Rebelión social contra los desfasados presupuestos de la Generalitat

Carta de urgencia al Parlament: “Unos presupuestos que den la espalda a las necesidades de las personas nunca serán aceptables”. Esta es la llamada de auxilio de la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). Una de las decenas de entidades sociales que exigen al Govern dar marcha atrás en las cuentas de 2020 que hoy se aprobarán en la Cámara catalana con el voto de Junts per Catalunya (JxCat) y ERC y la abstención de Catalunya en Comú-Podem.

Unas cuentas elaboradas antes de la pandemia y que han quedado desfasadas, según advierten PSC, Ciudadanos y PP, pero también diversas plataformas que, en los últimos días, han avisado de que los cálculos del vicepresidente económico Pere Aragonès ni revierten los recortes ni dan respuesta a las consecuencias económicas y sociales del coronavirus. Estas entidades añaden que los presupuestos blindan las privatizaciones en lugar de potenciar los servicios públicos, algo que, avisan, cronifica las desigualdades sociales.

Reajustes vía decreto ley

Las cuentas de 2020, ayer lo reconocía la consejera portavoz Meritxell Budó, tendrán que reajustarse ya que, solo en materia sanitaria, el sobrecoste calculado supera los 1.800 millones de euros. Pero la Generalitat quiere compensarlos mediante decretos ley que serán aprobados con posterioridad a la sesión plenaria de hoy. Aragonès, virtual sucesor de Oriol Junqueras, quiere que ERC acabe esta legislatura con un buen expediente de gestión de cara a unas elecciones cuya fecha se desconoce, ya que el coronavirus ha liberado al presidente Quim Torra de su promesa de anunciar la convocatoria tras la aprobación de las cuentas.

Concentración de funcionarios de la Generalitat en protesta por los recortes / EFE

Los partidos independentistas no han aceptado las enmiendas presentadas con posterioridad al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias solicitado por Ciudadanos y que habrían permitido reasignar partidas. Una de las vías defendidas también por el PSC para prescindir de gastos superfluos y destinarlos a otras necesidades sociales, sin necesidad de aumentar el gasto.

“Solicitamos con carácter de urgencia a todos los grupos parlamentarios que procedan a modificar este proyecto presupuestario para dar pleno cumplimiento al derecho de las personas vulnerables a la RGC”, exigen desde la Comisión Promotora de esta ayuda, con la que se pretende reducir el riesgo de pobreza en Cataluña y que, según el indicador AROPE, afecta a 1,8 millones de personas en Cataluña, es decir, un 24,7%. De esta forma, la entidad se suma al llamamiento que también hizo ayer la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos, que rechaza los presupuestos de la Generalitat de 2020  por considerar que son “simple propaganda” y consolidan privatizaciones y recortes.

Privatizaciones

En un comunicado, esta entidad que agrupa a movimentos sociales, fuerzas políticas y sindicatos, consideran que la propuesta del Govern “mantiene los recortes, consolida y profundiza en la privatización de los servicios públicos y no supone ninguna mejora sustancial de las condiciones de vida de las clases trabajadoras y populares”. Por su parte, Marea Blanca de Catalunya también ha expresado su rechazo a unas cuentas “que no llegan a los importes presupuestados de 2010. Además, es sorprendente que a día de hoy se mantengan los presupuestos concebidos con anterioridad a la pandemia de la Covid-19, que ha puesto en tensión el sistema sanitario público y el de protección social, ya antes profundamente destrozados”.

Dos personas se manifiestan ante el Parlament para protestar sobre la Ley de la Renta Garantizada / CG

Marea Blanca, que califica estos presupuestos de “antisociales”, critica además las tarifas negociadas por la Generalitat con el sector sanitario privado. La entidad forma parte de la treintena de asociaciones integradas en la Alianza de Mareas y Movimientos Sociales, que también han exigido al Govern la retirada de los presupuestos de 2020 porque “si ya antes de la crisis del coronavirus ya eran insuficientes y no revertían los recortes”, ahora han quedado "obsoletos". Por ello, instan a Catalunya en Comú-Podem a no facilitar la aprobación de las cuentas con su abstención. En este sentido, afirman que "la decisión del Gobierno de España de aplazar el nuevo presupuesto hasta después de la pandemia, y elaborar un presupuesto a la altura de la situación excepcional y con el mayor consenso posible, es un ejemplo a tener en cuenta".

"Ley Aragonès"

La apelación a los comunes supone la ruptura del idilio de estas asociaciones con un partido sensible a las desprivatizaciones y al frente común contra la llamada “ley Aragonès” --ley de contratos de servicios a las personas--, uno de los proyectos más importantes del vicepresidente y que, el pasado 3 de febrero, fue tumbado por la oposición en el Parlament.

Sin embargo, la confluencia presidida en la Cámara catalana por Jéssica Albiach se ha convertido en el principal aliado del Govern en las cuentas de 2020, gracias a una reforma fiscal ambiciosa a la medida de los comunes, pero muy criticada por el sector empresarial. De ahí que, a pesar de la rebelión social suscitada, este partido haya decidido abstenerse en la votación de hoy. No obstante, esta posición ha generado malestar interno en el grupo parlamentario, especialmente entre los diputados de Podem, que habrían preferido un debate más amplio al respecto tras la crisis derivada de la pandemia.

La gestión de la crisis por parte del Govern, que hoy recibirá el apoyo de los comunes, fue duramente criticada por la citada Alianza de Mareas y Movimientos Sociales de Cataluña en un demoledor manifiesto en el que no solo criticaban los recortes aplicados por el Gobierno de Artur Mas y las privatizaciones en el sector sanitario, origen a su juicio de la situación actual, sino la "infame y perversa gestión", que comparan con la "gerontofobia" y "el asesinato en masa de los ancianos en el Tercer Reich alemán".