La Síndica investiga al Govern por las listas de espera en las residencias

La Síndica de Greuges de Cataluña investiga al Govern por poner en riesgo el sistema de listas de espera en las residencias. La oficina de Esther Giménez-Salinas ha abierto una actuación contra el Departamento de Asuntos Sociales, que lidera Carles Campuzano, por atentar contra el acceso a los geriátricos de la región. 

Lo consigna una contestación de la Síndica a la asociación Ascad a la que ha accedido este medio, y en la cual la defensora del ciudadano admite que ha iniciado una actuación "urgente" contra la Dirección de Servicios de la Consejería de Derechos Sociales por el decreto de acreditación de residencias y sus efectos sobre los centros. 

En concreto, la ombusdwoman busca recabar información sobre cómo podrán acceder los ciudadanos a los asilos que suspendan la acreditación. 

Polémicas

En concreto, la Síndica quiere saber por qué se ha fijado una fecha límite para el 5 de agosto, cuando el límite establecido inicialmente era el del 25 de octubre. Asimismo, pide saber cómo se ha informado a las direcciones, ya que "existen informaciones" de que no se ha dialogado con las mismas. 

Lo más importante: desde el equipo de Giménez-Salinas exigen saber qué pasará con las residencias que se desacrediten y que, por lo tanto, se queden sin acceso a la lista de espera. Y las alternativas para estos centros. 

"No pensaron en los mayores en espera"

En conversación con este medio, Andrés Rueda, presidente de Ascad, la asociación denunciante, ha confirmado la actuación de la oficina de la Síndica de Greuges. Y ha recordado que está justificada, pues Asuntos Sociales "está obligando a acreditarse sin haber previsto qué pasará con los centros que suspendan". 

Rueda recuerda que el Govern prevé que los mayores residentes en estos geriátricos puedan cambiar de lugar, pero "no previó qué pasará con los residentes en lista de espera. Nadie pensó en ellos, y ahora están en peligro de quedarse sin plaza". 

El sector, en pie de guerra

La investigación de la Síndica llega en plena guerra abierta entre el sector residencial y el Govern en funciones. Es así porque el Ejecutivo quiere obligar a las residencias a acreditarse, de nuevo, antes del 5 de agosto, pero la industria se queja de que la fecha es arbitraria, los criterios, contradictorios y las consecuencias de no pasar el examen, incalculables. 

Ascad ha sido la asociación más combativa contra la llamada reacreditación --las residencias catalanas ya están acreditadas desde hace años--, mientras que Acra, la patronal mayoritaria, ha mantenido una postura mucho más timorata.