Puigdemont denuncia en el Supremo una "persecución" en su contra para no ser eurodiputado

Carles Puigdemont ha denunciado ante el Tribunal Supremo la "persecución" a la que, a su modo de ver, le ha sometido la Junta Electoral Central (JEC) para impedir que tomara posesión como diputado del Parlamento Europeo.

El expresidente de la Generalitat, fugado de la Justicia por el procés independentista catalán, argumenta que no puede ocupar su escaño porque la JEC le obligó a personarse en Madrid para acatar la Constitución, tal y como establece la ley para poder ser eurodiputado. Algo que él no hizo.

"Ritual pagano"

En el escrito, avanzado por ElNacional.cat y al que ha tenido acceso Efe, Puigdemont y el exconseller Toni Comín, también huido en Bélgica, piden a la sala tercera del Supremo que anule las resoluciones de la JEC y comunique al Parlamento Europeo su elección como diputados.

Puigdemont sostiene que la Junta Electoral ha vulnerado sus derechos fundamentales al anteponer el requisito de acatar presencialmente la Constitución --establecida por ley--, como si de un "ritual de orden pagano" se tratara, ante los, según él, "valores superiores" del pluralismo político y de representación emanados de la voluntad popular.

Jurisprudencia

El prófugo denuncia una supuesta "tergiversación" por parte de la JEC para poner trabas a su reconocimiento como eurodiputado. Hecho que atribuye al posicionamiento "ideológico" de este organismo y a una campaña de "persecución hacia los representantes de una minoría nacional que han resultado electos y proclamados como diputados al Parlamento Europeo".

Puigdemont considera que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional demuestra que el requisito de juramento o promesa de la Constitución no es condición imprescindible para la adquisición de la condición de diputado, "para la que no hay otro título que la elección popular", sino sólo para el ejercicio de las funciones propias de dicho cargo.

"Burlar el resultado electoral"

Según el recurso, la JEC ha pretendido "imponer una condición no prevista legalmente, de imposible cumplimiento, como forma de burlar el resultado electoral" para evitar "por motivos políticos" que Puigdemont y Comín puedan participar en los trabajos del europarlamento. Y ello, según Puigdemont, mediante resoluciones de la JEC que suponen "infracciones palmarias" del derecho de la Unión Europea, de la Constitución Española y de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, con el objetivo de apartarle del parlamento europeo.

"La pretendida obligatoriedad del acto de acatamiento para adquirir la condición de diputado al Parlamento Europeo es contraria al derecho de la Unión", sostiene el escrito. Según el recurso, la Junta Electoral pretende sostener "aparentemente" que la proclamación de los diputados "no ha sucedido", debido a la voluntad de negar a Puigdemont y Comín, así como del líder de ERC Oriol Junqueras --también elegido eurodiputado en las urnas--, de la "prerrogativa de la inmunidad parlamentaria".

No ve "autorizada" a la JEC

Según Puigdemont, "la JEC no está autorizada para suspender, siquiera de manera temporal, las prerrogativas de un diputado electo al Parlamento Europeo que le han sido reconocidas por los Tratados", indica el recurso, que considera "desproporcionado" que la ausencia del juramento pueda comportar la "negación absoluta" del derecho de sufragio pasivo.

Según su escrito, la JEC impone el requisito de acatar la Constitución como si fuera un "ritual repetitivo", ya que tanto Puigdemont como Comín acataron la Carta Magna por imperativo legal cuando fueron elegidos diputados del Parlament. "De esta reiteración de promesas, siempre por imperativo legal, parece deducirse que estamos más ante una suerte de ritual, de orden pagana, que nada tiene que ver con una necesidad o garantía, que pueda encajarse con ninguna norma de la Unión ni que tenga sentido en el caso que nos ocupa", sostienen.

"Desproporción"

También subraya que el requisito de que el acatamiento deba ser presencial en Madrid, además de "desproporcionado", no cumple el principio de legalidad, ya que no está fijado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General ni existe ningún "objetivo legítimo" reconocido por el derecho de la Unión que lo justifique.

Según el escrito, pretender que Puigdemont y Comín acudan a Madrid a acatar la Constitución es una "burla", porque en el caso de Oriol Junqueras no se le ha permitido por estar en prisión y en el suyo, de intentarlo, habría "otras autoridades del Estado" que harían "todo cuando sea necesario" para impedirlo. Cabe recordar que los dos fugitivos residen en la actualidad en Bélgica acusados de rebelión y sedición, entre otros posibles delitos, por el procés, el referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia de Cataluña del 27 de octubre de 2017.