La jugada maestra del juez Llarena contra Puigdemont

Una jugada a tres bandas. La decisión del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena de retirar la orden de detención europea sobre Carles Puigdemont y los huidos obliga al expresidente a mover ficha, elimina la internacionalización del conflicto y evita que la justicia belga reduzca el número de delitos imputados.

“El juez le está diciendo a Puigdemont y a los cuatro exconsejeros que si quieren colaborar con la justicia, que comparezcan. Y, si no, el proceso sigue pero nadie puede alegar indefensión”, explica una abogada penalista a Crónica Global.

Añade que la resolución del juez Llarena “elimina la internacionalización de un proceso judicial y la posibilidad de una resolución que deniegue la entrega de los fugados, manteniendo la orden en territorio nacional". "Puede citarles a declarar ahora, y depende de ellos aparecer o no”, argumenta.

O vuelve o se queda en su 'exilio'

“Desde el punto de vista político, es una buena idea desde el momento en que obliga a mover ficha a Puigdemont”, añade otro jurista. “Él es ahora el que tiene que decidir si vuelve, dispuesto a seguir la misma suerte que [Oriol] Junqueras y [Joaquim] Forn, o se queda en su exilio. Ya no puede ganar tiempo en Bélgica con el argumento de que debe estar a disposición de la justicia de allí".

“Si abrimos el foco, me parece que lo más probable es que Puigdemont vuelva para ser detenido. Creo que lo que tenía previsto en cualquier caso era volver, ser detenido y aparecer como un mártir que fomenta la movilización de los suyos”, añade. De hecho, en medios políticos se conjetura con la posibilidad de que el expresidente regrese a Cataluña el 19 de diciembre, último día de campaña, para provocar su detención y el consecuente golpe de efecto entre el votante independentista.

Quitar la rebeldía

Con la retirada de la orden, el juez se asegura poder investigar todos los delitos que contemplaba la querella de Fiscalía, es decir, rebelión, sedición y malversación. Parece ser que la justicia belga tenía intención de limitarlos, eliminando el de rebeldía, que exige demostrar la existencia de violencia, incluso el uso de armas.

“Eliminar el delito de rebelión habría supuesto una desigualdad entre los imputados y, por lo tanto, de la integridad de la causa. La medida del juez asegura la investigación de todos los delitos para todos los imputados”, opina otro letrado, quien prefiere obviar las aristas políticas de este procedimiento.

“Yo creo que precisamente porque la política no entra en la justicia, muchas de las resoluciones que estos días se han dictado no lo han sido desde la política sino desde la justicia, independientemente de las consecuencias políticas”, precisa.