Urquinaona en Madrid: Tsunami de ultraderecha

Batalla campal en Madrid. Urquinaona en la capital de España. Las protestas contra la amnistía degeneran en violentos incidentes y ataques a la Policía. Tsunami en versión contraria. No era eso, se lamentan en los despachos del PP. En el tenso y crudo entretanto, las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez entran en vía muerta. El independentismo más radical se solaza con la fractura de la convivencia y con los palos en las calles del foro. El hombre de Waterloo ha entrado en la misma zona de bruma que le llevó a descartar la convocatoria de unas elecciones autonómicas en favor de la independencia, aquella desconexión terminal.

La judicatura revienta sus propias costuras mientras las derechas dinamitan los restos de los puentes que quedaban en pie. La política se ha convertido en un campo de minas. Los hechos remiten a las convulsas jornadas de otoño del 17. Se vuelve a hablar de la repetición de las elecciones. Puigdemont ha destrozado lo que debía ser una operación relámpago, una investidura rápida, hechos consumados con una propuesta de olvido y perdón, aunque los mismos líderes que condujeron a Cataluña por el pedregal se nieguen a reconocer sus errores. 

La indisimulable enemistad entre republicanos y posconvergentes tiene efectos en el resto de España. Cataluña ha exportado el procés en su versión más descarnada y cainita. Las instituciones del Estado convulsionan. Es harto improbable que los estrategas de Waterloo hubieran previsto el impacto de sus divagaciones en las calles de Madrid. Pero no tardarán en reclamar la autoría del incendio de Roma.

"Ultras de extrema derecha revientan las protestas contra la amnistía en Ferraz", advierte El Confidencial, que añade en el sumario que "Durante las cargas policiales, se han producido al menos 39 heridos, 29 de ellos policías, y se ha detenido a seis personas". Escriben Alejandro Requeijo y Berta Tena: "La quinta noche de protestas contra la amnistía ante la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid derivó por segunda jornada consecutiva en enfrentamientos violentos entre la Policía y grupúsculos radicales de extrema derecha. Fuentes de Emergencias apuntan que durante las cargas policiales se han producido al menos 39 heridos, 29 de ellos agentes. Además, se ha detenido a seis personas por desórdenes públicos, cinco hombres y una mujer. Según datos oficiales de la Delegación de Gobierno, la concentración ha llegado a registrar la asistencia de 7.000 personas".

Sigue la crónica: "La convocatoria de este martes no había sido comunicada, pero las fuerzas de seguridad establecieron un fuerte dispositivo que solo en Ferraz congregó a tres grupos de las Unidades de Intervención Policial (UIP), que contaron con el refuerzo de uno adicional. Eso son aproximadamente 200 antidisturbios. Tal y como adelantó este periódico, la Brigada Provincial de Información detectó que en redes sociales se habían producido llamadas a acudir a la sede socialista, incluso entre grupos violentos como Bastión Frontal".

Y: "Como sucedió el lunes, la protesta discurrió sin incidentes de gravedad hasta que ganaron protagonismo individuos radicales que ocuparon la primera línea de la protesta embozados y encapuchados. Este martes se repitió el patrón y la concentración cívica saltó por los aires en torno a las nueve y media de la noche. Los radicales ganaron pronto la primera línea del vallado de seguridad establecido por la Policía para evitar que la gente se aproximase a la sede del PSOE. Hubo varios momentos de tensión hasta que el lanzamiento de petardos y objetos como cristales, latas de cerveza, huevos, bengalas e incluso una valla a la zona donde estaban los policías obligó a los uniformados a iniciar las cargas. En ese momento, quedaban varios miles de manifestantes en la intersección que une las calles Ferraz y Marqués de Urquijo, en el barrio madrileño de Argüelles. Lo que siguió después fue un correcalles por las avenidas adyacentes como Pintor Rosales, donde los enfrentamientos de radicales y policías, las barricadas incendiadas con contenedores, motocicletas y mobiliario urbano compartían espacio con la gente que a esa hora cenaba en las terrazas de la castiza avenida sin inmutarse".

En los despachos y pasillos judiciales se debate con ardor impropio el último movimiento del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, la imputación por terrorismo contra Puigdemont y Marta Rovira. Se desliza que un nuevo auto podría empurar a Quim Torra. Se discute también sobre el papel de la Fiscalía. 

