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Vida

La pobreza extrema también sufre por la pugna entre la Generalitat y el Estado

La falta de una ventanilla única, el conflicto competencial y la incapacidad de acceso a los colectivos desfavorecidos lastran la gestión de la Renta Garantizada y el Ingreso Mínimo Vital

9 min

Las pugnas entre el Govern y el Estado suponen una seria traba en la implementación de ayudas para las personas en situación de riesgo de exclusión. La falta de una ventanilla única, el conflicto competencial y los problemas para acceder a los colectivos desfavorecidos lastran la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Cataluña, donde los porcentajes de aplicación están todavía muy por debajo de lo necesario. El laberinto burocrático que supone esta situación disuade a muchos posibles beneficiarios de acudir a estas prestaciones.

Bajo el título Sociedad expulsada y derecho a ingresos, Cáritas y la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) han presentado el informe Análisis y Perspectivas 2021 donde se analiza el alcance de la pandemia en la cohesión social en España. Se basa en una encuesta realizada en más de 7.000 hogares y concluye que, año y medio después del estallido de la pandemia, son ya 11 millones las personas que se encuentran en situación de exclusión social en España. Esto revela un ensanchamiento del espacio de la exclusión, donde viven ahora 2,5 millones de personas nuevas respecto a 2018, fecha de la anterior encuesta.

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Beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital por comunidades autónomas / FOESSA

El estudio dedica un capítulo a analizar la aplicación del IMV, la prestación aprobada por el Gobierno español que entró en vigor en junio de 2020 y que “ofrece una cobertura insuficiente y presenta lagunas importantes”.

Sólo una cuarta parte de estos hogares ha recibido información correcta y suficiente para iniciar el trámite de solicitud, y, en consecuencia, sólo un 26% de los hogares en pobreza severa han conseguido realizar el mismo. En definitiva, solo el 18,6% de los solicitantes en pobreza severa está cobrando el IMV o, al menos, lo tiene concedido. A casi la mitad del total de solicitantes en pobreza severa (el 49%) le ha sido denegado.

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Despliegue del Ingreso Mínimo Vital en Cataluña / MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Cataluña, por debajo de la media

Cataluña se sitúa en la cola, junto a Baleares y Castilla-La Mancha en cuanto a proporción de personas beneficiarias del IMV sobre la población en pobreza severa. En concreto, Cataluña está por debajo de la media española, con un 13%, lo que equivale a 63.000 personas. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, explican que esos colectivos desfavorecidos tienen dificultades para acceder a esas ayudas, “sea por ignorancia, sea porque los Servicios Sociales no llegan a esas personas en riesgo grave de exclusión o incluso por temor a perder la custodia de sus hijos si se demuestra su precariedad”.

“Nosotros hemos pedido en diversas ocasiones a la Generalitat que active mecanismos para localizar a las personas, en riesgo de exclusión, que acudan directamente a esos colectivos, con el apoyo de entidades como Cáritas o Cruz Roja, como se hace en el Ayuntamiento de Barcelona desde hace dos semana”, explica a este medio el portavoz adjunto de PSC-Units en el Parlament, Raúl Moreno. Indica que este tipo de experiencias se pueden hacer en consistorios donde los servicios sociales son potentes, como es el caso de Santa Coloma de Gramenet y Sant Boi de Llobregat.

El Ingreso Mínimo varía en función del tipo de hogar contabilizando las rentas preexistentes, si existen, con excepción de las rentas mínimas de las comunidades autónomas. El umbral de renta garantizada oscila entre los 470 euros al mes (el equivalente a una pensión no contributiva) para un hogar unipersonal y los 1.033 euros al mes para unidades de convivencia formadas por dos adultos y tres o más menores o tres adultos y dos o más menores o por cuatro adultos y un menor.

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Implementación de la Renta Garantizada de Ciudadanía / comisión promotora de la RGC

Conflicto de competencias

En Cataluña, la implantación de la IMV provocó un conflicto de competencias entre Gobierno y Generalitat, que desde 2017 gestiona la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). El caso llegó hasta el Tribunal Constitucional, que el pasado mes de septiembre rechazó el recurso promovido por el Govern porque "dentro de la competencia estatal sobre legislación básica en materia de Seguridad Social entra la fijación de los requisitos, alcance y régimen jurídico de las prestaciones de Seguridad Social".

El Govern argumentó que Cataluña tiene la competencia exclusiva en el ámbito de las prestaciones sociales, por lo que consideran que el IMV debe coordinarse con el sistema de protección social de Cataluña y con la RGC. Gobierno y Generalitat tienen pendiente la creación de una ventanilla única para evitar ese enredo burocrático en el que se ven inmersas las personas con problemas de subsistencia. Parece que las cosas van por buen camino.

La RGC consiste en una cuantía económica variable, de 564 euros al mes para familias de un solo miembro, cifra que puede llegar a alcanzar los 1.062 euros en caso de familias de cinco.

"Desastrosa gestión de la RGC"

“Quien gestiona el IMV en Cataluña es la Seguridad Social, es decir, la Administración estatal. Hay un evidente problema de coordinación. Ello no quita la responsabilidad del gobierno de la Generalitat en la desastrosa gestión de la RGC”, explica a este medio Diosdado Toledano, portavoz de la Comisión Promotora de la RGC, muy crítico con la pésima gestión en la implementación de esa Renta, el proyecto estrella del anterior mandato del Govern que ahora depende de la Consejería de Drets Socials.

Según los últimos datos de la Generalitat, que son del pasado mes de marzo, desde 2017 se ha concedido la RGC a 160.000 personas. Según un informe elaborado por Sixto Garganté, abogado y coportavoz de la citada Comisión promotora de la ILP,  la tasa de cobertura respecto a la población en situación de riesgo de pobreza, durante los años 2017, 2018, 2019 y hasta los datos de septiembre de 2020, ha ido creciendo, aunque lentamente, pero en septiembre de 2020 la prestación económica sólo alcanza el 9,36% de las personas que a Cataluña están en situación de riesgo de pobreza.

Respecto a la población en situación de privación material extrema, durante esos años ha crecido la cobertura, pero sólo llega a un tercio de las personas (32%) que en Cataluña están en situación de privación material extrema. De hecho, en solo un mes se concedieron tantos IMV en Cataluña como en todo el primer año de aplicación de la RGC.