La gran jugada de Torra para blindar los 'negocios' convergentes

A falta de liquidez para emprender grandes obras públicas o adjudicar servicios como los de las ITV –que llevaron a Oriol Pujol, dirigente de CDC a la cárcel--, las grandes operaciones se han trasladado a los ayuntamientos y diputaciones. De ahí que la Generalitat de Cataluña se marcara el propósito de controlar esos contratos municipales. Tanto Quim Torra como antes Carles Puigdemont, han puesto a sus equipos jurídicos al servicio de ese objetivo. Aunque el quién es quién en la cúspide de los abogados de la administración catalana demuestra que la alargada sombra convergente se remonta a la época de Jordi Pujol.

“¿Cómo se puede controlar el amiguismo, evitando al mismo tiempo que se incurra en ilegalidades en los ayuntamientos? Pues a través de la supervisión de la contratación administrativa”, explican fuentes jurídicas conocedoras de la estructura gubernamental. Y apuntan a Francesc Esteve, director de los Servicios Jurídicos, como pieza clave.

La Audiencia de Barcelona ordena el ingreso en prisión de Oriol Pujol (enero 2019) / EP

Un perfil más político que técnico

Hijo del expresidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, detenido por el supuesto desvío de subvenciones del tercer mundo a fundaciones vinculadas a CDC, la elección de Francesc Esteve en junio de 2017 como máximo responsable de los abogados de la Generalitat sorprendió en medios judiciales, pues el cargo exige ser jurista de reconocido prestigio, tal y como informó Crónica Global. Hasta esa fecha había ocupado cargos técnicos, pero con fuertes connotaciones políticas.

En 2009 fue nombrado gerente del Ayuntamiento de Premià de Mar (Barcelona) en sustitución de Francesc Sánchez, abogado y exdirigente de CDC, responsable de la transición del partido hacia el PDeCAT. Sánchez fue detenido a principios de 2017 por su supuesta implicación en el caso 3%, sobre la financiación irregular de Convergència mediante el cobro de comisiones por obra pública. De Ayuntamiento de Premià pasó al de Mataró y de ahí, a la secretaría general del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, cargo que le llevó a ser incluido en una querella de la Fiscalía junto a la titular del departamento, Meritxell Borràs, por la compra de urnas para el referéndum del 1-O.

El número dos de Esteve

Las mismas fuentes citadas explican que la carrera de Esteve no se entiende sin el papel de Xavier Uriós, conocido como el Underwood –el personaje de la famosa serie House of Cards-- de los servicios jurídicos de la Generalitat. Uriós, cuenta un abogado que conoce los entresijos palaciegos, tuvo un rápido ascenso gracias a su proximidad con UDC. Eso le llevó a ser subdirector de Servicios Consultivos muy joven, cuando Albert Raventós dirigía el Gabinete Jurídico de la Generalitat. Durante el primer gobierno tripartito, Uriós se volvió una pieza clave del equipo jurídico de Pasqual Maragall con Jaume Galofré al frente.

Xavier Uriós, abogado de la Generalitat, durante su declaración como testigo en el juicio del 'procés' / CCMA

La esposa de Uriós, Mercedes Nieto, también abogada de la Generalitat, formó parte del núcleo inicial de Ciudadanos. Parece ser que Uriós asistió a algún acto cuando la plataforma no se había convertido todavía en partido.

Asuntos Contenciosos

Uriós pasó a ser abogado jefe de Gobernación –cada consejería tiene su equipo de juristas— y una vez superada la época de Cs, se ganó la confianza de los dirigentes de ERC. Aunque tras el gobierno tripartito, frecuentó de nuevo mítines de CiU. Por ello se mantuvo en Gobernación con Borràs, cuando Convergencia retomó el poder. Es entonces cuando se forja la amistad con Esteve, entonces secretario general. Cuando este último es nombrado director del Gabinete Jurídico, se llevó a Uriós como número dos y le nombró director general de Asuntos Contenciosos.

Y si importante es el quien es quien, también lo es la reestructuración que se llevó a cabo en 2019, cuando la Dirección General de Administración Local, que siempre había dependido de Gobernación, pasó a la Consejería de Presidencia, donde la mujer de Nieto fue nombrada como abogada jefe. Asimismo, el Gabinete Jurídico pasó a controlar la gestión de la supervisión de los contratos administrativos, participando en las ponencias previas del Tribunal de Contratos.

Ayuntamientos y diputaciones

De esta forma, el Gabinete controla todos los contratos administrativos de la Generalitat, pero muy especialmente, todos los de los ayuntamientos y las diputaciones. El Jurado de Expropiación Forzosa también pasó a Presidencia, cuando siempre había dependido de Gobernación. “Así, cualquier pequeña o gran obra, cualquier contratación, queda controlada por Francesc Esteve y el gabinete jurídico”, rematan los abogados consultados.

Margarida Gil Domènech, miembro del Consejo de Garantías Estatutarias

Los polémicos nombramientos en ese núcleo jurídico de la Generalitat se remontan a la época de Artur Mas. Esteve sustituyó a Margarida Gil —con un historial profesional más completo que puede leerse aquí—, quien accedió a ese cargo después de decidir que el Govern no presentaría acusación en el caso Palau, que recientemente ha acabado en condenas firmes y que destapó la financiación ilegal de CDC. Gil también apareció en el sumario de las ITV —por haber mantenido conversaciones con un magistrado investigado. La jurista es actualmente miembro del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE).

Protección de los altos cargos

Los servicios jurídicos del Govern afrontan ahora un nuevo cometido: proteger a los altos cargos de posibles responsabilidades judiciales. La Ley catalana 5/2020, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público --conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos-- blinda a los altos cargos del sector público catalán de rendir cuentas judiciales y económicas ante posibles negligencias en su gestión. A partir de su artículo 103, la ley introduce modificaciones en la regulación de la función pública [puede leerse en este enlace].

Esas novedades legislativas preconizan un auténtico caos en la Generalitat, ya que obligará a movilizar licenciados en Derecho muy especializados en su ámbito administrativo, pero que nunca han pisado un juzgado.