Sánchez golpea en el punto débil de Torra el 21D: los funcionarios

No es casual que el próximo Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona apruebe una subida salarial para los funcionarios. El Gobierno español sabe perfectamente que los trabajadores públicos constituyen, hoy por hoy, el punto débil de Quim Torra. Lo sabe a través de la catalana Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública. Incapaz de salirse del carril procesista, el presidente de la Generalitat ha puesto en pie de guerra a funcionarios, Mossos d’Esquadra, Bomberos, profesores y médicos, que reclaman mejoras salariales. Estos colectivos han salido a la calle a exigir que se reviertan los duros recortes que en su día aplicó el gobierno de Artur Mas.

Así, los funcionarios vienen reclamando la devolución de las pagas extras de 2013 y 2014 pues son los únicos de toda España que todavía no las han cobrado. El Govern ha accedido a hacerlo en cuatro año y no en ocho, como en un principio pretendía. “Cataluña puede hacer más por sus empleados, es cuestión de prioridad y voluntad. En todas las comunidades se han recuperado las pagas extra y también les afecta el techo de gasto. El Gobierno catalán sabrá por qué no lo ha hecho”, asegura a Crónica Global el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto.

Funcionarios protestan ante el Parlament para exigir el retorno de la paga extra / CG

Funcionarios protestan ante el Parlament para exigir el retorno de la paga extra

El consejo de ministros aprobará este viernes un aumento salarial para los funcionarios del 2,25% para 2019, a lo que se podrá añadir otra subida variable del 0,25% ligado a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB), y otro 0,25% de fondos adicionales. En el mejor de los escenarios, se podría alcanzar hasta el 2,75%. Se beneficiarán un total de 2,5 millones de empleados públicos.

Benedicto explica que, con esa medida, “se reconoce el esfuerzo que los funcionarios hicieron para sacar a este país de la crisis, a pesar de que también sufrieron recortes. Tenemos que estar orgullosos de ellos. El mérito es suyo. De ahí el compromiso que el Gobierno ha contraído con los sindicatos para recuperar sus derechos sociales”.

"Era el momento adecuado"

Sobre la coincidencia de la aprobación de esa subida salarial y la reunión del Gobierno en Barcelona, el secretario de Estado asegura que “era el momento adecuado, según el calendario de medidas acordadas”.

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El secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, y la ministra Meritxell Batet

Benedicto recuerda las medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado desde que tomó posesión del cargo en materia de función pública. Destaca la oferta de empleo público, la mayor desde 2008 y que suma en 2018 un total de 30.844, la reducción de la temporalidad en un 8%, la ampliación del permiso de paternidad a 16 semanas, la movilidad de funcionarias víctimas de maltrato con plenas garantías y la posibilidad de que los afectados por VIH, diabetes, celiaquía y psoriasis puedan acceder a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las fuerzas armadas y los cuerpos de vigilancia aduanera, e instituciones penitenciarias.

Dos años de negociaciones sobre pagas extra

En este sentido, el diputado del PSC i Units per Avançar, Pol Gibert, ha presentado una propuesta de resolución que insta al Govern a habilitar las medidas necesarias para que estos colectivos, hasta ahora excluidos “injustamente” de la función pública, puedan acceder a ella. Gibert se ha convertido en los últimos meses en el azote del consejero de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, sobre esas pagas extra todavía no devueltas tras “dos años de negociaciones y siete de debate sobre su recuperación”. Puigneró culpa de esos retrasos a la deuda que tiene el Estado con Cataluña, un argumento utilizado por todos los miembros del Govern cada vez que se enfrentan a una movilización laboral.

No solo los funcionarios han plantado cara a Torra. También los Mossos d’Esquadra --de nuevo en el ojo del huracán ante el 21D--, que piden la equiparación salarial con los Bomberos de la Generalitat. Estos, a su vez, han anunciado hoy una querella contra el presidente de la Generalitat por un supuesto delito grave contra la seguridad de los trabajadores, debido a las horas extras realizadas, 500.000 este año con dotaciones “bajo mínimos”, dicen.

Con este panorama conflictivo afronta Torra el 21D. Lo hace desde un punto de vista identitario y de enfrentamiento con el Gobierno español, ajeno a las reclamaciones laborales de sus trabajadores públicos.