“Yo fui espiado por los Mossos d'Esquadra sin autorización judicial”

Los Mossos d’Esquadra realizaron seguimientos de políticos, periodistas y activistas contrarios al procés sin autorización judicial y sin que hubieran cometido ningún delito. Siete personas espiadas, entre ellas un mosso que rechazó incumplir la ley, explican a Crónica Global su experiencia, pendientes de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se pronuncie. Critican duramente el doble rasero de los independentistas, indignados porque fueron vigilados por el CNI, mientras que en 2018, Junts per Catalunya, ERC y la CUP impidieron que el Parlament creara una comisión de investigación. El veto fue muy criticado por PSC, Ciudadanos, los comunes y PP.

Las denuncias presentadas por los afectados fueron archivadas por la Audiencia de Barcelona con el argumento de que los seguimientos se llevaron a cabo para protegerles en una época convulsa. “¿Protegernos? ¿Entonces por qué intentaron destruir los informes?”, se pregunta David José Mañas, que en aquellas fechas era secretario general del Sindicato de Policía de Cataluña (SPC). Mañas se puso al lado de la ley cuando el Gobierno independentista puso a los Mossos al servicio del procés.

La Policía Nacional reconstruyó un informe de los Mossos sobre los seguimientos a constitucionalistas

El espionaje saltó a la luz cuando la Policía Nacional se incautó de documentación de los Mossos cuando iba a ser destruida en la incineradora de Sant Adrià de Besòs. El sindicalista transmite su indignación por el hecho de que también fueron espiados su exmujer y su hijo. “Todo lo que están diciendo los independentistas sobre el caso Pegasus me lo podría aplicar yo. Pero, en su caso, sí había una orden judicial, no en el nuestro. Nosotros no habíamos cometido ningún delito”. Se enteró de los hechos por los medios de comunicación y, hoy por hoy, nadie le ha dado ninguna explicación. “Pero estamos muy pendientes de lo que diga el TEDH”, asegura.

"Apoyo al secesionismo"

Con la documentación incautada en la incineradora, la Policía Nacional elaboró un informe en el que exponía que el supuesto espionaje se enmarcaría “en una manifiesta labor de apoyo a la ejecución de la hoja de ruta del secesionismo, controlando para ello todos los colectivos, personas y sus actividades que se oponían a éste con la finalidad de subvertir el orden constitucional”. El juez abrió la causa para determinar si ello era así, pero la Audiencia no vio delito en la actuación de los Mossos. 

Sin embargo, el abogado José María Fuster-Fabra, también espiado, agotó todos los recursos de la justicia ordinaria hasta llegar al Tribunal de Estrasburgo. Al igual que el resto de afectados, se enteró por los medios de comunicación de esos seguimientos, que en su caso incluyeron la boda de un familiar suyo celebrada en Madrid. El letrado está especializado en la defensa de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También a agentes de los Mossos d’Esquadra. “Yo no pregunto por la ideología cuando defiendo a un cliente. A título particular, varios mossos me expresaron su apoyo. ‘No te lo mereces’, me decían. Pero a nivel institucional nadie me ha dicho nada”, explica Fuster-Fabra.

Subraya que ninguna de las 14 personas que aparecen en la lista de espiados habían cometido algún delito. Y que no hubo orden judicial que justificara los seguimientos. “Los independentistas sí cometieron un delito y además dicen que los volverán a hacer. En su caso sí había orden judicial. Además, nosotros no estábamos conectados ni organizados”, explica el abogado.

