Víctor Guardiola, consejero delegado del ICF, en una comparecencia anterior / ICF

Víctor Guardiola, consejero delegado del ICF, en una comparecencia anterior / ICF

Política

Miembros del ICF confirman a Fiscalía la chapuza del fondo

Tres vocales y un miembro del consejo de gobierno corroboran que el aval a los encausados por el Tribunal de Cuentas fue poco riguroso

8 octubre, 2021 08:01

Miembros del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) han confirmado a la Fiscalía Superior de Cataluña que el procedimiento para avalar a 29 encausados por el Tribunal de Cuentas por su papel en el procés independentista fue poco riguroso. 

Lo ha avanzado La Vanguardia, indicando que al menos tres vocales y un miembro del consejo de gobierno de la financiera pública han corroborado ante el ministerio público que la tramitación administrativa para avalar a los enjuiciados fue sobrevenido y no ceñido a normativa, como explicó este medio.  

Causa abierta

Las declaraciones de los ex altos cargos del ICF tienen lugar tras comenzar las pesquisas de Fiscalía para cerciorarse si hubo indicios delictivos en el proceso que siguieron el Govern y del propio Instituto para avalar las fianzas de 34 encausados por el TC por su papel en el desafío independentista en Cataluña. 

La investigación emana de una denuncia de Ciudadanos ante la oficina fiscal. Por el momento, han sido citados a declarar en calidad de testigos los consejeros independientes Rafael Abella, Albert Vilumara y José Luis Peydró --que votaron contra los avales-- y el propio consejero delegado del ente público, Víctor Guardiola, que se abstuvo, avanzó Ara

Aval a 29 encausados

Cabe recordar que el Instituto Catalán de Finanzas actuó como avalista de 29 encausados por el fiscalizador del buen uso de dinero público. El TC pedía 5,1 millones a 34 expolíticos y ex altos cargos por su responsabilidad contable en el órdago secesionista en Cataluña. Casi todos ellos menos cinco buscaron ayuda de la financiera pública para responder a la demanda del TC y, así, evitar el embargo de sus bienes. 

Ello solo fue posible porque el Govern aprobó un decreto urgente en julio que permitía al Instituto hacer de avalista y no limitarse a contraavalar, com pretendía inicialmente el Ejecutivo regional. Esta vía la siguió el equipo del consejero catalán de Economía, Jaume Giró, tras recibir un portazo de la banca: ninguna entidad quiso participar en la operación.