El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d) junto al vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras (i) en el Pleno del Parlament / EFE

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d) junto al vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras (i) en el Pleno del Parlament / EFE

Política

El Parlament ignora al TC y aprueba la ley de ruptura con España

La Cámara da un paso más hacia la independencia con una ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana a la medida de la CUP

8 septiembre, 2017 00:50

Ajeno a las instrucciones del Tribunal Constitucional, que ha suspendido la ley del referéndum y los decretos de convocatoria del 1-O, el Parlamento catalán ha dado un paso más hacia la independencia y ha aprobado la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana, la arquitectura jurídica del futuro estado catalán que permite romper con las leyes españolas. Venció la presión de ERC y CUP, pues PDeCAT hubiera preferido aprobar esta norma después del referéndium. La ley quedó aprobada con los 71 votos a favor de Junts pel Sí y los antisistema, y 10 votos en contra de CSQP.

Tal como ocurrió con la votación de la ley de referéndum, los diputados de PSC, PP y Ciudadanos abandonaron el hemiciclo en el momento de la votación. Y es que hubo sensación de déjà vu. La segunda sesión del Pleno del Parlament de Cataluña reprodujo las escenas de enfrentamiento entre los partidos independentistas y la oposición. Si el miércoles fue la tramitación de la ley del referéndum la que prolongó la bronca hasta la madrugada, hoy ha sido la ley de transitoriedad la que ha vuelto a dividir la Cámara catalana. Pero con una novedad muy importante: el pronunciamiento del Constitucional.

De nuevo hubo réplicas y contraréplicas, así como acusaciones de “filibusterismo” a PP, PSC. CSQP y Ciudadanos por parte de Junts pel Sí y la CUP, mientras que la oposición insistía en la desobediencia independentista a las instituciones catalanas que advierten de la ilegalidad del procés, como por ejemplo el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE). Este órgano encargado de velar por el ajuste de las leyes catalanas a la Constitución y el Estatuto emitió un segundo informe, similar al que ayer hizo en relación a la ley del referéndum. En esa ocasión, se refirió a la ley de transitoriedad, cuyo proceso parlamentario, insistió, debe contar con un dictamen previo.

"Un atropello contra el ordenamiento jurídico"

La Mesa del Parlament, una vez más, hizo caso omiso al CGE y tras varias reuniones, ordenó el debate de la ley. Una postura muy criticada por el PSC. Su primer secretario, Miquel Iceta, quien calificó la ley debatida de "chapuza". De ahí, dijo, que "ustedes tengan miedo de pedir el dictamen al CGE" porque todo el articulado en contrario a la Constitución y el Estatut.

Por parte, el portavoz socialista Ferran Pedret denunció que "JxS y Forcadell están pisando los derechos de diputados y de la ciudadanía, y no lo permitiremos”, ha dicho el socialista.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, habló de "atropello contra el ordenamiento jurídico" y de "una ley que no es una ley y que no va a entrar en vigor". Arrimadas acusó a los independentistas de dividir a la sociedad, algo que, avisó, se verá próximamente en las calles. El portavoz de la formación naranja, Carlos Carrizosa, fue una vez más el protagonista de un duelo verbal con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. “No es el malísimo Tribunal Constitucional, es nuestro Consejo catalán de Garantías Estatutarias quien dice que no se pueden tramitar leyes de ruptura. Ustedes están aboliendo nuestras leyes ya”, exclamó.

En defensa de Forcadell salió el diputado de Junts pel Sí, Jordi Orobitg, quien desgranó el contenido de la ley de transitoriedad. Tiene 89 artículos, tres disposiciones finales, una de ellas suspensiva si no gana el  el 1-O. La norma contempla la doble nacionalidad, la cooficialidad de lenguas, la confiscación de los bienes del Estado, la amnistía de los condenados por apoyar el proceso independentista y la inmunidad del presidente del Gobierno, que tiene amplios poderes sobre jueces y fiscales.

Según el diputado de la CUP, Benet Salellas ha defendido la "legitimidad catalana frente a un Estado español autoritario", lo que requiere, dice, de una arquitectura mínima para crear la república independiente. Salellas criticó que el Consejo de Garantías solo se pronuncie sobre la “unidad de España” y no sobre los actos aprobados en el Parlament que han vulnerado los derechos de los ciudadanos.

Joan Coscubiela (CSQP) se refiriró a las "48 horas negras" de un Pleno que se salda con "un gran error histórico", y arremetió contra la CUP para replicar los ataques recibidos por el desmarque de los podemitas del proceso independentista. "No me haréis callar. Estoy aquí porque mis padres me enseñaron a luchar por mis derechos. Y no estoy dispuesto a que mi hijo viva en un país en el que se pisoteen los derechos", dijo el exdirigente sindicalista.

"¡Coscubiela, Coscubiela!"

La intervención fue aplaudida por los diputados de PP, Ciudadanos y CSQP que, en pie, gritaban “Coscubiela, Coscubiela”. Albano Dante Fachín no se levantó de su escaño, pese a ser miembro de ser compañero de Coscubiela, escenificando así el enfrentamiento que mantienen desde hace meses.

"Saben que no van a romper España; ni tienen apoyo social, ni consideración internacional, ni razón legal", dijo el lider del PPC, Xavier García Albiol, mientras que, en sus intervenciones anteriores, el portavoz de los populares, Alejandro Fernández (PP), advertía de que lo ocurrido estos días en el Parlament es más propio de “repúblicas bananeras”.

El exconsejero de Justicia Germà Gordó, diputado no adscrito, ha criticado la falta de rigor de la ley de transitoriedad, aunque ha votado a favor.