelo similar al del concierto vasco y navarro, con un cupo. La Agencia Tributaria de Cataluña tendría todas las competencias íntegras de recaudación de los impuestos y transferiría a la Administración General del Estado «una cuota de solidaridad entre Cataluña, como nación, y el Estado español» con el «principio de ordinalidad» como base".

En teoría, hoy se podría cerrar el acuerdo entre el PSOE y Junts, si bien crece la tentación en el partido de Puigdemont de alargar la agonía vistos los resultados, la división entre socialistas y PP y el daño a la convivencia. Y todo ello con detalles en los márgenes como la acusación al hijo de Conde Pumpido de violación. En España impera la ley de Murphy. 

7 de noviembre, santoral: Ernesto, Amaranto de Albi, Atenodoro de Neocesarea, Baldo de Tours, Cungaro de Congresbury, Engelberto de Colonia, Florencio de Estrasburgo, Herculano de Perugia, Hierón y compañeros, Lázaro estilita, Pedro Wu Guosheng, Prosdócimo de Padua y Wilibrordo.