Torra sopesa dimitir tras la sentencia del Supremo

“No aceptaré una sentencia que no sea absolutoria”. Esta es la advertencia que, en los últimos días, ha reiterado Quim Torra en los actos de partido (que no de gobierno) a los que ha asistido esta semana, primera del nuevo curso político

Semana intensa --convocatoria de una Diada en clave independentista, primer aniversario de los días 6 y 7 de septiembre en los que se aprobaron las leyes de ruptura-- en la que el presidente catalán amagó con la desobediencia. O al menos es lo que quiso demostrar con esa predisposición a no acatar las condenas que puedan derivarse del juicio contra los dirigentes independentistas procesados por organizar el 1-O. Sin embargo, fuentes parlamentarias apuntan a un nuevo “farol”, en la línea de lo apuntado por la exconsejera Clara Ponsatí, pues al parecer, la ignota hoja de ruta independentista pasaría por la dimisión de Torra, una vez se conozca el contenido de ese fallo judicial.

"Torra no va a abrir las cárceles"

“Ni Torra va a abrir las cárceles ni puede impedir una ejecución de sentencia. Pero sí dimitir para dar paso a un nuevo candidato y convocar elecciones”, aseguran fuentes del entorno del president. El juicio por el 1-O se presume inminente, aunque todavía no se han presentado los escritos de acusación de la Fiscalía. Pero la vista oral podría celebrarse antes de que finalice este año. Y la voluntad de los jueces del Tribunal Supremo es resolver también con rapidez.

Descartado un pacto para suavizar las condenas, pues ni el ministerio fiscal ni los propios inculpados se pueden permitir esa negociación --obviamente por motivos diferentes--, lo cierto es que las perspectivas de los inculpados no son halagüeñas. Es decir, que es poco probable que los delitos imputados se reduzcan a desobediencia y/o malversación y se descarte la rebelión. Fuentes judiciales hablan de sentencias duras. Y, ante esa perspectiva, Torra y Carles Puigdemont, que sigue moviendo los hilos desde Waterloo, se encomiendan a la movilización ciudadana para mantener la tensión hasta un nuevo adelanto de los comicios autonómicos. El expresidente fugado así lo desea, convencido de que a esa agitación, que pasa por una “marcha por los derechos civiles” al estilo Martin Luther King, se le puede sacar rédito electoral.

Sin hoja de ruta secesionista ni acción de gobierno

¿Volver a empezar? Está claro que Junts per Catalunya está entregada a una estrategia de distracción, consistente en ocultar, no solo su enfrentamiento con ERC, sino la ausencia de un proyecto de implementación de la república catalana. La conferencia pronunciada el pasado martes por Torra en el Teatre Nacional de Catalunya había despertado una cierta expectación ante la perspectiva de que el dirigente independentista explicara sus planes para el nuevo curso político. No lo hizo. Ni en lo que respecta a la implementación de la república catalana ni a la acción de gobierno. Así se lo reprochó la CUP y la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

JxCAT y ERC necesitan del apoyo de los antisistema para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat para 2019. Los necesita más que nunca, ya que las suspensiones de los diputados procesados ha colocado a las formaciones independentistas en una posición parlamentaria muy precaria. De hecho, la ausencia de plenos hasta octubre se debe a la incapacidad de JxCAT y ERC de ponerse de acuerdo respecto a si Carles Puigdemont debe renunciar al acta de diputado y pedir una especie de excedencia parlamentaria.

Minoría parlamentaria

El juez Pablo Llarena dejó en manos de la Mesa del Parlament decidir la situación en la que quedan los diputados procesados, lo cual ha abierto un nuevo frente en la difícil convivencia entre los republicanos, que tienen a su líder Oriol Junqueras encarcelado, y los neoconvergentes, con Puigdemont fugado.

La CUP ha salvado a los socios de Govern en varias ocasiones, pero en esta ocasión parecen estar dispuestos a romper la baraja. Quieren hacer efectiva la república ya. Y Puigdemont solo pretende ganar tiempo, aunque no se sabe muy bien para qué. Sigue siendo el “presidente legítimo”, dicen los suyos. Y de hecho controla los movimientos de Torra desde Waterloo. Pero lo cierto es que la Generalitat está actualmente bloqueado. “Hay una sensación de provisionalidad, no hay grandes proyectos en perspectiva y los agentes empresariales y sociales que se reúnen con los consejeros salen con la sensación de que esta legislatura tampoco se agotará. O se echa la culpa al artículo 155 o se pide tiempo”, afirman el asistente a un encuentro sectorial del Govern.