Imagen de la manifestación de la Diada de Cataluña el 11 de septiembre de 2018 / EFE

Imagen de la manifestación de la Diada de Cataluña el 11 de septiembre de 2018 / EFE

Política

El reto del independentismo que el Estado sí debe afrontar

Analistas y expertos señalan que España deberá dar una respuesta al nacionalismo en algún momento si el movimiento mantiene su actual peso

26 noviembre, 2018 00:00

El movimiento independentista ha fracasado en su intento de que la comunidad internacional apoye una posible separación de Cataluña de España. Los propios protagonistas, como la exconsejera Clara Ponsatí, han señalado que no se logró que ningún país reconociera la independencia de Cataluña. El movimiento se encuentra atrapado, con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, concediendo entrevistas a medios internacionales desde Waterloo --la última a editores de prensa de Japón-- y no se perfila una salida, a la espera de lo que pase con el juicio y la posible sentencia condenatoria a los políticos independentistas. Pero sí ha habido una respuesta del mundo académico y mediático. Hasta tal punto que analistas contrastados señalan que España deberá ofrecer en algún momento una respuesta, lo que obligará también al independentismo a revisar sus planteamientos.

El catedrático de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, Allen Buchanan, autor del libro Secesión (Ariel) es el gran referente en el estudio de casos de secesión. Buchanan considera que el independentismo no puede considerar seriamente que haya una vulneración de los derechos humanos en Cataluña con la que pudiera argumentarse la necesidad de la secesión, dado que no es una colonia y ya dispone de un autogobierno amplio.

Cataluña, referente internacional

Lo que aconseja Buchanan para Cataluña es que el movimiento muestre fortaleza en diferentes convocatorias electorales y reclame un referéndum pactado con el Estado. Pero una posible victoria del independentismo debería ratificarse en posteriores referéndums, para constatar --de forma clara-- la voluntad de la mayoría de la ciudadanía catalana. Y siempre que se pudiera incluir en esa consulta alguna oferta del Gobierno español.

Pero el análisis en profundidad que coloca el problema en un primer plano que pide no menospreciarlo. Lo expone Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Molina acaba de reflejarlo en un trabajo en la revista Política Exterior, el último número de noviembre-diciembre. Considera --en el artículo Secesión y unidad en democracias avanzadas-- que el caso de Cataluña se sigue internacionalmente y que presenta unas características propias, pero que también puede servir para otros casos, en función de lo que finalmente ocurra.

Geert Bourgeois, ministro-presidente de Flandes (i); Josep Borrell, ministro de Exteriores español (c) y André Hebbelinck, exdelegado del Gobierno de Flandes en España / CG

Geert Bourgeois, ministro-presidente de Flandes (i); Josep Borrell, ministro de Exteriores español (c) y André Hebbelinck, exdelegado del Gobierno de Flandes en España / CG

Geert Bourgeois, ministro presidente de Flandes, Josep Borrell, y André Hebbelinck, exdelegado del Gobierno de Flandes en España / CG

Los premios del independentismo

Incide Molina, que ha publicado serios trabajos sobre el movimiento independentista, que "el conflicto catalán no se ha llegado nunca a internacionalizar", pero que el Gobierno no ha tenido en cuenta el eco que se ha difundido de ello. "Eso no quita que alcanzase gran notoriedad europea e incluso mundial". Ha quedado claro que "ninguna capital reconocería siquiera la estatalidad de quien pretende ignorar el orden constitucional de un socio. También ha quedado claro que la comunidad internacional prefiere una España unida y que, en ausencia de causa alguna que justifique una secesión remedial, no se aceptan procesos ilegales de ruptura de la integridad territorial".

A pesar de todo ello, no se puede olvidar por parte de las autoridades españolas lo que apunta Molina: "El independentismo ha obtenido, en cambio, varios premios de consolidación fuera de las fronteras españolas, beneficiándose de algunos de los errores de acción y, sobre todo, de omisión cometidos por el Estado. Ha conseguido recabar un número nada despreciable de simpatías en ambientes académicos y políticos ideológicamente cercanos a otros nacionalismos periféricos, a la izquierda crítica o a la derecha populista, e incluso en ciertos sectores minoritarios del pensamiento y los partidos mainstream".

Imagen de una manifestación independentista durante una Diada de Cataluña el 11 de septiembre / EFE

Imagen de una manifestación independentista durante una Diada de Cataluña el 11 de septiembre / EFE

Imagen de la manifestación independentista en la Diada / EFE

Encaje de la pluralidad

En el trabajo de Ignacio Molina no se quieren obviar los hechos, que los gobiernos españoles --y de ello es consciente el ministro de Exteriores, Josep Borrell--no pueden ignorar: "Las autoridades regionales de Quebec, Escocia y Flandes, e incluso el primer ministro belga, condenaron el público la actuación policial del 1 de octubre (que fue criticada casi unánimemente por la prensa internacional), mientras varapalos judiciales en cuatro países europeos han impedido la entrega a España del expresidente Carles Puigdemont y otros políticos huidos a los que el Tribunal Supremo imputa un discutido delito de rebelión".