"Los motivos de Fiscalía para no ver delito de terrorismo en Tsunami Democrátic", titula una de sus piezas El Independiente mientras otros diarios informan de un cambio de posición del ministerio público. En el referido digital, Irene Dorta escribe que "la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentará en los próximos días un recurso (de apelación) directo a la Sala de lo Penal, es decir, sin pasar antes por el juez Manuel García Castellón con quien no coincide en absoluto en su criterio al calificar los hechos de 'Tsunami Democràtic' como terrorismo. El Ministerio Público defenderá que los altercados fueron desórdenes públicos porque detrás no había organización o grupo terrorista alguno, según avanzan fuentes fiscales a El Independiente. El fiscal encargado, Miguel Ángel Carballo, tiene diez días para remitir su respuesta al dictamen del magistrado que alcanza al expresident Carles Puigdemont y la exsecretaria de ERC Marta Rovira como cabecillas de la plataforma que coordinó los altercados cometidos en Cataluña a finales de 2019 cuando se conoció la sentencia condenatoria para los líderes del procés".

Líneas después, Dorta explica que "la Fiscalía de la Audiencia Nacional emitió el pasado 19 de julio un informe en el que calificó esos disturbios como "acciones terroristas" porque señalaba que el asalto al aeropuerto de El Prat, el intento de bloqueo de los accesos a Barajas, el colapso de la frontera en Girona y otras acciones pretendían "aislar al Estado español de Europa en su frontera norte". Sin embargo, ese escrito fue remitido por el fiscal de guardia Joaquín González durante el verano cuando Carballo se encontraba de vacaciones porque un acusado pidió que el caso se trasladara a Cataluña, tal y como informó este medio, y era urgente emitir respuesta. Distintas fuentes fiscales afectadas advierten de que se trató de un error del fiscal por el desconocimiento de la profundidad del procedimiento".

Y: "Ese fiscal defendió que “la atribución de competencia en favor de la Audiencia Nacional" se basaba "en multitud de indicios incuestionables”. "La multitud de indicios de solidez incuestionable y que convergen en la hipótesis basada en la razonabilidad, de la comisión de un delito de terrorismo". Como Carballo (el fiscal que había llevado desde el principio el procedimiento) no coincidía en la calificación se envió un nuevo informe con fecha del 26 de julio con la firma del jefe Jesús Alonso advirtiendo del error.El Ministerio fiscal dijo entonces que era todavía prematuro calificar estos hechos y que se informaría de la posición del Ministerio Público más adelante. Es ahora cuando esta institución pretende señalar que bajo su criterio el asunto debe terminar en Cataluña".

En la contraparte, "Boye carga contra el juez del caso Tsunami por banalización del terrorismo y lawfare", según titula El Nacional. El texto es de Marta Lasalas: "La investigación por terrorismo que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha abierto en el caso Tsunami Democràtic puede incurrir en una banalización expresamente censurada por la Unión Europea que "prohíbe presentar como actos terroristas aquellos que no son más que el ejercicio legítimo de derechos fundamentales". Esta es la advertencia que el abogado Gonzalo Boye ha hecho a la Audiencia Nacional a través del escrito en que reclama acceso a la información del procedimiento contra el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y que le sean notificadas todas las resoluciones que se han dictado. El abogado sitúa el procedimiento contra Tsunami como una más de las causas de lawfare contra el independentismo o personas de su entorno, "incluso, hasta sus abogados"".

Líneas después Lasalas escribe que Boye "advierte que ha sido un error banalizar con este concepto porque los actos terroristas constituyen una de las violaciones más graves de los valores universales de la dignidad humana y los principios fundamentales en que se basa la UE. La voluntad del legislador de la Unión "impide la banalización del término y la criminalización de conductas que, como venimos diciendo, no son más que el ejercicio y disfrute legítimo de los derechos y libertades reconocidos, entre otros, a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE"".

El letrado de Puigdemont, que fue condenado por el secuestro de Emiliano Revilla, debe saber de qué habla.

