Los proyectos de Colau caen en picado

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, está atada de manos en su gestión ante la ciudad. La ruptura con el grupo municipal socialista de Jaume Collboni tras un año y medio de gobierno juntos provocó que su equipo pasara de tener 15 a solo 11 concejales, lo que convierte a Barcelona en Comú (BComú) en el primer partido de la historia democrática de la localidad que gobierna con esta minoría.

Las primeras consecuencias de la decisión de Colau se produjeron en el último pleno municipal, celebrado el viernes 24 de noviembre, cuando la alcaldesa se vio obligada a eliminar del orden del día los dos puntos referentes al proyecto de funeraria pública que pretende liderar el concejal de Presidencia, Eloi Badia.

Ordenanza de civismo conflictiva

Los comunes juraron y perjuraron que la iniciativa saldrá adelante en un futuro y por eso la arrastran de pleno en pleno: volverán a presentarla, no saben si en la próxima sesión del 22 de diciembre --justo el día después de las elecciones en Cataluña-- o si tendrá que ser ya en 2018.

El pinchazo de Colau llega ahora de la mano de la ordenanza de civismo que prepara y que de nuevo ha topado con el profundo rechazo de los partidos de la oposición: nadie se suma a esta nuevo texto. Un gesto que la ha obligado a volver a retirarla de la comisión conjunta que se ha celebrado este martes en el Ayuntamiento de Barcelona en la que se han discutido los temas del pleno de diciembre de forma avanzada para no coincidir con la campaña electoral.

La principal queja de partidos como el grupo popular municipal es que se trata de una ordenanza ambigua que confunde “discrecionalidad con el principio de arbitrariedad, por lo que además de permanentemente subjetiva, convertiría en juez al gobierno”, asegura Alberto Fernández, líder de la formación.

Aviso previo

El nuevo texto que prepara Colau es más laxo que el anterior, que fecha de 2006, y el peso más importante se lo lleva el requerimiento previo que efectuarán los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) a los ciudadanos antes de proceder a la multa en la mayoría de materias. Algo que facilita la impunidad de “los jetas”, según Fernández.

Hasta ahora, el aviso previo a la sanción era excepcional y afectaba a los casos de nudismo y seminudismo. La nueva ordenanza recoge que, en un futuro, los policías también avisen en casos de grafiteros, consumo de alcohol en la calle y mantener relaciones sexuales en la vía pública, entre otros.

Las sanciones se reducen por lo que respecta a la venta ambulante y dejan de estar prohibidas las actividades de limpiaparabrisas, la mendicidad y la prostitución en la calle, una medida que introdujo el exconseller Joaquim Forn cuando estaba al cargo de la seguridad en la ciudad y que generó cierta polémica por endurecer los castigos --no solo para las profesionales del sexo, sino también para los clientes--, así como empeorar el escenario de las mujeres en situación de trata de blancas.

Carina Mejías, líder de Ciudadanos en el consistorio, critica también que “la permisividad del gobierno de Colau está provocando un incremento de infracciones” y que intente avanzar en este proyecto sin contar con el apoyo del resto de grupos: “Las calles son de todos”.

Ordenanza de terrazas

La propia dirigente ha mostrado su rechazo a la nueva ordenanza de terrazas que propone la alcaldesa con un gesto gráfico: no aparecer en la fotografía de todos los grupos que pretende simbolizar el acuerdo que propone Barcelona en Comú con los restauradores. De nuevo ha manifestado su “perplejidad” por la actitud del gobierno sin buscar el consenso del resto de fuerzas políticas pese a que celebra que se haya puesto voluntad de solucionar un conflicto enquistado.

La alcaldesa de Barcelona ha pedido este martes a todos los partidos municipales que se adhieran de forma incondicional al texto acordado con los propietarios de bares y restaurantes y se ha encontrado con un panorama cada vez más habitual en sus oponentes: se ponen de perfil.