Puigdemont busca rentabilizar electoralmente los juicios del ‘procés’

La cuenta atrás para el juicio del procés ha comenzado y, con ella, la inminencia de los escritos de acusación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. El interés al respecto es máximo. Es decir, saber si el ministerio público atribuye el delito de rebelión, como siempre ha sostenido el juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y, en tal caso, si se imputa en su grado máximo o mínimo. Pero también va a resultar reveladora la argumentación de los abogados de la defensa en la que, según explican fuentes judiciales, hay división respecto a la estrategia a seguir. En los últimos meses ya se ha visualizado esa disparidad de criterio, tanto desde el punto de vista mediático como técnico.

Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont / CG

Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont

La pugna que mantienen Junts per Catalunya y ERC, que han cerrado en falso su amago de ruptura a la espera de las sentencias por el referéndum del 1-O, obliga a descartar definitivamente una candidatura unitaria, tanto en las elecciones europeas como en las municipales. De ahí que los neoconvergentes ya preparen una defensa sin contar con los republicanos. Y esta pasa por exprimir al máximo el contenido político y la proyección internacional de los procesos.

A vueltas con la "falta de calidad democrática" de España

Dicho de otra manera: Carles Puigdemont y su Crida Nacional per la República --que el pasado sábado celebró su puesta de largo-- quieren sacar el máximo provecho electoral de las vistas orales, pues es muy probable que se celebren a principios de enero, a pocos meses de las elecciones municipales previstas para el 26 de mayo. Si a esa convocatoria se añade un posible adelanto de las elecciones catalanas, la instrumentalización del juicio por parte de JxCAT puede ser extrema. “Desde que Puigdemont huyó junto a Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig a Bruselas, sus abogados han optado por la estrategia de provocar la indignación acusando a España de falta de calidad democrática. Quieren capitalizar la visibilidad que los juicios tendrán en el exterior. Una postura muy diferente a la de ERC”, explica un jurista.

Se refiere a los abogados Gonzalo Boye, Jaume Alonso-Cuevillas y Aamer Anwar, cuyas comparecencias mediáticas trascienden lo profesional. Boye, que asesora a Puigdemont y Comín --el diputado de ERC está cada vez más alejado de sus compañeros de partido-- y Anwar, letrado de Clara Ponsatí --su agitada intervención en la Diada dio mucho que hablar--, no han escondido su activismo político. Cuevillas también ha intensificado sus apariciones en medios de comunicación y sus valoraciones sobre lo que califica de “juicios políticos”, aunque en algunos casos ha soltado lastre de algunas decisiones. El caso más explícito fue la querella presentada por 2.000 catalanes contra el juez Pablo Llarena, que el abogado criticó por contraproducente. Una querella colectiva fruto de ese llamamiento del expresidente catalán a la movilización social.

Crispación en las calles

Muy evidente ha sido el desmarque de Andreu Van den Eynde, abogado de los dirigentes republicanos Oriol Junqueras, Raül Romeva y Carme Forcadell, mucho más cauto en sus intervenciones. “No es lo mismo una defensa que insiste en el agravio respecto a la injusticia de los procesados que otra basada en la necesidad de diálogo, de un acuerdo para acabar con el conflicto catalán. Cuanto peor sea la imagen de la Justicia española, mejor para los ‘exiliados’”, explica un abogado. Añade que “a Llarena quizá se le pueden reprochar muchas cosas, pero poner el acento en los defectos de su instrucción es internacionalizar el procés”.

Andreu Van Den Eynde, el abogado de Oriol Junqueras, era optimista esta mañana / EFE

Andreu Van Den Eynde, el abogado de Oriol Junqueras

De que los juicios por el 1-O serán uno de los acontecimientos judiciales más importantes de la reciente historia española da fe el plan del Ministerio de Interior para reforzar las calles de Cataluña ante el ambiente crispado que se prevé durante la celebración de la vista oral en el Supremo. El dispositivo se habilitará en coordinación con los Mossos d’Esquadra.

Hay abogados que han renunciado a fomentar esa crispación, es decir, a dar espectáculo, desde el primer momento que asumieron la defensa de sus clientes. El despacho de Fermín Morales, un letrado cuya ideología --explican quienes le conocen dista mucho del independentismo-- representa al exvicepresidente del Tribunal Constitucional y expresidente del Consell Nacional para la Transición Nacional, Carles Viver Pi i Sunyer, y al exconsejero de Justicia, Carles Mundó. Este bufete ha hecho muy pocas concesiones al interés mediático. Algo más accesible, pero igualmente discreta ha sido la actuación de Pau Molins, defensa del exconsejero de Cultura, Santi Vila, y la de Xavier Melero --uno de los fundadores de Ciudadanos y que ha llevado varios pleitos de CDC--, que defiende a Joaquim Forn, exconsejero de Interior actualmente en prisión preventiva y que será candidato de Crida Nacional a la alcaldía de Barcelona.

El enfado de Forn con Puigdemont

Tal como informó Crónica Global, las relaciones entre Forn y Puigdemont no atraviesan por un buen momento. El exconsejero ha manifestado a su entorno su malestar por la decisión de Puigdemont de renunciar a ser cabeza de lista en las elecciones europeos por miedo a ser detenido en la embajada española en Bélgica, donde estaría obligado a recoger sus credenciales. Forn cree que, mientras algunos dan la cara, están en la cárcel y se arriesgan, otros no tanto.

Jordi Pina, abogado de los exconsejeros de la Generalitat y Marina Roig, abogada del presidente de Omnium, Jordi Cuixart, hacen declaraciones a los medios a las puertas del Tribunal Supremo / EFE

Jordi Pina, abogado de los exconsejeros de la Generalitat 

Es precisamente la situación de fugado de Puigdemont, mientras Junqueras cumple prisión preventiva en la cárcel de Lledoners, uno de los principales motivos de enfrentamiento entre JxCAT y ERC. La penúltima crisis entre ambos socios de gobierno tuvo que ver con la negativa de los diputados neoconvergentes a designar sustituto para mantener las mayorías parlamentarias, tal como habían pactado con los republicanos en base a las sugerencias del propio Llarena.

Turull y Rull --defendidos por el abogado Jordi Pina, menos estridente que Boye o Cuevillas-- eran partidarios de hacer la designación, pero finalmente se plegaron a los designios de Puigdemont, cuyo objetivo no era otro que arrastrar a ERC a la desobediencia, especialmente al presidente del Parlament, Roger Torrent, posible rival electoral de Crida Nacional.

En esa línea de moderación está Olga Tubau, abogada del exjefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, cuya causa se sigue en la Audiencia Nacional.