Querella contra Colau por supuesta "connivencia" con los okupas

Un juez ha admitido a trámite una querella criminal del fondo inmobilario Vauras Investment, S.L. contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la concejal de Vivienda, Lucía Martín, el concejal de Sants-Montjuic, Marc Serra y la responsable de Disciplina de Vivienda e Inspección, Fuensanta Alcalá por presuntas coacciones, extorsión, prevaricación, infidelidad de documentos públicos, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos o usurpación de atribuciones.

El fondo inversor reclama además que se pida al Ayuntamiento de Barcelona una fianza de 25 millones de euros para cubrir la responsabilidad civil que puede derivarse de la supuesta comisión de dichos delitos, según publica el digital e-noticies.

Okupación en la calle Lleida

La empresa inmobiliaria sostiene que los hechos que motivan su querella parten de la okupación de ocho viviendas de un edificio situado en la calle Lleida número 38 de Barcelona, adquirido por Vauras Investment el 24 de noviembre de 2016. "En el momento de su usurpación, esos pisos tenían un valor de mercado" de 2.913.099 euros, afirma su escrito. Según la promotora, dicha ocupación de viviendas supuso un coste de 404.858,84 euros por los daños ocasionados en los inmuebles.

Vauras Investment sostiene que el procedimiento de desahucio se ha suspendido hasta cuatro veces, "principalmente por la acción violenta del movimiento okupa y con el respaldo y la connivencia del Ayuntamiento de Barcelona". Y apunta que, en uno de ellos, habría mediado, supuestamente, el exconseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, para ordenar a los Mossos la suspensión.

Cesión de viviendas al alquiler social

Según este fondo, incluso, el concejal del distrito Marc Serra habría dado órdenes a los Mossos para retirar a la seguridad privada que vigilaba los contadores de suministros. Y acusa a los querellados de haberles coaccionado para plegarse "a su voluntad", cediendo las viviendas a alquiler social o vendiéndolas a un precio "irrisorio" a cambio de, supuestamente, "desbloquear" otras de sus obras y licencias.

Vauras Investment dice que, por todo ello, se ha visto perjudicada económicamente por un valor de 12.333.794,13 euros. El fondo inversor denuncia "irregularidades, retrasos e inspecciones de obras improcedentes", "apertura de expedientes sancionadores irreales", "conexiones con los grupos okupas y connivencia con la paralización de los lanzamientos ordenados judicialmente", además de la intención de perjudicar su "reputación". Tras lo cual apuntan su intención de desinvertir en Barcelona por la "delictiva y perturbada actuación" de los querellados, quienes culpa de causar "ruina económica" en la ciudad.