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El portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, quita uno de los lazos amarillos en el pleno del Parlament / CG

¿Prohíbe el Parlament los símbolos políticos?

Las normas de la Cámara catalana, que ayer fue escenario de una bronca a cuenta de la colocación de lazos amarillos en la bancada independentista, son ambiguas al respecto

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La guerra de los lazos amarillos, que se fraguó en la calle, ha llegado al Parlament. La colocación de estos símbolos provocó ayer una bronca entre Ciudadanos y el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, quien finalmente aceptó la permanencia de los lazos, en la bancada de un Govern ausente dado que todavía no está constituido.

La algarada parlamentaria, que el propio Torrent comparó con "un patio de colegio", induce a la pregunta sobre la existencia, o no, de una normativa que regule ese tipo de símbolos políticos. No hay un criterio unánime al respecto. Y no es la primera vez que ocurre un incidente de estas características: en septiembre de 2017, la diputada de Catalunya Sí Que Es Pot Àngels Martínez retiró las banderas españolas que el PP había colocado en sus escaños. La entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, le recriminó la acción y le ordenó que devolviera las enseñas a su lugar. Aunque, en aquella ocasión, no se interrumpió el pleno como ordenó ayer Torrent.

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La CUP coloca un cartel con la frase 'Stop fascism' ante los escaños de Cs

Fuentes de la Cámara catalana aseguran a Crónica Global que no existe una prohibición expresa, mientras que Ciudadanos sostiene que las normas del Parlament exigen neutralidad política en los espacios ocupados por autoridades e invitados. Representantes de la formación naranja explican a este medio que en varias ocasiones han pedido a la Mesa del Parlament que mantenga el hemiciclo fuera de esas expresiones partidistas, pero que no se les ha hecho caso.

Lo cierto es que tanto el reglamento del Parlament como el Código de Conducta son muy ambiguos al respecto. El artículo 233 del reglamento indica que “durante las sesiones del pleno o de las comisiones, los diputados tienen la obligación de respetar las reglas de orden establecidas por el presente reglamento, deben evitar causar perturbaciones o desórdenes, hacerse acusaciones o recriminaciones entre sí, pronunciar expresiones inconvenientes contra el decoro, interrumpir a los oradores sin autorización del presidente y hacer uso de la palabra más tiempo del autorizado, así como evitar entorpecer deliberadamente el curso de los debates u obstruir el trabajo parlamentario”. El texto no hace tampoco referencia a la indumentaria de los diputados, que tras la irrupción de la CUP en la Cámara también fue objeto de debate.

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Àngels Martínez, exdiputada de CSQP, retira una bandera española en el Parlament en septiembre de 2017

Algo más concreto es el Código de Conducta de los diputados, que elabora la Comisión del Estatuto de los Diputados. El artículo 7 se refiere a la “actitud ejemplar” que deben mantener los parlamentarios. “Los diputados del Parlamento deben mantener en todo momento una conducta respetuosa con los demás diputados y con los ciudadanos, y una actitud escrupulosa y ejemplar de acuerdo con el principio de igualdad sin discriminación por razón de género, orientación sexual, creencias, ideología, origen o condición social, etnia, lengua o cualquier otra. Este comportamiento debe implicar siempre la utilización de un lenguaje adecuado, así como un sistema de relación fundado en la interacción constructiva, cordial y dialogante con todas las personas y todos los colectivos sin exclusión”.

Torrent adoptó ayer una decisión salomónica tras suspender el pleno, convocar a los portavoces de los grupos e informarles de que permitiría la permanencia de los lazos amarillos en la bancada situada al otro lado de Cs, es decir, la que ocupa actualmente en solitario el presidente Quim Torra. Pero el altercado no acabó ahí, porque la CUP colocó ante los escaños de Ciudadanos un cartel con la frase Stop Fascism.

La polémica parlamentaria tuvo lugar tras los incidentes ocurridos en pasado fin de semana en la costa catalana, donde activistas del procés colocaron cruces amarillas en las playas