Sijena volverá a pedir prisión para Lluís Puig y Santi Vila tras el 21D

El Tribunal Supremo ha archivado la causa contra los exconsejeros de Cultura Santi Vila y Lluís Puig después de que ambos dirigentes perdieran la condición de aforados con la aplicación del 155. Su condición actual de desaforados hace que este tribunal ya no sea el órgano competente para juzgarles.

El abogado de la acusación particular del caso Sijena, Jorge Español, ha explicado a Crónica Global que volverá a presentar denuncia contra los exmandatarios ante el Supremo tras las elecciones del 21 de diciembre. El letrado confía en que el tribunal recupere la causa una vez que Puig, número dos de la candidatura de Junts per Catalunya por Girona, recupere su condición de aforado.

Por lo que respecta a Vila, que no se presenta en ninguna candidatura, las diligencias que incoe el Supremo sobre Puig le “arrastrarán” también a él porque forma parte de una misma causa penal.

Entre 4 y 7 años por apropiación indebida

La denuncia que presentarán desde Sijena será por el presunto delito de apropiación indebida, que comporta una pena de entre 4 y 7 años de cárcel.

Hay una elevada probabilidad de que el Supremo recupere la causa puesto que la Fiscalía informó favorablemente a este órgano sobre la denuncia. Un hecho que no suele ocurrir en el 90% de los informes que el Ministerio Público presenta en relación a denuncias contra aforados.

Recurso de casación

Los exconsellers han consumado ya en varias ocasiones el delito de desobediencia, al incumplir la sentencia del juez respecto a la devolución de las 44 obras de arte sacro del Monasterio de Sijena. En la improbable circunstancia de que el Tribunal Supremo revocase la decisión de la Audiencia Nacional por lo que respecta a la causa civil, seguirán teniendo “responsabilidades penales” por desobedecer reiteradamente a las órdenes judiciales.

A los dirigentes nacionalistas solo les quedaría el recurso de casación, pero solo suelen “admitirse el 5% de estos recursos”, explica el abogado. El curso de la justicia hará que hasta uno o dos mes después de los comicios catalanes el Supremo no acepte de nuevo la denuncia. Si finalmente son condenados por apropiación indebida, podrían ingresar en prisión dentro de uno o dos años y permanecer sin libertad un mínimo de cuatro años. 

Los delitos de desobediencia, además, no están vinculados a la provisionalidad de la ejecución de la sentencia y, por lo tanto, Puig y Vila tendrán que responder por sus actos independientemente de este macrocontencioso sobre la disgregación del patrimonio de Sijena.