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Miriam Nogueras, vicepresidenta del PDeCAT, junto a Carles Puigdemont en Waterloo / @miriamnoguerasM

El PDeCAT alecciona a los suyos ante el juicio: No hubo ningún delito

Nogueras, que presiona para rechazar las cuentas de Sánchez, elabora un argumentario interno en el que señala que se quiere castigar al movimiento independentista

06.02.2019 00:00 h.
6 min

Mensaje interno. No pasó nada. Ni los hechos imputados existieron ni son delito. Una contradicción, pero que para el PDeCAT no supone un problema. El equipo de Míriam Nogueras, vicepresidenta del partido, junto a su colaboradora, Georgina Pou, han elaborado un argumentario de cara al juicio a los dirigentes independentistas presos que ha sorprendido a sus destinatarios. El objetivo es que todos se posicionen, cuadros, militantes y dirigentes, en la misma trinchera, en un intento de deslegitimar por completo a la justicia española.

El juicio se considera “injusto y totalmente político, construido desde la farsa”. Los distintos responsables políticos irán a Madrid, según el documento que ha podido conocer Crónica Global, a “acusar al Estado, a ponerlo ante el espejo de la vergüenza, y a demostrar al mundo que en el Estado español todo vale para mantener la ‘unidad de España’, incluso poniendo en riesgo la democracia y sus valores fundamentales”.

Contra los presupuestos

La vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras, lidera la posición de los que quieren rechazar los presupuestos del Gobierno. Es un alfil de Carles Puigdemont, y ha influido de forma decisiva en la designación de Joan Ramon Casals, alcalde de Molins de Rei, como director de la Oficina del Presidente, en sustitución de Josep Rius. Casals es la pareja de Georgina Pou, la jefa de gabinete de Nogueras en el partido.

Se trata de una opción, dentro del PDeCAT, dura, que se alinea con Puigdemont, y que ha participado en la constitución de la Crida. La voluntad política es la de arrinconar a Esquerra Republicana, e impedir que pueda gobernar con mayor capacidad de maniobra.

Míriam Nogueras, diputada en el Congreso y vicepresidenta del PDeCAT, en la cámara baja / EFE

Miriam Nogueras

Sin sutilezas

Y una parte de esa estrategia es aprovechar el juicio a los políticos presos para difundir un alegato político, conscientes de que será el gran momento del republicano Oriol Junqueras: se explicará por primera vez desde que fue ingresado en prisión, mientras Puigdemont decidió instalarse en Bruselas.

El argumentario no entra en sutilezas. “La acusación del Estado español imputa unos hechos que no existieron y no son delito. No puede haber más sentencia justa y fundamentada que la libre absolución. Defender y promover la independencia de Cataluña es legal con las leyes españolas, europeas e internacionales, y todavía más si se hace de forma democrática, cívica y pacíficamente”, se constata.

La democracia, en juego

Lo que está en juego, según el PDeCAT, es la propia naturaleza de la democracia española. “El Tribunal Supremo tiene a su alcance decantar de forma definitiva el Reino de España hacia una democracia que respeta los derechos fundamentales o consolidar el giro represivo y antidemocrático impulsado por los que creen que un ‘desafío democrático y pacífico equivale a un golpe de Estado’”. Y se añade que “Allí donde Europa no ve delito, el Estado español degrada las altas instancias jurídicas, que sustentan un relato de mentiras para castigar la disidencia política y así se vengan de aquellos que han puesto de relieve la inoperancia de un Gobierno (antes del PP y ahora del PSOE) incapaz de dialogar y de llegar a acuerdos”.

Es decir, el PDeCAT, capitaneado por Nogueras, equipara al PP y al PSOE por igual, justo cuando el Gobierno socialista ha decidido correr un enorme riesgo electoral con el acercamiento a la causa catalana, con la propuesta de una especie de notario que testifique el diálogo que sí se está produciendo entre las dos partes.

Ni rebelión, ni sedición

El mensaje que se reitera es que el proceso soberanista se ha ejercido “siempre desde la democracia”; y que en el juicio se deberá combatir la idea de que “se ha ido demasiado lejos con el autogobierno”.

La idea es que “ni hubo delito de rebelión, ni de sedición" y que se ha querido “confundir”. Según el argumentario, “la fase de instrucción judicial en el Supremo ha confundido peligrosamente el ejercicio de derechos fundamentales (derecho a la manifestación, a la libertad de expresión, de reunión...) con actos de sedición”. Y se pone como ejemplo la “concentración” ante el departamento de Economía del 20 de septiembre de 2017.

Total: todo es un invento de la instrucción y del Supremo, y la sentencia ya se anticipa que será “injusta”.