La encrucijada de Torrent

Malos tiempos para la equidistancia de Roger Torrent (ERC), que hasta ahora ha sabido combinar la arenga independentista con el cumplimiento de la ley. El presidente del Parlament deberá decidir en los próximos días si acata las órdenes del Tribunal Constitucional (TC) o las de Carles Puigdemont.

El alto tribunal acaba de hacer una seria advertencia respecto a la ilegalidad que supondría la investidura de un candidato huido de la justicia, mientras que el Consejo de Garantías Estatutarias rechaza la reforma de la ley de presidencia y del Govern que debe permitir a Puigdemont ser ungido presidente a distancia. Esa reforma será votada el próximo 3 de mayo en el pleno del Parlament y será impugnada previsiblemente por el Gobierno.

Responsabilidades penales

El TC es muy claro en su aviso a la Mesa del Parlament, a cuyos miembros recuerda “su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión (de la investidura de Puigdemont) acordada. En particular, de que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que contravenga la expresada suspensión, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento".

Todo apunta a que la oposición, avalada por el TC y por el rechazo del Consejo de Garantías a la citada reforma legal –aunque en este caso, sus dictámenes no son vinculantes--, intentará disuadir a Torrent de ir más allá en ese rumbo de colisión que ha puesto Puigdemont. Como se sabe, la formación de Torrent comienza a estar bastante harta de las veleidades de sus socios de JxCat, que se niegan a aclarar cuál es la hoja de ruta a seguir a partir de ahora. Pero los republicanos tampoco se atreven a romper la baraja, pues se arriesgan a ser tildados de traidores. Por no hablar del temido desgaste electoral.