En cuanto a las negociaciones propiamente dichas, sostiene La Razón que "Los negociadores reescriben la amnistía para salvar a Puigdemont". El texto es de Carmen Morodo: "La decisión del magistrado Manuel García-Castellón de reactivar la causa abierta a Tsunami Democrático, con la imputación del expresidente Carles Puigdemont, ha obligado a los negociadores a improvisar una revisión del texto de la ley de amnistía, ya pactada, para introducir, entre otras cosas, una corrección de última hora y un «supuesto» con el que intentar que no se cortocircuite la posibilidad de que el líder soberanista se beneficie de la absolución política –está pendiente también de que se reactive la orden de entrega y detención de la Justicia española–. El acuerdo estaba hecho este pasado domingo y entre los socios se llegó a especular con la posibilidad de que el anuncio pudiera incluso efectuarse en la tarde, aunque se impuso la lógica de que se conocería este lunes, para que la investidura tuviera lugar esta semana, el día 8 –apuntaban–, en línea con el último calendario marcado por Moncloa. Pero la «bomba» de García-Castellón ha obligado a que los negociadores improvisen sobre la marcha una enmienda al texto, en un marco, por cierto, de desconfianza absoluta entre las dos partes. El perímetro de aplicación de la amnistía está en discusión, pero no ya sólo por los nombres de los que se está hablando y que no tienen una relación directa con los hechos del 1-O: el problema de última hora es cómo garantizar la salvación de Puigdemont, que está obsesionado con que los jueces y los resortes del Estado están moviéndose para echar por tierra su regreso a España sin cuentas pendientes con la Justicia. Le quita el sueño que después de que ERC ya le ha robado el titular de la amnistía, de la nueva mesa y hasta del verificador, acabe invistiendo a Sánchez como presidente, pero él se quede fuera del juego político por la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas".

Vaya, otra vez la estética. Un pacto que se iba a presentar el domingo por la tarde se aplaza al lunes, día en el que García-Castellón deja caer la imputación por terrorismo. El episodio recuerda aquel momento de madrugada de una jornada de octubre del 17 en el que Junqueras y Puigdemont pactan ir a elecciones y Santi Vila dice que es mejor esperar al día siguiente, que las elecciones no se convocan con nocturnidad. Y en aquella mañana en la que se debía hacer público el acuerdo salió el ínclito Rufián con sus 155 monedas de plata. 

En El Mundo encuentran otra discrepancia para salvar el acuerdo. "La 'nación catalana' bloquea el pacto político entre PSOE y Junts y se suma a las 'discrepancias técnicas' de la amnistía" titula el diario de Unedisa una pieza que viene con la firma de Raúl Piña: "Las diferencias no sólo se ciñen al perímetro del perdón, sino al pacto político que ambas formaciones negocian en paralelo a la ley de la amnistía. «Estamos trabajando sobre la ley y también algunos detalles del acuerdo político», constatan fuentes de la negociación. En el marco de ese acuerdo es donde Puigdemont exige a los socialistas la incorporación del «reconocimiento de Cataluña como nación». Como ya adelantó este diario la «nación catalana» era un escollo y ahora es una de las piedras que impide avanzar en el camino del pacto. De hecho las negociaciones están en punto muerto desde hace días, pese a que las partes insisten en el «seguimos trabajando», «hay avances». «Cataluña es una nación, una vieja nación europea, que ha visto atacada su condición nacional por los regímenes políticos españoles desde 1714», proclamó el prófugo de la Justicia el pasado 5 de septiembre. Una suerte de línea roja aún presente. «Estamos haciendo lo que no ha hecho ERC», trasladan fuentes de Junts. Un ejemplo más de la «pugna» que mantienen los dos partidos independentistas y que siempre ha sido el fantasma que ha sobrevolado las negociaciones y el temor en el PSOE a que fuera lo que hiciera descarrilar la investidura de Sánchez. El dardo de Junts a ERC es una alusión a que si los republicanos han exhibido la inclusión de grupos violentos como Tsunami o CDR en la amnistía, los de Puigdemont quieren colgarse la medalla de una amnistía total, incluso a causas más allá del 1-O".

Sigue el texto: "Y una segunda derivada. El pacto firmado entre el ministro Félix Bolaños y Oriol Junqueras recoge como un «problema de naturaleza política del conflicto que nos ocupa» el «debate sobre el reconocimiento nacional de Catalunya [sic] y la forma de vehicular dicho reconocimiento a través de la política, del ordenamiento jurídico y de las instituciones, respetando tanto el principio de legalidad como el principio democrático». Este logro obliga a Puigdemont a tener que obtener un rédito mayor. Al menos a intentarlo, forzarlo. De ahí que establezca su exigencia de «nación catalana» como condición sine qua non. La aspiración no es un debate, sino el reconocimiento directo. La fricción, desde hace días, se sitúa en el propósito de acordar con los socialistas una fórmula. «Lo determinante es el reconocimiento nacional de Cataluña y por tanto, su derecho a la autodeterminación», advirtió Puigdemont a principios de septiembre".

Y: "Se multiplican las tensiones y el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, hombre clave en el enfoque que la derecha dio al procés , pide que el PP se siente en el banquillo del caso Kitchen, operación en la que presuntamente se utilizó a la Policía para intentar neutralizar a Luis Bárcenas y evitar que explicase cómo se financiaba el partido. Un escándalo mayúsculo si aplicásemos el baremo portugués. Portugal tiene problemas con el litio; España, con el uranio enriquecido".