El juez sostiene que los seguimientos de Mossos a constitucionalistas eran para "protegerles"

La Audiencia de Barcelona avala el archivo de la causa sobre el supuesto espionaje de los Mossos d’Esquadra a dirigentes constitucionalistas durante la etapa del mayor Josep Lluís Trapero. Concluye que los seguimientos fueron para evitar agresiones en una época “convulsa” en Cataluña, y descarta así cualquier motivación política.

De este modo, la sección sexta de la Audiencia de Barcelona confirma la decisión del titular del Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona, que en enero dio carpetazo a la investigación. Sin embargo, en marzo, el órgano provincial reabrió el caso por el supuesto espionaje al expresidente de Societat Civil Catalana Josep Ramon Bosch. No ha encontrado nada punible, aunque matiza que el archivo es provisional, y no definitivo.

Documentos salvados de las llamas

Todo deriva de la documentación de los Mossos d’Esquadra que se incautó la Policía Nacional cuando la iban a incinerar en vísperas de la DUI. Entre esos papeles, la Audiencia de Barcelona explica que también había informes sobre personas vinculadas al yihadismo, grupos anarquistas tildados de “violentos” y organizaciones de “ultraderecha”, por lo que cuestiona que hubiese una orden general de investigar a “rivales políticos”.

Con esa documentación en su poder, la Policía Nacional remitió un informe a la Audiencia Nacional en el que exponía que el supuesto espionaje se enmarcaría “en una manifiesta labor de apoyo a la ejecución de la hoja de ruta del secesionismo, controlando para ello todos los colectivos, personas y sus actividades que se oponían a este con la finalidad de subvertir el orden constitucional”. El juez abrió la causa para determinar si ello era así.

Archivo provisional

En este sentido, la audiencia reconoce que, en un momento inicial, no cabía excluir la plausibilidad de esta hipótesis, pero que una vez efectuadas las correspondientes comprobaciones, la Audiencia Nacional rechazó asumir la investigación, lo que “devaluó el peso acreditativo” de ese informe. El examen de la documentación intervenida pone de relieve que no se llevó a cabo “acción alguna” de obtención de información por parte de los Mossos d’Esquadra que, por sí misma, pudiera constituir delito de alguna clase.

También descarta que, aunque los métodos no fuesen delictivos, se diera alguna instrucción general de investigar y obtener datos de determinadas personas y colectivos por razón de su ideología: la investigación acredita que también se indagó sobre otros perfiles políticos y sobre eventos que podían alterar el orden público. Con todo, no cabe descartar “definitivamente” que en un futuro puedan surgir “nuevos elementos de convicción” que aconsejen la reapertura de las actuaciones.