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Unipost se lava las manos sobre la malversación

Los testigos de Unipost se lavan las manos sobre su implicación en el 1-O

La declaración ante el Supremo de los trabajadores de la empresa de envíos deja en el aire el delito de malversación y aseguran desconocer que el pedido era para la votación ilegal

11.03.2019 18:33 h.
4 min

Los tres trabajadores de Unipost que han declarado este lunes ante el Tribunal Supremo se lavan las manos sobre una posible malversación de fondos públicos perpetrada por el Govern cesado liderado por Carles Puigdemont.

El jefe de producción, Albert Planas, y el director de operaciones, Juan Fuentes, han sostenido que en un primer momento desconocían que el envío masivo de cartas estaba destinado al referéndum ilegal. De acuerdo con su testimonio, no repartieron las cartas en los que se llamaba a los ciudadanos a constituir las mesas electorales --y que llevaban el membrete de la Generalitat-- ni tampoco cobraron por el servicio contratado cuyo precio se había pactado en un millón de euros.

Por su parte, Manuel Santos, el tercer testigo y responsable de distribución de la empresa de envíos --ahora en quiebra-- ha negado haber hablado con la Generalitat de ningun envío de la administración. "Los envíos no llegaron nunca", ha dicho Santos, "en mis dependencias, en Barcelona y Badalona, no llegaron los certificados".

Concurso público

El servicio de distribución fue adjudicado por Concurso Público. Unipost, que en aquel momento estaba en concurso de acreedores, fue también la responsable de encargarse del reparto de la propaganda electoral durante la consulta del 9 de noviembre de 2014 que promovió el expresidente de la Generalitat Artur Mas.

Además de estos tres trabajadores de la empresa privada, ha finalizado la rueda de declaraciones David Palanqués, del  Centro de Telecomunicación y Tecnologías de la Información (CTTI), que se ha negado a declarar al estar en medio de otro proceso judicial. El exdirector de Unipost, Pau Raventós, también se acogió a su derecho a no declarar al estar investigado en el juzgado número 13 de Barcelona por su presunta implicación en los preparativos del 1-O. 

El papel de Unipost

Con la declaración de los tres exempleados de Unipost, el presunto delito de malversación sigue en el aire. Aunque la Guardia Civil encontró facturas dirigidas a la Generalitat, no se reflejan en los registros ni en el albarán de la empresa de buzoneo, pese a su obligación. Esto puede significar que no se llegaron a pagar o bien, según las pesquisas del Instituto Armado, que se realizó "al margen de la Administración Concursal, pero utilizando los medios de Unipost".

Los informes realizados por la Guardia Civil, y que entregaron al juzgado número 13 y que éste remitió al Supremo, aseguran que un alto cargo de Oriol Junqueras, el director de Patrimonio de la Generalitat, Francesc Sutrias, mantuvo una reunión con los dueños de Unipost para abordar la destrucción de pruebas y cómo debían responder ellos y los trabajadores a la Guardia Civil, que había intervenido en las naves de la empresa la correspondencia relacionada con la votación ilegal del 1 de octubre de 2017.

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