Colau pagará 96 millones a DomusVi por el 50% de la dependencia en Barcelona

El gobierno municipal de Ada Colau en Barcelona pagará 96,35 millones de euros IVA incluido a DomusVi por el 50% de la contrata del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). Tal y como avanzó este medio en agosto, el Ejecutivo local de BComú ha entregado la mitad de la atención a dependientes a un grupo que tiene como cabecera una empresa en el paraíso fiscal de Jersey y que en España se enfrenta a una investigación por supuestos malos tratos a mayores en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Fuentes del sector han alertado de que la segunda mayor contrata del Ayuntamiento de Barcelona por presupuesto --la primera es la recogida de residuos-- ya ha sido confirmada [ver adjudicación aquí]. Suara Serveis se queda con los lotes 1 y 3, correspondientes a Ciutat Vella, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó y Nou Barris.

DomusVi, 96 millones y cuatro distritos

Por su parte, Servisar, una filial del grupo DomusVi, cuya matriz final se sitúa en la isla del Canal de la Mancha, tal y como avanzó Infolibre, se queda con los otros dos lotes. El SAD de Eixample, Gràcia, Sant Martí y Sant Andreu.

Cobrará por ello 96,35 millones de euros del Ayuntamiento de Barcelona para dos años ampliables a otros dos. La empresa del grupo de Josefina Fernández ha hecho la mejor oferta económica, como explicó este medio.

Investigación por malos tratos en L'Hospitalet...

De este modo, la administración local de Barcelona confía el 50% del SAD, que ocupa a unas 4.000 trabajadoras --la mayoría son mujeres-- y atiende a cerca de 24.000 usuarios, a una firma que está siendo investigada por un juzgado de Primera Instancia en L'Hospitalet de Llobregat por supuestos malos tratos a mayores.

En paralelo a ello, el Parlamento catalán pidió al Síndic de Greuges cerciorarse de si hubo mala praxis en la residencia DomusVi Can Buxeres de la segunda ciudad catalana en número de población. Lo hizo a instancias de Ciudadanos por unos hechos ocurridos antes de la pandemia del coronavirus.

...y choque con el protocolo antiblanqueo

Hay más. La adjudicación del 50% de la dependencia a DomusVi, que en realidad son dos fondos de inversión, el británico Intermediate Capital Group (ICG) y el francés SRS, entra en franca colisión con el protocolo antiblanqueo aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona en 2016.

Aquella hoja de ruta de compra ética [consultar aquí] indicaba que la administración local "no tendría tratos jurídicos" con empresas que tuvieran algún tipo de vínculo con paraísos fiscales. El protocolo, que vendió a los medios el exprimer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, no se ha aplicado a ninguna empresa y tampoco ahora excluye a DomusVi, pese a que Jersey se considera un paraíso fiscal, en opinión de la Tax Justice Network.