La Policía impidiendo el acceso a los Mossos a una incineradora de Sant Adrià / CG

“¡Es escandaloso! Nos tenían controlados”, exclama el periodista Albert Castillón, quien se enteró de que estaba incluido en esa lista en plena emisión del programa Espejo Público de Antena 3, en el que colaboraba. El informe de los Mossos en el que aparece Castillón fue reconstruido por la Policía Nacional, pues había sido cortado en pedazos, y salvado de la quema. En él aparece vinculado a una manifestación celebrada en Barcelona el 19 de marzo de 2017 bajo el lema Aturem el cop separatista (Paremos el golpe separatista). En ella participaron otros espiados que también han hablado con este medio. “Yo iba con mi hijo menor de edad. Me identifican como simpatizante de Ciudadanos. Sufres gran indefensión. Acudí al Colegio de Periodistas de Cataluña y me dijeron que, en dos meses, cuando se calmara la situación, se pronunciarían. Han pasado cinco años”, afirma.

El periodista cree que la masiva asistencia a la manifestación, 30.000 personas, “asustó a los Mossos, nunca habían vivido algo así”.

"Desamparo"

Alberto Fernández, expresidente del PP catalán y exlíder municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, también fue espiado, aunque no presentó denuncia. “Los independentistas tienen la piel muy fina y constantemente están aplicando una doble vara de medir. Cuando hemos sido amenazados, e incluso agredidos, dan como respuesta el silencio y se califican los hechos de delito leve. Una postura muy diferente a cuando ellos son las víctimas, pues entonces se habla de delito de odio”, explica el popular.

“¿Qué valor tiene un informe sobre personas que están en la cabecera de una manifestación, si todos los medios de comunicación van a publicar imágenes? Ellos no tenía cobertura judicial. El CNI sí. Vivimos una situación de desamparo”, se pregunta.

“Yo fui espiado desde la propia Generalitat y nadie se rasgó las vestiduras por ello”, exclama el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona Paco Sierra, que tuvo conocimiento de lo ocurrido “por una información de El Periódico que informaba del espionaje que había sufrido gran parte del mundo constitucionalista. Periodistas, políticos, profesionales liberales…”. “La Policía se había incautado de papeles que iban a ir a la incineradora, donde se explica con quién me reúno, a dónde voy… Nunca me dieron explicaciones por ello”. No presentó denuncia porque “los hechos ya tenían un cauce judicial” y consideró que no era necesario. Al igual que el resto de afectados, acusa a los secesionistas de “ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio” cuando se trataba de investigaciones ilegales recordando que las actuaciones del CNI estaban autorizadas por el Tribunal Supremo.

La lista de controlados es larga e incluye a Carlos Carrizosa y Albert Rivera, compañeros de partido de Sierra; Barcelona con la Selección, entre otros.

"Los famosos 'mortadelos'"

El empresario y expresidente de Sociedad Civil Catalana (SCC) Josep Ramon Bosch recuerda cómo el Juzgado de Instrucción 22 “decidió en un principio archivar alegando que no hubo espionaje, sino que se pretendía garantizar” su seguridad. “Todo absolutamente surrealista. Los famosos mortadelos con el comisario Manel Castellví al mando nos espiaron, nos siguieron, entraron en nuestra vida personal y privada. Hay algunos episodios que yo no he contado, como que algunos individuos próximos a los Mossos se quisieron infiltrar en SCC. Parte incluso de la denuncia que presentó Toni Albà contra mí fue obtenida a través de los Mossos, con historias falsas”.

Manel Castellví, excomisario de información de los Mossos

“Nos sentimos absolutamente abandonados. Intentaron destruir nuestra vida. No encontraron nada, pero hicieron todo lo posible para que así fuese”, lamenta Bosch.

Mariano Gomà, arquitecto, expresidente de SCC y presidente de Foro España, coincide en esa doble vara de medir del independentismo. “Lo nuestro no importaba porque éramos unos ciudadanos cualquiera. Yo fui controlado y vigilado por todos esos que se rasgan las vestiduras ahora”, afirma.

Atribuye su caso al hecho de presidir Sociedad Civil “durante los años de las grandes manifestaciones en contra del procés”. Por prudencia, evita explicar situaciones y seguimientos personales que le constan, pero considera injusto que “hayan rodado cabezas” en el CNI y que los independentistas ahora estén en la Comisión de secretos oficiales del Congreso.