Con todo lo que ha ocurrido, "Cataluña es hoy el principal referente mundial de los territorios que aspiran a convertirse en nuevos estados y el desenlace de su apuesta soberanista puede marcar un precedente en tres sentidos muy distintos: o bien precipitar una especie de ola global de intentos de ruptura; o bien desincentivarlos en caso de fracaso total, o bien (si se alcanza un nuevo arreglo de acomodación entre Cataluña y el resto de España) servir como modelo para otros procesos de descentralización territorial y encaje de la pluralidad".

Un caso en una democracia avanzada

El derecho de autodeterminación de Cataluña no se admite en la Constitución. El independentismo sostiene --lo aseguró con contundencia Oriol Junqueras en los meses anteriores a la declaración de independencia-- que España firmó diferentes tratados internacionales que incluían ese derecho. Sin embargo, los expertos en derecho internacional han dejado claro por qué el independentismo catalán no puede acogerse a ello, como explica aquí Álex Dorado Nájera.

Molina incide en esa cuestión, al entender que con la experiencia comparada "resulta prácticamente imposible conseguir la independencia en el seno de una democracia avanzada y europea si no es a través de un proceso legal y aceptado por el Estado matriz. Simplemente, no hay precedentes". Pero aparece la pregunta real, conectada a la experiencia de Canadá y a la "celebrada jurisprudencia del Tribunal Supremo canadiense de 1998".

Ernest Maragall, saludando a Quim Torra durante un pleno del Parlamento catalán / EFE

Ernest Maragall, saludando a Quim Torra durante un pleno del Parlamento catalán / EFE

Ernest Maragall, ya candidato por Barcelona, y el presidente Torra, en el Parlament

Más allá de San Cristóbal y Nieves

El reto es éste: "Por mucho que no exista derecho a la autodeterminación, una democracia que se dice plural y federal tiene muy difícil ignorar una mayoría realmente clara y estable en una región que quiere romper. Y, en caso de que tal mayoría existiera y no hubiera visos de que fuera reversible, el resto del Estado debería aceptar que la situación requiere una solución distinta a la de impedir la separación. Tal situación no sería sostenible".

La respuesta de un referéndum de secesión no sería la correcta, a juicio de Molina, que sostiene que "impedir un referéndum de secesión resulta tan democrático o más que permitirlo". Hay un solo caso donde está regulado: un país caribeño formado por dos islas, San Cristóbal y Nieves, (se exigen dos tercios de los votantes de una isla para poderse separar), y dos más donde no existe regulación pero se acepta la posibilidad de celebrarlos: Reino Unido y Canadá.

Si lo apoya la Cataluña castellanoparlante

¿Entonces? ¿Cómo podría articularse la independencia si una mayoría clara y sólida de los catalanes la desea?, se pregunta Ignacio Molina.

La salida, con un claro contenido académico, pero con la pretensión de que pueda ser una salida política, pasa por definir esa mayoría "en clave no identitaria, y, por tanto, con los criterios más exigentes que se exigen en las sociedades plurales, donde la democracia solo puede ser consociacional y no basta la mitad más uno de los votos, sobre todo en cuestiones de alcance constitucional. Si un porcentaje cualificadísimo de la población catalana votase de manera sostenida en el tiempo por opciones secesionistas y si eso supusiera que la Cataluña castellanoparlante también apoya la ruptura, el resto de España debería tomar nota y propiciar los cambios constitucionales que dieran cauce a tal pretensión".

Mejora del autogobierno

Ese análisis no es el mismo, por ahora, que el que muestra el independentismo, que se encuentra dividido, y que tiene diferentes estrategias. Desde el ángulo que propone el analista del Real Instituto Elcano, las cosas podrían ir en varias direcciones. La primera podría ser la voluntad de mantener la vía unilateral --cada vez más minoritaria, pero no descartable--. La segunda sería la de renunciar a los atajos, y tratar de ensanchar la base social, que es la que parece querer Esquerra Republicana. Esa vía podría pretender, sin embargo, seguir adelante con una victoria de la mitad más uno, con un 50,1%.

Hay, no obstante, una tercera posibilidad por la que Molina se inclina: "La tercera posibilidad es asumir la compleja, plural y tozuda realidad sociopolítica de Cataluña, no engañarse sobre la fortaleza o las credenciales democráticas del Estado y optar por vías alternativas en las que se negocie una mejora del autogobierno. Unas mejoras que, por cierto, no habría que enfocar a ampliar las competencias ejercidas por el Parlament (que en el caso catalán ya son muy amplias) sino más bien a mejorar el reparto del poder con las minorías nacionales, tanto en el Estado como en la propia Generalitat".

Sería "un empate", concluye Molina, pero "un empate fructífero desde una lógica democrática".